Apresada en un debate
Cristina Kirchner podrá eludir la cárcel por ahora, pero no podrá esquivar el intenso debate que provocará el pedido de la Justicia para que sea detenida. Tampoco el peronismo en su conjunto podrá soslayar esa polémica. Sucederá luego de que la Cámara Federal confirme los procesamientos y las prisiones preventivas dictados por el juez Claudio Bonadio.
Es probable, por ejemplo, que el fiscal Carlos Stornelli reclame ante la Cámara Federal que acuse a dos empresarios de haber tenido un rol más importante que el que les atribuyó Bonadio. Se trata del financista Ernesto Clarens y de Gerardo Ferreyra, uno de los dueños de la empresa Electroingeniería. Stornelli sostendrá con el tiempo que ellos fueron organizadores, y no solo partícipes, de la organización ilícita.
Clarens fue un engranaje clave para cambiar los pesos de los sobornos por dólares, pero también contribuyó notablemente, según su propia confesión, a recolectar las coimas entre empresarios de la obra pública. Algunos investigadores sostienen que fue, al mismo tiempo, una pieza importante de los Kirchner para sacar dinero negro del país. Clarens nunca habló de esto último ante el juez ni ante los fiscales. Fue, de todos modos, el que más resistió antes de quebrarse frente a los fiscales y el juez. Lo hizo cuando ya Bonadio preparaba la orden de su detención.
El caso de Ferreyra es especial porque exhibe la arbitrariedad de los Kirchner para distribuir los recursos del Estado. Electroingeniería era una pyme de Córdoba cuando los Kirchner llegaron al gobierno nacional. Cuando Cristina dejó la presidencia, el 9 de diciembre de 2015, esa empresa estaba entre las cinco más importantes del país. Además de la intensa construcción de obra pública, era una de las propietarias de Transener, la red nacional más importante de transporte de energía de alta tensión. La empresa, que nació en Córdoba, se había llevado también, en sociedad con compañías chinas, la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz.
Esas obras fueran valuadas por los Kirchner en 6000 millones de dólares, pero el exministro de Energía Juan José Aranguren logró una reducción del 20 por ciento de su costo. Sea como sea, el actual secretario de Energía, Javier Iguacel, está negociando con los chinos un cambio de sus socios locales porque a Electroingeniería la mancha el escándalo de la corrupción. De hecho, Ferreyra está procesado y preso, pero nunca manifestó la voluntad de ingresar en el régimen del arrepentido. En su declaración ante Bonadio, explicó su cercanía con los Kirchner solo en nombre de sus viejos ideales y recordó que fue integrante del ERP en los años 70.
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Nadie lo sabe. Ferreyra tuvo siempre un vínculo muy estrecho con Carlos Zannini, entonces el principal colaborador de Néstor y Cristina Kirchner. Zannini también militó en las filas de la izquierda maoísta en Córdoba en los años 70, cuando conoció a Ferreyra.
Uno de los aspectos que Bonadio investigará también es el papel que en esa trama jugó el exministro de Obras Públicas Roberto Dromi. Figura en los cuadernos de Oscar Centeno. Su estudio fue visitado varias veces por el recaudador Roberto Baratta, pero en ninguna mención se hace referencia a dinero, sean pesos o dólares. ¿Era Dromi solo un asesor de Julio De Vido? ¿O tuvo un rol más importante en la construcción de un esquema amplio y profundo de corrupción? ¿Qué lo llevó a Dromi a pasar de ser un ministro crucial de Carlos Menem a asesor clave de De Vido?
Otro que volverá a los tribunales será el empresario Juan Carlos de Goycoechea, quien fue presidente local de la empresa española Isolux, que tenía la construcción de la usina de carbón de Río Turbio. De Goycoechea declaró como arrepentido que él le entregó a Baratta varios millones de dólares, pero que ese dinero se lo enviaban desde España porque no contaba aquí con tales cantidades de plata.
Un informe de la AFIP enviado al juez Bonadio le advirtió que descubrió una cantidad importante de facturas truchas en las rendiciones de De Goycoechea. Las facturas falsas sirven no solo para evadir impuestos, sino también para lavar plata negra destinada a la corrupción. El caso de Ángelo Calcaterra es analizado desde distintos puntos de vista en los tribunales. Stornelli dispuso desde su primera resolución que la investigación abarcara desde 2003, cuando asumieron los Kirchner. Los cuadernos de Centeno cubren el período desde 2006 hasta 2015. Al juez Bonadio le llamó la atención que Calcaterra hablara, en su condición de arrepentido, solo de contribuciones a las campañas electorales de 2013 y 2015. Quiere investigar las obras que su empresa construyó durante todo el período kirchnerista. Otros investigadores señalan que Calcaterra se presentó como arrepentido sin siquiera haber sido citado por la Justicia, aunque el ejecutivo más importante de su empresa Iecsa, Javier Sánchez Caballero, estaba detenido porque figuraba en los cuadernos de Centeno. Calcaterra fue el primer dueño de una empresa en acogerse al régimen del arrepentido. Antes lo había hecho De Goycoechea, pero este era ejecutivo de una compañía extranjera, no propietario. El hecho de que un primo del presidente Macri, como lo es Calcaterra, decidiera incorporarse al régimen del arrepentido fue un mensaje definitivo para el resto de los empresarios. “Si el primo del Presidente no podía hacer nada más, ¿qué podíamos hacer el resto?”, explicó uno de los empresarios que se arrepintieron después. La condición de primer arrepentido es también un atenuante para Calcaterra. El régimen del arrepentido premia más al primer arrepentido que a los posteriores.
Ese es parte del contexto con el que llegará al Senado el pedido de desafuero de Cristina Kirchner. Tanto senadores como periodistas suelen mencionar la “doctrina Menem”, que en rigor no existe. Ningún juez, de ninguna instancia, pidió nunca el desafuero del expresidente. Menem fue sobreseído por un tribunal oral y, posteriormente, condenado por la Cámara de Casación por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia. La Corte Suprema de Justicia ordenó que otra sala de la Cámara de Casación dicte una nueva sentencia sobre Menem, pero eso no sucedió todavía. Se entiende por “doctrina Menem”, tal vez, la decisión de la Corte Suprema de permitirle el año pasado ser candidato a senador por La Rioja, lo que le había negado la Cámara Nacional Electoral. La Corte Suprema señaló que no se podía impedir una candidatura sin una sentencia definitiva, porque una eventual absolución posterior convertiría aquella negativa en una injusticia. Pero la Corte decidió sobre una candidatura de una persona sin orden de captura, no sobre un desafuero. Son dos cosas muy distintas.
Los senadores peronistas argumentan, también, que el principio de inocencia debe proteger a Cristina Kirchner de una prisión preventiva. Existe otro principio constitucional, el de la igualdad ante la ley. Si se (mal) aplica el principio de inocencia para Cristina, ¿por qué están presos entonces Julio De Vido, José López, Roberto Baratta, Gerardo Ferreyra y el propio Lázaro Báez? Ninguno de ellos tiene condena definitiva, pero deben cumplir con la orden del juez que dispuso sus prisiones preventivas.
Como bien señaló hace poco el juez federal Sergio Torres, “los funcionarios no pueden ampararse en la Constitución para cometer delitos… De lo contrario, en lugar de ser inmunidades para ejercer su función, serían privilegios”. Por eso, procesó al infaltable Leopoldo Moreau por declaraciones claramente antisemitas contra el diputado Waldo Wolff. Hasta ahora, el clima que surge del Senado es concederle privilegios a Cristina Kirchner, pero ¿soportará el peronismo durante mucho más tiempo la presión social? ¿Aceptará cargar con el peso político de proteger a Cristina cuando la mayoría de los senadores no participaron de la larga fiesta de corrupción del matrimonio Kirchner?