No a la reelección en Santa Fe

La semana pasada la Legislatura de la provincia de Santa Fe rechazó las pretensiones reeleccionistas del gobernador Miguel Lifschitz. Es necesario ampliar la observación porque una lectura superficial podría suponer que los legisladores opositores rechazaron la reforma constitucional, cuando en realidad esa reforma –a la que nadie se opondría– podría haberse realizado si el oficialismo socialista no hubiera insistido en promover la candidatura del actual gobernador a contramano de lo que en su momento hicieran los otros dos gobernadores socialistas: Binner y Bonfatti, quienes, en su momento, al proponer una reforma constitucional anunciaron explícitamente su decisión de no presentarse como candidatos.

Al respecto, las lecciones de la política argentina son por demás sugestivas. A partir de 1983, es decir, de la recuperación de la democracia, las abundantes y abrumadoras reformas constitucionales estuvieron promovidas en la inmensa mayoría de los casos por el afán reeleccionista de los gobernadores de turno. Más aún, la reforma constitucional nacional de 1994 estuvo impulsada por la obsesión reeleccionista de Carlos Menem. Que el acto reformista haya habilitado un conjunto de instituciones jurídicas modernas no autoriza a perder de vista que el móvil, el impulso fue reeleccionista hasta el punto de constituirse en la condición excluyente de la reforma constitucional.

Si la clave de la política reside en su relación con el poder, está claro que la cláusula reeleccionista de las constituciones suele ser el móvil central, más allá de los subterfugios y coartadas que se despliegan para intentar colocar este aspecto en un lugar secundario. Dicho con absoluta objetividad, el argumento de los titulares del poder acerca de la no importancia de la reelección es, en el más suave de los casos, una falta de respeto a la inteligencia de los interlocutores.

En definitiva, lo que se discute en estos casos está en sintonía con el desafío clave de la política acerca de la concentración o distribución del poder. Está claro que las reelecciones –y en particular las habilitadas por tiempo indefinido– apuestan a una mayor concentración del poder y la configuración de dinastías políticas con sus secuelas institucionales en temas tales como el debilitamiento de los controles del poder y la inevitable corrupción que traen como consecuencia clientelismo, demagogia y despilfarro de recursos.

Es también la experiencia la que nos alecciona acerca de que el problema de las constituciones actuales no proviene de su supuesto anacronismo, sino de su concreto incumplimiento. No deja de ser una cruel ironía o un desencarnado sarcasmo de la retórica sostener que reformas constitucionales destinadas a concentrar el poder en sus versiones más tradicionales se presenten como proyectos modernizadores. Asimismo, el debate deja a la intemperie las ilusiones de quienes suponen que la realidad social se transforma dictando de leyes, cuando se sabe que los procesos de cambios obedecen a causas más profundas y amplias. Al respecto, el célebre artículo 14 bis de la Constitución nacional reformada en 1957, en condiciones políticas bastante irregulares, es sintomático. Este artículo contemplaba un conjunto de aspiraciones sociales y políticas que satisfacían todas las utopías sociales posibles y, sin exageraciones, podría decirse que con la mitad de sus incisos, Lenin podría haber legislado para su flamante república de los sóviets.

Conclusión: no habrá reforma constitucional en Santa Fe, pero lo seguro es que lo allí sucedido significa no solo una derrota para las aspiraciones reeleccionistas del socialismo, sino una derrota de las aspiraciones reeleccionistas que periódicamente se producen en el país por parte de gobernadores decididos a continuar en el poder. En un plano más local, correspondería advertir que la reforma constitucional en la provincia corría el riesgo de perturbar la relación e incluso el equilibrio entre Santa Fe y Rosario, un equilibrio tenso, inestable que se debe mantener desde la política y el acuerdo de intereses regionales y no desde maniobras inconfesables.

No ha sido mala la gestión de Miguel Lifschitz en la provincia, pero el gobernador ha cedido a la tentación del poder. No es Insfrán o Rodríguez Saá o Kirchner, con sus desmesuras de mando, pero los arrullos del poder lo han seducido, en contraste con las tradiciones de un partido de consistente tradición republicana. No pudo ser. Para bien de las instituciones, para bien de la provincia e incluso para bien del socialismo, no pudo ser.