A juicio, por presionar magistrados
En San Luis, los obligaban a anticipar sus renuncias.
Trece años después de la primera denuncia y tras un derrotero que incluyó disputas por competencia entre la Justicia provincial y la Federal, jueces que se excusaron, un jury contra la denunciante y hasta apelaciones nunca resueltas, un ministro y un exministro del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, irán a juicio, acusados de obligar a miembros del Poder Judicial de la provincia a firmar sus renuncias anticipadas como requisito para acceder a cargos y ascensos.
Se trata del exministro de Legalidad y Relaciones Institucionales, Sergio Freixes, y de su segundo, Mario Zabala. Ambos están acusados del delito de coacción agravada contra Marina Ziliotto, una defensora oficial que en 2004, pocas semanas después de ser ascendida a camarista, debió dejar su cargo porque el gobierno de Rodríguez Saá ejecutó la renuncia anticipada que le había hecho firmar antes de designarla. El juicio comenzará el 22 de octubre.
Por el escándalo, Freixes dejó el Ministerio de Legalidad en 2007, cuando fue procesado junto con Zabala. Sin embargo, en 2011 fue elegido senador provincial por el departamento de Dupuy y el año pasado renovó su banca.
Su fidelidad a los Rodríguez Saá y la férrea defensa de los hermanos que asumió desde que se conoció la denuncia le valieron un regreso al gabinete provincial. Desde agosto del año pasado, Freixes es ministro de Medio Ambiente, Campo y Producción. En San Luis no son pocos los que especulan con que podría renunciar al ministerio y volver al Senado, donde pidió licencia, para volver a contar con fueros, que en la provincia impiden que un legislador sea interrogado.
El de Ziliotto es uno de los 11 casos que llegaron a la Justicia puntana en 2005 por una denuncia de Gretel Diamante, entonces fiscal de Villa Mercedes. En testimonios registrados con cámara oculta, los magistrados afectados admitían haber sido presionados para firmar sus renuncias en blanco, a cambio de acceder a cargos en la Justicia provincial.
Dos años más tarde, la Justicia dio por probadas la existencia de las renuncias anticipadas y la responsabilidad de Freixes y Zabala en el tema, pero consideró que diez de las once dimisiones habían sido firmadas voluntariamente y sobreseyó a los acusados. Por eso, solo el caso de Ziliotto llegó a juicio oral. La apelación por los diez casos desestimados se presentó en 2007. Todavía no se resolvió.
“La cantidad de intromisiones del Poder Ejecutivo que la causa ha tenido a lo largo de estos 13 años es inédita. El caso debió haber llegado a juicio hace años”, evaluó ante la nacion Diamante, hoy jueza del Tribunal Oral Federal de San Luis. Pese a las dilaciones, la denunciante es optimista. “Se ha logrado conformar un tribunal que me permite alentar expectativas de que el fallo va a sen- tar un precedente importantísimo, para encuadrar el accionar de exigir renuncias anticipadas como un hecho de corrupción. En 2005 no se visualizaba la medida en que [las renuncias anticipadas] profundizan los mecanismos para garantizar la impunidad”, analizó.
El caso tomó nuevo impulso en diciembre del año pasado, cuando la ONG Poder Ciudadano fue admitida como amicus curiae en el proceso.
“Es un avance que la causa siga viva y que llegue el juicio oral. Pero es una causa en la que se está investigando al poder instalado desde hace años en San Luis, así que tendremos que prestar mucha atención a cómo se desarrolle el juicio”, advirtió Germán Emanuele, director de Transparencia de Poder Ciudadano, en diálogo con la nacion. Emanuele recordó que “uno de los acusados es ministro de Rodríguez Saá” y reforzó: “Ante el riesgo de que se consagre el círculo de impunidad, habrá que seguir el juicio muy de cerca”.
El proceso es inédito en la historia de la provincia. Es la primera vez que se juzgará a exintegrantes del Poder Ejecutivo por presionar a jueces, fiscales, camaristas y defensores. Ya en 2007, la organización Transparencia Internacional había registrado la trascendencia del proceso. De hecho, incluyó el caso en su “Informe Global de la Corrupción: Sistemas Judiciales”, como emblema de las irregularidades en el ámbito judicial.
El tribunal oral a cargo del juicio está integrado por los jueces de los tribunales federales de Mendoza Roberto Naciff, Juan Antonio González Macías y Fátima Ruiz López.