La trama delictiva en la que los empresarios no fueron víctimas
Para los empresarios, la pesadilla de los cuadernos de las coimas recién comienza. Y así lo deja asentado el juez federal Claudio Bonadio en su resolución, de más de 500 carillas, en la que anticipa nuevas citaciones, futuros allanamientos y más arrestos entre la crema y nata del empresariado.
Bonadio fue más lejos. Definió por escrito a ese empresariado, en particular del sector de la construcción, como partícipe de un “circuito macabro” y no como una víctima de una banda delictiva que buscó “engrosar de manera espuria e ilegal” su patrimonio. “Es posible afirmar que los recaudadores de la asociación ilícita –remarcó Bonadio– contaron con la participación de empresarios que pagaron sumas de dinero por un monto aproximado de US$55.460.000, en un sinnúmero de oportunidades entre 2003 y 2015, lo que permite acreditar la permanencia en el tiempo de la organización delictiva”, estimó.
Pero para Bonadio no solo se encuentra acreditado que existió una banda criminal, sino que numerosos empresarios colaboraron con ella, la integraron o asumieron un rol determinante, como el entonces presidente de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner.
También señala que, más allá de los argumentos defensivos y exculpatorios que esgrimieron varios empresarios al desfilar por su despacho o ante el fiscal Carlos Stornelli, muchos de ellos estuvieron lejos de ser víctimas o haber sido obligados a aportar dinero a las campañas kirchneristas.
“Un aspecto que se desprende de los primeros testimonios recolectados en la presente investigación es que el dinero pedido por los funcionarios y entregado por los empresarios se correspondía con aportes de campaña, cuestión que se fue relativizando a medida que los empresarios aportantes empezaron a reconocer que era para gastos de la política y luego, solo reconociendo que eran coimas”, dijo el juez.
El magistrado se apoyó repetidas veces en la confesión de uno de los últimos acusados que cruzaron el umbral de los “arrepentidos”, el financista Ernesto Clarens. En particular, al recordar su interacción con la Cámara de Empresas Viales, más conocidas como “la camarita”.
“Las personas de la camarita me dejaban una suma en pesos con una anotación de qué habían cobrado, monto y concepto. El monto dependía de la recaudación, eran alrededor de 300.000 dólares por cada entrega y con frecuencia semanal”, precisó el financista. Rechazó indignado que se tratara de un apriete.
“La pretensión de justificar el paratoria go de sobornos en una pretendida actitud coactiva de mi parte es absolutamente inconsecuente con la cartelización previa, con la conformación de la misma ‘camarita’ que tanto Losi como Chediak integraban y de la que obtenían beneficios en forma voluntaria y entusiasta”, destacó Clarens, frase que Bonadio remarcó tres veces en su fallo.
“Por ello –indicó el juez–, no pueden tenerse por válidos los argumentos relativos a las presiones sufridas, dado que las empresas involucradas fueron beneficiadas por contrataciones con el Estado nacional, realimentando este circuito macabro teniendo como motivación el lucro de participar de un sistema que expoliaba los bienes del Estado amañando licitaciones con fuertes sobreprecios”.
De la resolución queda claro que para Bonadio lo ocurrido hasta ahora es apenas el primer paso de una pesquisa más extensa. Al exponer qué empresarios pagaron sobornos, por ejemplo, aclaró que decidió avanzar “sin excluir futuras personas a vincular a la presente causa”, además de disponer “nuevos allanamientos”, la “ampliación del plexo probatorio” o la incorporación de “declaraciones de arrepentidos que involucran a nuevos imputados”.
Se apoyó en las confesiones como arrepentidos de Wagner y Clarens, como también del exembajador “paralelo” ante Venezuela Claudio Uberti. Ellos expusieron que la ope- criminal abarcó más años, más negocios, más empresas y más sectores que los hasta ahora investigados. Uberti expuso que “en el ámbito de las concesiones viales también existía un sistema de recaudación”, por lo que dio a entender que ejecutivos de ese sector podrían comenzar a recorrer Comodoro Py en un futuro cercano.
En la misma línea, Bonadio precisó que Clarens aportó un “segundo listado” de “empresas cartelizadas” para obtener contratos de Vialidad que en su mayoría tampoco desfilaron aún por los tribunales.
Wagner precisó que la operatoria delictiva comenzó mucho antes de que el chofer Oscar Centeno escribiera la primera entrada en sus cuadernos. Ocurrió en 2004, cuando el entonces ministro Julio De Vido le comunicó que a partir de ese momento “la obra pública iba a ser uno de los métodos de recaudación para los gastos políticos” y que un grupo de empresas comenzaron a reunirse “para determinar al ganador de la licitación”. Es decir, a cartelizarse.
Entre las empresas que integraron el “club de la obra pública”, Wagner citó a Perales Aguiar, Vial Agro, Biancalani, Losi, Fontana Micastro, Marcalba, Chediack, Equimac, Coarco, Cartello, Vialco y Iecsa mientras se encontraba en manos de la familia Macri y antes de quedar bajo el control de Ángelo Calcaterra, uno de los procesados en la resolución de ayer.
Los responsables de varias de esas constructoras, no obstante, aún no desfilaron por tribunales, como tampoco las autoridades de las casas de cambio, bancos y financieras que proveyeron de pesos, dólares o euros durante años.
El exsecretario de Obras Públicas devenido “arrepentido” José López identificó a Clarens como el “cambista que las empresas buscaban para cambiar de pesos a euros y/o dólares”. Clarens precisó por qué comenzó a cambiar de moneda de la mano de Daniel Muñoz, secretario privado del entonces presidente Néstor Kirchner: “En determinado momento, Muñoz me pide que trate de traer euros en billetes de 500 porque ocupaban menos lugar”.
Pero ¿de dónde provenían esos billetes de 100 dólares y 500 euros que cambiaba Clarens a cambio de una comisión? “Generalmente hablaba con un corredor, Vallarino; normalmente era en cuevas y en algunas ocasiones con la mesa de dinero del banco Finansur, que hacía de nexo con alguna casa de cambio”, detalló Clarens, en alusión a la entidad bancaria cuyo 70% les compró Cristóbal López a la familia Sánchez Córdova y al dueño de los laboratorios Richmond, Marcelo Figueiras, en marzo de 2012.