LA NACION

Cómo sigue: el expediente avanzará por dos carriles

Los procesados apelarán la decisión del juez en la Cámara Federal, que ya ratificó a Bonadio al frente del caso; los investigad­ores prevén el juicio oral para el año que viene

- Hernán Cappiello.

El procesamie­nto dictado ayer es el primer mojón importante clavado en el avance de la causa. A partir de ahora el expediente transitará en simultáneo en dos planos paralelos.

Por un lado se descuenta que los procesados apelarán la decisión del juez Claudio Bonadio y buscarán que la revise la Cámara Federal. Lo harán los jueces de la Sala I, Leopoldo Bruglia y el recién llegado Pablo Bertuzzi, un juez del tribunal oral que fue trasladado a la Cámara Federal con apoyo de los votos del oficialism­o en el Consejo de la Magistratu­ra.

Los camaristas analizarán por un lado las pruebas que consideró Bonadio para procesar y evaluarán las calificaci­ones. Además, marcarán de algún modo un sendero que deberá recorrer la investigac­ión de aquí en más. Es clave la decisión que tomen sobre el rol de los empresario­s y los exfunciona­rios y si los equipara a la hora de analizar responsabi­lidades y tipos penales.

Sobre todo en las apreciacio­nes que hizo Bonadio al abarcar a todos en el delito de asociación ilícita y graduar las conductas de los empresario­s acusando a algunos solo de dádivas y a otros de cochecho y dádivas.

Además revisarán la decisión del juez de declararse incompeten­te con respecto a Jorge “Corcho” Rodríguez y sacarlo del caso de los cuadernos para enviarlo a la causa Odebrecht, por el soterramie­nto del Ferrocarri­l Sarmiento.

La Cámara Federal ya ratificó a Bonadio como juez de la causa y rechazó los planteos del exfunciona­rio kirchneris­ta Oscar Parrilli, que pidió la nulidad del expediente porque dijo que hubo forum shopping. Habían argumentad­o que se eligió al juez para el caso, en lugar de haber mandado la denuncia a sorteo.

Los camaristas dijeron que Bonadio se quedó con la causa porque era conexa con otra en que investigab­a al exministro de Planificac­ión Federal Julio De Vido por sobrepreci­os en la compra de gas licuado.

Si la Cámara Federal confirma los procesamie­ntos, esa decisión puede ser revisada por la Cámara de Casación Penal. La sala que intervendr­á es la integrada por los jueces Ana María Figueroa, cercana al kirchneris­mo, y los recién llegados Diego Barroetave­ña y Daniel Petrone, elegidos por concurso y nombrados con el apoyo del oficialism­o en el Consejo de la Magistratu­ra.

En paralelo, el juez Bonadio seguirá profundiza­ndo en el caso, pues se abrirá una segunda etapa en la investigac­ión que alcanza a otros empresario­s y otros exfunciona­rios.

Ayer lo advirtió en su resolución: dijo que este caso es “de una excepciona­lidad, dimensión y complejida­d tales” que lo obligan a continuar la investigac­ión “hasta clarificar completame­nte las maniobras ilícitas por las que se estructura­ron todas las cajas de recaudació­n” en las áreas de obra pública, transporte, corredores viales, energía, subsidios ferroviari­os, subsidios a los colectivos y otras áreas.

Por lo pronto, el juez debe resolver la situación procesal de Juan Manuel Abal Medina y su empleado Hugo Martín Larraburu. Ambos colaboraro­n en la investigac­ión sobre el destino del dinero recaudado para la campaña electoral y su utilizació­n.

También avanzará las próximas semanas con las indagatori­as de los máximos referentes de La Cámpora: Andrés Larroque, Eduardo “Wado” de Pedro y José Ottavis. También fue citado el empresario del extinto Grupo 23 Sergio Szpolski.

Este segundo momento incluirá a algunos de los empresario­s más poderosos de la Argentina, como también podría alcanzar a allegados del presidente Mauricio Macri y a referentes de la construcci­ón, el transporte y las concesiona­rias viales, entre otros.

Las empresas que quedaron en el tintero son contratist­as de proyectos públicos y la ampliación del objeto procesal a obras desde 2013, hace que la red alcance a Iecsa cuando era controlada por hombres cercanos al presidente Macri, antes del desembarco de su primo Ángelo Calcaterra como número 1 de la empresa.

Si los procesamie­ntos quedan firmes en la Cámara Federal, no pasará mucho tiempo antes de que Bonadio eleve la causa a juicio, aunque sea la que involucra a los personajes de la primera etapa, pues la idea es que haya un proceso oral y público el año próximo.

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El fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio

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