Juzgan a nueve policías por torturar y matar a un albañil al que querían inculpar en un robo
El hecho ocurrió hace cinco años; la víctima había sido detenida días antes por los mismos agentes de la brigada que se lo volvieron a llevar; fue asfixiado con una bolsa en la cabeza
La última imagen que tiene Moisés de su padre es la de un hombre que se acaba de despertar: el pelo alborotado, en pantalón de fútbol, incapaz de entender qué pasaba. Así, la policía de Santiago del Estero se llevó de su casa a Ramón Vázquez el 22 de septiembre de 2013. Una hora más tarde estaba muerto en la guardia de un hospital. Según la autopsia, se asfixió con su propio vómito; según la familia, se ahogó cuando soportaba una sesión de “submarino seco”.
Cinco años después, nueve policías son juzgados por las torturas y el homicidio de Ramón. “Logramos algo histórico en la provincia: haber llegado a que miembros de una fuerza de seguridad puedan ser castigados por lo que hicieron. Somos gente humilde, acostumbrada a los abusos de la policía, pero no a que vayan presos”, sostiene Moisés.
Aquel domingo, efectivos de la brigada de investigaciones de la seccional 10ª golpearon la puerta de la casa de los Vázquez, en el barrio Bruno Volta, cerca del cementerio, a las 8.30 de la mañana. Moisés, que tenía 20 años, fue quien atendió. “Abrí y se metieron unos cinco policías diciendo que buscaban a papá. Lo despertaron con insultos. Papá les mostró un habeas corpus. No les importó y se lo llevaron igual”, cuenta.
Ramón Vázquez, el Tordo, era un albañil de 43 años, casado y padre de tres hijos. Ni él ni ningún miembro de su familia tenían antecedentes; sin embargo, el 11 de septiembre –días antes de que la policía se lo llevara vivo y lo devolviera muerto– la misma brigada lo había mantenido detenido 48 horas como sospechoso de un robo millonario en una casa en la que él había trabajado tiempo antes.
“Se trató de un secuestro –explica Mariano Gil, abogado de la familia Vázquez–, porque se lo llevaron policías de civil sin orden judicial y lo pasearon por varias comisarías. La familia no sabía de su paradero y Ramón sufrió todo tipo de torturas psicológicas para que confesara un robo que no había cometido. Por eso presentamos el habeas corpus”.
Según el registro del Hospital Regional, Vázquez ingresó sin vida a las 10 del día 22. Allí lo dejó un móvil policial; los agentes alegaron que se había descompensado en la comisaría. Sin embargo, el informe de la autopsia concluyó que la causa de la muerte fue “asfixia por broncoaspiración gástrica producida por la oclusión de las vías respiratorias” mediante “un objeto blando e impermeable compatible con una bolsa”.
“Cuando llegamos al hospital para reconocer el cuerpo –recuerda Moisés– estaba azulado, con moretones y una marca roja en el pecho. Nos dijeron que tenía vómito en la boca, el esófago, la nariz y la tráquea. Nos explicaron que papá seguramente tenía una bolsa en la cabeza cuando vomitó. En la desesperación por respirar, lo aspiró y se ahogó”.
A cualquier precio
Según Gil, la brigada de investigaciones es una fuerza que trabaja de manera autónoma, muchas veces con agentes encubiertos y que no rinde cuentas sobre sus métodos brutales. En el juicio, por ejemplo, otros presos contaron que los de la brigada solían “divertirse” tirando gases dentro de las celdas.
En el afán por encontrar a los responsables del robo de 240.000 pesos de una casa del barrio América del Sur (se denunció ese monto, pero una versión extraoficial habla de una suma superior a los 700.000) no tuvieron miramientos con Vázquez ni con otras cuatro personas a las que también torturaron con el pretexto de obtener información.
“Al otro día de la muerte de papá marchamos a la comisaría 10ª, pero no nos dejaron llegar; dos cuadras antes ya había vallas. Nos esperaban policías motorizados, de Infantería, que nos tiraron con balas de goma. Estaban preparados para reprimir porque sabían que habían hecho algo mal”, remarca Moisés.
El 7 de este mes, el Tribunal Oral en lo Penal de Santiago del Estero comenzó a juzgar a los policías Carlos Moreno, Roberto Chávez, Cenobio Díaz y Hernán Villarreal por torturas seguidas de muerte, privación ilegítima de la libertad e incumplimiento de deberes de funcionario público (los cuatro están detenidos). También están imputados otros cuatro agentes que participaron del operativo ilegal en la casa de Vázquez y el jefe de la comisaría 10ª. Se espera el veredicto para los primeros días de octubre.
El único acusado que declaró fue Moreno, quien, con solo 27 años, es el oficial a cargo de la brigada. Aceptó que a la víctima le infligió “torturas psicológicas”, pero negó toda responsabilidad en la muerte, cuya autoría atribuyó al agente Ricardo Millán, a quien la Cámara de Apelaciones le dictó la falta de mérito. Según la versión de Moreno, él y los demás miembros de la brigada estaban “charlando” con Vázquez en una oficina de la seccional cuando Millán abrió la puerta, se metió y, sin mediar palabras, le arrojó a la víctima el contenido de un cartucho de gas pimienta en la cara, lo que la hizo convulsionar y descomponerse.
“No es normal que los policías lleguen a juicio imputados –concluye Gil– porque en Santiago hay un paradigma represivo. Tampoco lo fue lo que hicieron con Vázquez, torturar así a un padre de familia sin antecedentes. Hubo una deshumanización total de la víctima”.