Coletazos del cambio de mando
Tiene pendiente de definición resoluciones con alto impacto fiscal; se inclinarían por hacerles lugar a los reclamos, pero acotando su efecto a casos individuales
Las jubilaciones, las de los jueces, pero sobre todo las del resto de los ciudadanos, están en la agenda de la Corte Suprema de Justicia, que se dispone a adoptar una serie de fallos claves en medio del traspaso de la presidencia del cuerpo. Desde el mes próximo comenzará una nueva etapa con Carlos Rosenkrantz como presidente y el corrimiento de Ricardo Lorezentti de ese cargo, que ocupó durante 11 años.
En la mesa del máximo tribunal hay por los menos tres causas que pueden tener un alto impacto en el cálculo jubilatorio. En una de ellas, deberán decidir si es legal descontar impuesto a las ganancias en las jubilaciones de mayores montos, a partir de un recurso que presentó la Anses tras un fallo de cámara que señaló que no deben pagar. Este gravamen afecta los ingresos de 100.535 pasivos.
En otro caso deberán resolver qué índice de actualización de haberes se aplica para las jubilaciones. Concretamente deben decidir si se debe aplicar o no el índice de actualización de haberes Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte), que se traduce en pagos menores a los que prevé otro índice conocido como Isbic (basado en los salarios de la industria y la construcción).
Para la Reparación Histórica se utilizó el Ripte, pero la Justicia usa el Isbic para calcular los salarios.
Y finalmente tendrán que resolver el caso de jubilados no alcanzados por la reparación histórica y el crítico tema de la movilidad que se aplicó a partir de la reforma previsional aprobada a fin del año pasado.
Allí la definición de la Corte será sobre si es inconstitucional aplicar el nuevo esquema de movilidad a partir de marzo, como se hizo.
Los jueces están conversando pero se inclinarían por darle la razón al reclamo de los jubilados, pero con un alcance limitado a cada caso y no con un fallo de aplicación generalizada para evitar un vendaval económico sobre un Gobierno que ya tiene muchas dificultades fiscales.
Todos los casos tienen consecuencias económicas claves para el Gobierno, donde están muy expectantes por lo que pueda ocurrir en los últimos días de Lorenzetti como presidente del cuerpo. El martes pasado les había llegado el dato de que ese día habría un pronunciamiento sobre el tema jubilatorio, algo que finalmente no ocurrió (ver aparte). Esta semana habrá que ver si hay acordada, ya que el martes, día habitual de las reuniones, hay paro general de la CGT.
Pero el tema jubilaciones tiene un capítulo particular vinculado con los beneficios para los propios magistrados.
A juzgar por lo que mencionan fuentes de la Corte y del Gobierno, hay consenso en el máximo tribunal para admitir cambios parciales en las jubilaciones de los jueces, que verán aumentados sus aportes, y la edad de jubilación, pero no el monto que perciban.
No obstante esta reforma no será inmediata, sino que debe ser parte de una ley que recién se comenzará a discutir en marzo del año próximo. Negociación política mediante.
El Gobierno viene sondeando a los magistrados con cambios para que se sumen al sacrificio del resto del Estado y colaboren con el ajuste. Les envió una propuesta hace dos meses con cambios más ambiciosos como reducir el 82% móvil que cobran actualmente, a un 75%, pero esta iniciativa no convence a nadie.
Por el contrario, el gremio de los judiciales las rechaza de plano al igual que la Asociación de Magistrados, que advirtió que si cambian el sistema de jubilaciones se forzaría la renuncia de 300 jueces para acogerse al beneficio sin modificaciones, lo que generaría un agujero económico al fisco para pagar esas jubilaciones y una parálisis a la Justicia. En la Corte creen que exageran.
Entre los jueces hay inquietud. De hecho un relevamiento que realizó permitió establecer que la nacion entre el 1° de agosto y el 11 de septiembre pasado, cuando empezó a trascender la posibilidad de que se produzcan cambios en las jubilaciones, se registraron renuncias de 19 jueces, camaristas, fiscales y defensores de la Justicia nacional. Muchos de ellos por jubilaciones ya otorgadas.
El Gobierno no incluyó esta posibilidad de cambiar la jubilación de los jueces en el proyecto de ley de presupuesto porque espera una propuesta de la propia Corte para tratar recién en marzo del año que viene en el Congreso.
Otro tema sensible que tiene la Corte en sus manos es si los funcionarios judiciales que ascendieron a jueces deben pagar o no impuesto a las ganancias.
Por ahora la ley que aprobó el Gobierno dice que los que llegan a jueces desde fuera del Poder Judicial, deben pagar. De hecho los jueces que hoy pagan ganancias son solo 8. Y el resto son unos 400 fiscales, defensores o secretarios.
La Asociación de Magistrados logró una medida cautelar que impide que los secretarios que ascienden a jueces paguen ganancias. La Corte debe decidir si la confirma o la revoca. De su decisión dependen que 95 jueces se sumen a los que pagan, No hay apuro entre los jueces para tratar el tema.