Solo una prueba irrefutable podría habilitar el desafuero
Pichetto consideró que, en esta instancia, es “imposible producir la detención de un senador”
Solo una prueba irrefutable, que muestre a la expresidenta en delito flagrante, podría cambiar el escenario en un Senado en el que, tanto para el PJ como para Cambiemos, las complicaciones judiciales de Cristina Kirchner, sobre todo desde que estalló la causa de los cuadernos de las coimas, son una brasa ardiente que nadie quiere agarrar.
Por el momento, del fallo firmado ayer por el juez Claudio Bonadio no se desprende la existencia de una prueba que pueda torcer el destino de la expresidenta. Ayer, en declaraciones radiales, el jefe de senadores justicialistas, Miguel Angel Pichetto, ratificó su negativa al desafuero. Sostuvo que “la etapa de instrucción es una etapa preliminar” que “no configura la responsabilidad penal” y, por lo tanto, “es imposible producir el desafuero y la detención de un senador”.
Que la situación de Cristina Kirchner es un presente griego lo grafica el hecho de que, a pesar de que un tribunal oral liberó a Carlos Zannini y Luis D’Elía, ninguna de las dos principales bancadas de la Cámara alta quiere resolver el desafuero de la expresidenta pedido por Bonadio en la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA.
Además, la continuidad de Cristina Kirchner como senadora por Buenos Aires se encuentra garantizada por las “doctrinas” sobre desafueros que adoptaron tanto el PJ como el oficialismo. Si bien siempre se habla de la “doctrina Menem”, por la cual el Bloque Justicialista estableció que solo votará el desafuero de un legislador cuando tenga sentencia firme confirmada por la Corte, lo cierto es que Cambiemos fijó una posición sobre el tema que, por el momento, también le garantiza a la expresidenta pedir santuario en el Senado. Esto es así porque la “doctrina” oficialista establece como límite para el sostenimiento de la inmunidad de arresto de los legisladores la confirmación en segunda instancia de la prisión preventiva. La decisión de Cambiemos fue adoptada tomando en cuenta el caso de la diputada chaqueña Aída Ayala, que tiene un pedido de detención en primera instancia por irregularidades durante su gestión como intendenta de Resistencia.
Hasta el momento, Cristina Kirchner no tiene una prisión preventiva confirmada en segunda instancia. Por lo tanto, Cambiemos tendría que votar en contra de su desafuero, al menos en la causa AMIA, y beber un trago amargo que ningún oficialista desea.
Al igual que para el PJ, para el oficialismo “proteger” a la expresidenta implica un duro costo político, una mala señal que se sumaría el disgusto al que viene siendo sometido el núcleo duro de votantes de la Casa Rosada por la apertura del debate legislativo de la legalización del aborto y las medidas fiscales del presupuesto 2019 que impactarán en la clase media.
Esto explica por qué nadie en el Senado quiere tratar el pedido de Bonadio por la causa del memorándum con Irán, el cual duerme en la Cámara alta desde el 7 de diciembre pasado.
En este momento, la idea que impera en los dos principales campamentos políticos del Senado es la de mantener el pedido de Bonadio en el freezer y dejarlo morir en el olvido. Sin embargo, una alta fuente legislativa dijo que el escenario podría cambiar de manera radical si el juez llegara a acompañar con una prueba contundente un nuevo pedido de desafuero, en este caso por la causa de los cuadernos de las coimas. El expediente no deja de sorprender, al ritmo de arrepentidos, allanamientos y fuertes revelaciones, por lo que en el Senado no descartan que un nuevo intento de Bonadio pueda llegar acompañado de una “prueba bomba”, como se han encargado de agitar en las redes sociales las cuentas que respaldan al Gobierno. En este punto hay una coincidencia. La prueba debería mostrar a la senadora en flagrante delito. Eso derribaría los muros de las “doctrinas” elaboradas por ambos bloques y daría luz verde para quitarle la inmunidad de arresto de la expresidenta. En el oficialismo algunos senadores se habían entusiasmado con la decisión del juez federal Carlos Torres, quien en un fallo en el que confirmó el procesamiento del diputado Leopoldo Moreau (FPV) por instigación al odio contra la comunidad judía planteó la novedosa jurisprudencia de que los fueros parlamentarios no protegen de delitos cometidos con anterioridad al ingreso al Conrgeso. Sin embargo, en el PJ y en el oficialismo creen que el fallo sigue siendo insuficiente para cambiar el panorama.