Un sector de Cambiemos quiere declarar la educación como un servicio esencial

Es un proyecto de la Coalición Cívica bonaerense para frenar los paros; los gremios rechazaron la iniciativa y se tensa aún más la paritaria

Un sector de Cambiemos reflotó la idea de declarar la educación primaria como un servicio esencial para ponerle un freno a los paros de los docentes bonaerenses. La iniciativa había sido planteada en 2017 por el diputado marplatense Guillermo Castello, de la Coalición Cívica, y fue apuntalada en los últimos días desde el entorno de la gobernadora María Eugenia Vidal.

Sin embargo, desde la gobernación tomaron distancia del proyecto, que enturbia las ya frustradas negociaciones con los maestros.

No es la primera vez que se plantea la idea: lo hizo el kirchnerismo, a través del exvicegobernador Gabriel Mariotto, en medio de una seguidilla de huelgas docentes que afectaron el inicio del ciclo lectivo 2014.

El proyecto de Castello declara la educación pública primaria como un servicio esencial y plantea que, ante conflictos que surjan de las negociaciones paritarias, tanto la provincia como los docentes deben asegurar el funcionamiento de los comedores escolares, el dictado de los 180 días de clases del calendario escolar y el mantenimiento de una “guardia mínima” en las escuelas durante los días de paro, para que los padres puedan dejar a sus hijos “con seguridad”.

También sostiene que la provincia puede incluir “de manera temporal” las escuelas secundarias bajo la misma tutela, cuando la extensión o la modalidad de los paros afecten el servicio educativo.

“Después de 21 días de paro docente, que perjudica a los alumnos de las escuelas públicas, en general de menores recursos, habría que evaluar seriamente la necesidad de reglamentar el derecho a huelga de los docentes bonaerenses”, le dijo a la nacion Castello, que preside la Comisión de Educación de Diputados.

Su proyecto recibió el aval, anteayer, del presidente de la Cámara baja, Manuel Mosca. Mosca es el enlace de Vidal con los legisladores. “Es una buena variante para analizar, pensando en que no se pueden perder más días de clases en las escuelas”, dijo Mosca, desde Mar del Plata y junto a Castello.

Los gremios la rechazan de plano. “Es lamentable que los legisladores no conozcan la legislación argentina: tanto la Constitución provincial como la nacional y los convenios con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) garantizan el derecho a huelga de los trabajadores”, indicó a la nacion Roberto Baradel, líder del Suteba.

agregó que la OIT señala que, para declarar un servicio como esencial, su afectación debe poner en riesgo la vida, seguridad o salud de las personas. “Por eso se establecen guardias mínimas en los quirófanos o en los controles de aeropuertos. Pero si a una guardia mínima de docentes le das a cuidar 300 o 500 chicos en una escuela, es al revés: los estás poniendo en riesgo”, completó.

En 2014, en medio de un conflicto con los maestros, el vicegobernador de Daniel Scioli, Gabriel Mariotto, había propuesto que además de considerar la educación como un derecho humano esencial, se la tutelara como un servicio público esencial. “Por lo tanto, su suspensión, aun en virtud de legítimos reclamos de los docentes, es en sí misma una vulneración al mismo derecho que dicen custodiar”, señaló entonces el actual diputado del Parlasur.

Para Castello, se trata de dos derechos en pugna, que tienen amparo constitucional y en tratados internacionales. “El derecho a la educación y la obligación del Estado de asegurarla están planteados tanto en la Constitución como en la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. Yo, sin ser juez, evalúo que es más importante el derecho de los niños a aprender que el de la huelga docente. No hay que encerrarse en dogmas para defender privilegios”, señaló el legislador.

Cerca de la gobernadora, y pese a que en un principio prefirieron dejar correr la propuesta, terminaron tomando distancia del proyecto de Castello. “Nuestra meta es cerrar la paritaria, no salir a perseguir a los docentes”, resumió, taxativa, una fuente oficial.

El contexto, queda claro, no contribuye al debate. Con la segunda jornada consecutiva de protesta de ayer, los alumnos de las escuelas públicas bonaerenses ya perdieron 21 días de clases, algo que se agrava en la actual coyuntura económica porque muchos de ellos dependen de la comida que reciben en esos establecimientos.

Pero también se da en medio de la conmoción y la indignación de los docentes por el secuestro y tortura que sufrió la maestra Corina de Bonis, en Moreno, distrito donde también se produjo la explosión que causó la muerte de la vicedirectora de la Escuela N° 49, Sandra Calamano, y el auxiliar Rubén Rodríguez.