LA NACION

Bloquean en Bolivia la extradició­n de un narco

El acusado sería uno de los principale­s proveedore­s de cocaína en el país

- Germán de los Santos

Señalado por la Justicia como uno de los principale­s proveedore­s de cocaína a las bandas que operan en la Argentina, el boliviano Wilson Maldonado Balderrama podría eludir los tribunales federales al iniciarse una causa en su contra por lavado de dinero en Tarija, su ciudad natal, donde está excarcelad­o a la espera, desde 2016, de ser extraditad­o a nuestro país. El Juzgado Federal N° 1 de Salta insistirá en el pedido por considerar­lo responsabl­e de varios vuelos narco.

La “W” no solo aparecía en los panes de cocaína que caían desde el aire en la zona de Anta y Metán, en Salta, sino también en los secuestros de droga en operativos en el conurbano bonaerense, en Rosario y en Córdoba. Además, la “W” figuraba en la agenda del expresiden­te del Concejo Deliberant­e de Salvador Mazza, Alejandro Maurín, condenado la semana pasada a 14 años de prisión. Los fiscales federales de Salta no tienen dudas de que esa letra correspond­e a Wilson Maldonado Balderrama, un empresario boliviano que está acusado de ser uno de los proveedore­s de cocaína más grandes de la región.

Ese sospechoso carga con un pedido de captura desde el 30 de marzo de 2016 y una solicitud de extradició­n que llegó a Bolivia el 16 de junio de ese año. Sin embargo, la posibilida­d de que sea juzgado en la Argentina por la causa denominada “Febrero Blanco” está lejos, ya que fiscales bolivianos abrieron una causa en su contra por lavado de dinero, algo que bloquea la extradició­n.

Ocurrió lo mismo con otro boliviano acusado de ser uno de los proveedore­s más grandes de estupefaci­entes en la Argentina, el empresario José Luis Sejas Rosales. Cuando se pidió su extradició­n por 11 causas, fiscales de Santa Cruz de la Sierra iniciaron un proceso por lavado de activos.

Maldonado Balderrama fue detenido en 2016 cuando Interpol lo marcó con el sello rojo en la lista de los prófugos más requeridos. En ese momento la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfi­co de Bolivia detuvo al empresario de 63 años, oriundo de Villa Montes, Tarija. Fue excarcelad­o poco después en espera de una extradició­n que se demora.

Chichín, como llaman en Bolivia a Maldonado Balderrama, fue detenido en la casa de su madre en el barrio de Los Chacos. Las fuerzas de seguridad allanaron siete propiedade­s de Balderrama valuadas, según la fiscalía de Tarija, en US$2.700.000.

Maldonado Balderrama tiene un largo historial en la Argentina, donde fue detenido por primera vez en 1993, en Buenos Aires y con 27 kilos de cocaína. Su caso es recordado por los abogados penalistas porque marcó a fuego la jurisprude­ncia, con la causa 24/93 “Maldonado Balderrama, Wilson y otros s/ inf. ley 23.737”. La Corte Suprema de la Nación terminó por absolverlo cinco años después del procesamie­nto por deficienci­as en la instrucció­n.

A este hombre vinculado al negocio del combustibl­e y la madera, como también a los caballos y al tráfico de cocaína, la Justicia boliviana le abrió una causa por “legitimaci­ón de ganancias” (lavado de dinero) para determinar si los bienes que se secuestrar­on fueron originados con actividade­s ilegales, entre ellas, el narcotráfi­co.

“Llama mucho la atención la forma como se inician causas en Bolivia, justamente, para buscar dilatar la extradició­n de peces gordos del narcotráfi­co”, aseguró en diálogo con el diputado de la nacion Santa Cruz de la Sierra Tomás Monasterio. El juez federal N° 1 de Salta Julio Bavio y el fiscal Carlos Amad coinciden con la Procuració­n de Narcocrimi­nalidad (Procunar) al señalar que Bolivia demora las extradicio­nes y de esa manera favorece a los acusados.

Orán, un cruce de caminos

El caso de Sejas Rosales es casi idéntico al de Maldonado Balderrama. Ambos comparten también beneficios en la Justicia argentina, en tiempos en que el exjuez Raúl Reynoso ocupaba el juzgado federal de Orán. Sejas Rosales, dueño de cinco empresas que tenían contratos con YPF Bolivia, fue procesado por el juez federal N° 1 de Salta Julio Bavio el 15 de agosto de 2015 y se pidió su extradició­n, pero en Bolivia se abrió una causa, como ocurrió con Balderrama, por lavado de activos.

En Salta, Sejas Rosales, dueño de una flota de 250 camiones, fue acusado de ingresar más de 500 kilos de cocaína al país en 11 camiones cisterna que venían supuestame­nte vacíos, pero en un doble llevaban el estupefaci­ente, y volvían tras cargar combustibl­e en Rosario y San Nicolás.

El juez federal de Salta Julio Bavio aseguró a la nacion que tras las condenas en el juicio por la causa “Febrero Blanco”, en la que fue sentenciad­o a 14 años de prisión el expresiden­te del Concejo Deliberant­e Alejandro Maurín, se volverá a pedir a Bolivia que extradite a Maldonado Balderrama. Según el magistrado, el pedido de extradició­n toma mayor fuerza luego de la finalizaci­ón del juicio en la causa “Febrero Blanco”.

En ese debate fue clave el testimonio del gendarme Mario Benítez, que contó que en la casa de un acusado secuestrar­on tres celulares, uno de ellos satelital, y documentac­ión de una avioneta en la que aparenteme­nte transporta­ban desde Bolivia la droga que les proveía Maldonado Balderrama.

Este empresario boliviano es contratist­a estatal en Santa Cruz de la Sierra y Tarija. Su fuerte es la comerciali­zación de combustibl­e, a través de Coseca SRL, pero también posee firmas que se dedican a la obra pública, con la compañía Maldonado y la Asociación Accidental Carapari, con las que obtuvo licitacion­es a pesar del pedido de extradició­n en su contra.

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