Bonadio acusó a Cristina Kirchner de ser la destinataria de los sobornos
El juez la procesó con prisión preventiva, aunque la protegen sus fueros; tomó la misma resolución con otros 41 exfuncionarios y empresarios; sostuvo que ella lideró una asociación ilícita que recaudó al menos US$100 millones
En un fallo histórico, el juez Claudio Bonadio procesó ayer a Cristina Kirchner con prisión preventiva como jefa de una organización criminal integrada por exfuncionarios y empresarios que recaudó, por lo menos, 100 millones de dólares en coimas.
Bonadio incluyó en esta banda a otros 41 acusados procesados, 14 de los cuales están presos. La resolución, de más de 500 páginas, dejó sujeto a una confirmación de la Cámara Federal el pedido de desafuero de Cristina Kirchner al Senado. Sin embargo, el jefe del bloque de senadores justicialistas, Miguel Ángel Pichetto, ratificó ayer la negativa de su bancada. El legislador afirmó que en esta instancia “es imposible producir el desafuero y la detención de un senador”.
Bonadio consideró que la banda operaba con el siguiente mecanismo: para ganar una obra pública o un contrato, los empresarios debían entregar una parte de sus ganancias a los funcionarios designados por Néstor y Cristina Kirchner para recibir esos retornos. Los fondos pagados por el Estado eran “inflados” en perjuicio de los argentinos y con el objetivo de que los funcionarios y empresarios se enriquecieran ilícitamente. El juez fundó sus conclusiones en los cuadernos de Oscar Centeno, quien anotó los pagos en ellos; en la corroboración de su contenido por otras pruebas, y en los testimonios de los empresarios que admitieron que pagaron sobornos y en los de los funcionarios que re conocieron haberlos cobra do. Se fundó, entre otros testimonios, en las explosivas declaraciones de José López, que dijo que los nueve millones de dólares que le secuestraron se los encomendó guardar Fabián Gutiérrez, secretario de Cristina Kirchner.
El juez Claudio Bonadio procesó a Cristina Kirchner con prisión preventiva como jefa de una organización criminal integrada por exfuncionarios y empresarios que movieron 100 millones de dólares en coimas.
Bonadio dijo que esta banda, en la que incluyó a 42 acusados procesados (14 de ellos presos), “hizo funcionar una maquinaria que le sacaba con esos procedimientos amañados dinero al Estado nacional en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad, que dejaba al pueblo más humilde sin cloacas, sin agua corriente, sin servicios, sin transporte seguro”.
La resolución deja sujeta a una confirmación de la Cámara Federal el pedido de desafuero de Cristina Kirchner al Senado.
El juez fue crítico de los empresarios que pagaron los sobornos: dijo que el mecanismo se construyó para “distribuir coimas a funcionarios corruptos y por avaricia o codicia ese selecto grupo de empresarios se llenaron los bolsillos mediante su participación en licitaciones o concesiones, sosteniendo a posteriori un discurso acomodaticio y cobarde, pretendiendo haber cedido a las presiones oficiales, en bien de cuidar a sus empresas y sus puestos de trabajo”.
El objetivo de la banda, según el juez, era enriquecerse y usar esos fondos para cometer delitos.
Bonadio describió el sistema del siguiente modo: para ganar una obra pública, una concesión vial o ferroviaria, o ser beneficiado con subsidios, los empresarios debían entregar una parte de sus ganancias a los funcionarios designados por Néstor y Cristina Kirchner para recibir esos retornos. Los fondos pagados por el Estado eran “inflados” en perjuicio de los argentinos y con el objetivo de enriquecerse ilícitamente los funcionarios y empresarios corruptos.
Los sobornos eran usados para la política: ya fuera para sufragar campañas, organizaciones políticas como La Cámpora y otra parte de esos fondos se desviaron al Poder Judicial, o a “funcionarios que supieron trajinar algún organismo vinculado a tareas de inteligencia política”. El resto terminó en los bolsillos de Néstor y Cristina Kirchner, concluyó el juez.
Bonadio fundó sus conclusiones en los cuadernos de Oscar Centeno, donde anotó los pagos, en la corroboración de su contenido por otras pruebas, en los testimonios de los empresarios que admitieron que pagaron sobornos y en los de los funcionarios que admitieron haberlos cobrado.
Son especialmente fuertes las declaraciones de José López, que dijo que los nueve millones de dólares que le secuestraron se los encomendó guardar Fabián Gutiérrez, secretario de Cristina Kirchner, y dijo que él pensaba que era dinero de ella proveniente de este mecanismo.
Ernesto Clarens, financista de los Kirchner, fue mas allá y dijo que la recaudación era de 300.000 dólares semanales. Y los empresarios que admitieron pagos y terminaron procesados reconocieron haber pagado retornos por mas de 55.460.000 dólares entre 2013 y 2015.
Entre las confesiones de los empresarios resalta la revelación de Juan Chediak, quien dijo que lo presionaban para que pagara al punto de amenazarlo de muerte. Pagaba entre 100.000 y 250.000 pesos por semana en el departamento de De Vido en Libertador y Coronel Díaz, piso diez, y dejaba el dinero junto a un bonsái en el baño del despacho del ministro. Hasta que una vez no pagó y Clarens le advirtió: “Pagá nene, no sos el primero al que hacemos cagar”. Clarens negó esta conversación y dijo que Chediak pagaba con gusto.
El juez no resolvió la situación procesal de todos los indagados. De hecho, falta decidir qué va a hacer con Juan Manuel Abal Medina o Juan Larraburu, su colaborador. Con respecto al empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, lo sacó de la causa de los cuadernos. Se declaró incompetente y mandó todo al juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, que investiga el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. En su resolución, Bonadio dijo que se montaron puntos fijos de recaudación y que solo en el departamento de Kirchner en la calle Uruguay hubo entregas por US$69 millones.
Los cargos difieren: a todos el juez los consideró integrantes de una asociación ilícita, pero a algunos empresarios los acusó solo de dádivas –dar dinero al funcionario–, que tiene una pena máxima de dos años, y a otros los acusó de cohecho, donde ante la entrega de un soborno se espera una contraprestación. Bonadio advirtió que esta es una primera resolución. De hecho, en ninguna parte de las más de 500 páginas se refirió a dónde está el dinero que recolectó la organización criminal que describe.