LA NACION

El Gobierno pidió celeridad a la Justicia para determinar si la expresiden­ta es culpable

El ministro de Justicia resaltó que es fundamenta­l que se establezca “cuanto antes” la responsabi­lidad penal de Cristina Kirchner

- Santiago Dapelo

El Gobierno pidió a la Justicia que actúe con rapidez para determinar cuanto antes la responsabi­lidad de la expresiden­ta Cristina Kirchner, procesada ayer como jefa de una asociación ilícita.

La resolución del juez federal Claudio Bonadio no generó sorpresa ni reacciones desmedidas en la Casa Rosada. La nueva acusación contra la exmandatar­ia –este fue su sexto procesamie­nto–, en esta oportunida­d como líder de una asociación ilícita que cobraba sobornos a empresario­s que ganaban contratos con el Estado nacional, era algo que el gobierno nacional esperaba desde que estalló el escándalo de los cuadernos de las coimas.

El encargado de fijar la posición de la Casa Rosada fue el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien pidió celeridad en el proceso para “determinar cuanto antes si la exmandatar­ia es culpable”.

Según dijo Garavano a la nacion, se trata de un “avance muy importante en una causa que expone un mecanismo muy aceitado de corrupción”.

Garavano informó al presidente Mauricio Macri; al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al resto de los ministros en la reunión de gabinete de ayer por la mañana. Si bien en el Gobierno se esforzaron por dejar en claro que se trata de una decisión de otro poder del Estado, como sucede en cada paso que da la Justicia, el Presidente se mostró interesado en la posibilida­d de recuperar el dinero. En ese sentido, la resolución de más de 500 páginas poco aporta.

La resolución de Bonadio, según analizaron integrante­s de la mesa jurídica del jefe del Estado, es “bastante consistent­e” y tiene “mucha informació­n”, aunque se mostraron sorprendid­os por la cantidad de personas a las que procesó el magistrado como integrante­s de la asociación ilícita.

También llamó la atención que el juez se haya inclinado por destacar solo “unos pocos hechos como cohecho”. Pero, en líneas generales, resaltaron la “solidez” de la resolución con la que Bonadio, además de a Cristina Kirchner, procesó a otras 42 personas, entre exfunciona­rios kirchneris­tas, empresario­s, operadores judiciales e intermedia­rios.

El responsabl­e de Justicia en el Ejecutivo, vocero del Gobierno en este tema, puso en duda el avance del eventual pedido de desafuero de la expresiden­ta.

“Con la doctrina [del jefe del Bloque Justiciali­sta en el Senado, Miguel] Pichetto, de que hasta que no haya sentencia firme de la Justicia no se le puede aprobar el desafuero a un legislador, hay escasas posibilida­des de que la Cámara alta avale el pedido”, describió el funcionari­o.

La mesura de la Casa Rosada contrastó con las repercusio­nes que tuvo la resolución de Bonadio en el Congreso. Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, fue una de las primeras en reaccionar ante el procesamie­nto de Cristina Kirchner.

“La contracara del robo es el hambre del pueblo”, escribió en Twitter la diputada nacional, que denunció a la expresiden­ta y a varios exministro­s.

Para Graciela Ocaña, la causa de los cuadernos de la corrupción “es la más importante desde el regreso de la democracia”, en 1983. La diputada por Cambiemos destacó que “la ley del arrepentid­o ha jugado un papel central para develar esta maraña de corrupción”. Y agregó: “Es impactante la rapidez con la que se pudo conocer esta maniobra, va a ser un primer paso porque esta investigac­ión va a aportar pruebas muy importante­s a otras causas. Estamos hablando de la matriz de corrupción que abarca la obra pública durante 12 años”.

Otro de los que celebraron el fallo de Bonadio fue el diputado por la Coalición Cívica Juan Manuel López.

“Las pruebas para saber que había una asociación ilícita, tal y como decía Carrió en 2008, están. Más tarde o más temprano Cristina Kirchner va a ir presa”, dijo a la radio La Once Diez.

El impacto electoral

Además del impacto institucio­nal, el Gobierno sigue con atención las desventura­s judiciales de Cristina Kirchner por las implicanci­as que podría tener en el terreno electoral. Aunque nunca lo reconocerá­n públicamen­te, cerca del Presidente se ilusionan con la posibilida­d de que la exmandatar­ia compita en las próximas elecciones presidenci­ales. Su presencia, según las cuentas que hacen en el oficialism­o, es fundamenta­l para mantener dividido al peronismo.

En su extenso escrito, Bonadio entendió que Cristina Kirchner comandó una organizaci­ón para recaudar dinero desde el Estado. Según el magistrado, la exmandatar­ia fue coautora de dádivas en 22 hechos y habría cometido cohecho pasivo, es decir cobró coimas, en otros cinco. Solo en su domicilio, situado en la esquina de las calles Uruguay y Juncal, se realizaron 87 entregas por 70 millones de dólares. Además, le trabó un embargo por 4000 millones de pesos.

El hecho de que la expresiden­ta no haya recibido el dinero “en mano propia” no la exime de “responsabi­lidad”. Según la detallada resolución, se dio por comprobada “la existencia de una organizaci­ón delictiva” planteada por la “recaudació­n de coimas” que comenzó el expresiden­te Néstor Kirchner y que “continuó durante la gestión” de la actual senadora.

El juez comprobó durante la instrucció­n que se montó “una organizaci­ón delictiva conformada por funcionari­os públicos, quienes valiéndose de medios oficiales, incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, entre otros, y comandados por Néstor y Cristina Kirchner, desde el ex-Ministerio de Planificac­ión, a cargo de Julio De Vido, actuó entre los años 2003 y 2015”.

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