“Podrán excavar toda la Patagonia que nunca van a encontrar nada”

Cristina se defendió con un escrito en la causa en la que se la vincula a Lázaro Báez por presunto lavado de dinero

Después del revés judicial por los cuadernos de las coimas, Cristina Kirchner volvió ayer a defenderse por un caso de corrupción que la involucra en las maniobras de lavado de dinero del empresario Lázaro Báez. Se trata de la causa que es conocida como la ruta del dinero K.

La expresidenta negó cualquier delito vinculado con Báez, acusó al presidente Mauricio Macri de “forzar” la acusación en su contra y aseguró que no hay nada que buscar enterrado en Santa Cruz.

“Podrán seguir vigilando mis movimientos y los de mi familia, escuchar de manera clandestina mis conversaciones telefónicas o excavar toda la Patagonia o donde mejor se les ocurra, que nunca van a encontrar nada con lo que involucrarme, porque jamás me apoderé de dinero ilegal”, sostuvo en el escrito que presentó ante el juez Sebastián Casanello.

La expresidenta llegó a los tribunales después de las 10.30 con el respaldo de un grupo de unos 30 militantes kirchneristas que la estaban esperando en la puerta de Comodoro Py. Ingresó por el costado del edificio, no hizo declaraciones ante la prensa y subió directo hasta el despacho de Casanello.

“Por fin nos conocemos”, le dijo al magistrado cuando se saludaron, en referencia a versiones luego desmentidas sobre un supuesto encuentro informal en la quinta de Olivos. De hecho, hubo una investigación judicial por ese presunto encuentro previo, en la quinta presidencial.

Acompañada por su abogado Carlos Beraldi, la senadora presentó un escrito y pronunció una breve defensa en la que acusó al camarista Martín Irurzun por su acusación en la ruta del dinero K. “Es una persecución política”, aseguró.

Salió del juzgado escoltada también por los dirigentes Juan Grabois y Eduardo Valdés, dirigentes cercanos al papa Francisco, y luego se presentó en el juzgado de Claudio Bonadio para notificarse por el procesamiento por los cuadernos de las coimas.

Casanello había citado a la expresidenta a instancias de la Cámara Federal, que consideró que Cristina Kirchner pudo haber sido coautora por el lavado de dinero que realizó el empresario patagónico, que está en prisión en el penal de Ezeiza desde el 5 de abril de 2016.

Los camaristas, además, recordaron que la senadora ya está procesada por integrar una asociación ilícita vinculada a distintos delitos de los que habría participado Báez a través de contratos de obra pública en Santa Cruz y de la actividad de sus hoteles en El Calafate. Ese dinero –sostienen los funcionarios judiciales– formaría parte de los fondos que fugó el empresario amigo de los Kirchner.

“No solo desconozco por completo esta supuesta maniobra, sino que no existe ningún elemento de prueba que me vincule a la misma”, afirmó Cristina Kirchner. Y agregó: “Debo señalar que jamás tuve cuentas bancarias no declaradas, ya sea sola, con Lázaro Báez o con cualquier otra persona”.

El juez Casanello investiga en la ruta del dinero K los movimientos realizados por Lázaro Báez para fugar US$60 millones, lo que motivó su detención desde hace más de dos años. La maniobra se realizó a través de la financiera SGI, más conocida como La Rosadita, una cueva que funcionaba en el corazón de Puerto Madero. El dinero se canalizó a través de sociedades offshore y terminó en Suiza, en una fundación a nombre de los hijos del empresario, quienes también están involucrados en la causa.

El primer pedido para incluir a Cristina Kirchner dentro de los acusados en la ruta del dinero K fue de la Oficina Anticorrupción, una dependencia del Poder Ejecutivo, allá por junio de 2016. Ese pedido fue reiterado por la Unidad de Información Financiera (UIF) y por el fiscal Guillermo Marijuan, pero siempre había sido rechazado por el juez Casanello, que considera que no existen pruebas para acusarla por el lavado de dinero realizado por Báez.

Cristina Kirchner consideró en su escrito que el presidente Mauricio Macri “forzó” el pedido de indagatoria a través de los organismos del Estado.

“Así las cosas, en cualquier procedimiento judicial normal, la aventura procesal del Poder Ejecutivo de tratar de meterme por la fuerza en este expediente hubiera quedado definitivamente abortada. Sin embargo, en estas actuaciones pasó todo lo contrario”, sostuvo la expresidenta.