Conte Grand. “Una hipótesis es que haya actores del crimen organizado”
El procurador bonaerense dice que investigan si los saqueos responden a punteros políticos o al narcomenudeo; afirma que la banda de los comisarios es peor que el caso de los cuadernos
La frase suena fuerte: “En el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires se naturalizó la corrupción”. Más aún en boca del procurador general, Julio Conte Grand, a metros de la Suprema Corte de Justicia. “Hubo una prevalencia de liderazgos corruptos”, sostiene, sin bajar la voz.
En una entrevista con la nacion, el jefe de los fiscales bonaerenses se refiere a la investigación que involucra a jueces, camaristas y fiscales comprometidos con la “banda de los comisarios”, que habrían utilizado contactos e influencias para delinquir. Sabe que el proceso recién comienza. Pero afirma: “Lo que viene en la investigación es peor”.
Frente a la denuncia por el secuestro y los golpes que sufrió la docente Corina de Bonis, en Moreno, precisó que no hay registros fílmicos del ataque, aunque dijo que la investigación se encamina hacia la hipótesis de una pelea por la toma del territorio. Respecto de las causas abiertas por saqueos, Conte Grand adelantó que los robos piraña podrían responder a “algún tipo de actividad preparada” por punteros para generar perturbación social o el crimen organizado en particular, narcomenudeo.
Además, anticipó que pronto se elevarán a juicio distintas causas que involucran al exgobernador Daniel Scioli y a los intendentes en funciones Mario Secco (Ensenada) y Gustavo Menéndez (Merlo).
–¿Qué avances hay en la denuncia por secuestro y golpes que presentó la maestra de Moreno?
–Se relevaron todas las cámaras. Requisamos cuatro automóviles rojos en la zona en esa franja horaria y ninguno de los cuatro tiene que ver con el hecho. No hay una filmación del momento del delito. Se avanza en declaraciones testimoniales, pero ningún testigo tuvo contacto directo o indirecto con el episodio. Tenemos optimismo en dilucidar el caso, orientándonos hacia la hipótesis de una pelea por la toma del territorio.
–¿Qué avances hay en las causas abiertas por los saqueos?
–Se está analizando qué relación puede haber entre estos robos y algún tipo de actitud preparatoria de hechos por problemas de alimentación o necesidades insatisfechas. No se identificaron personas con perfiles compatibles con situación de vulnerabilidad en las causas abiertas en Mar del Plata, General San Martín y La Matanza.
–¿Quién podría estar detrás de una actitud preparatoria?
–Hay múltiples alternativas. Una es la de punteros políticos para generar perturbación social. otra hipótesis es que detrás haya actores vinculados al crimen organizado, como narcomenudeo. El fuerte incremento de la persecución por la infracción a la ley de estupefacientes generó todo tipo de reacciones: alza de precios, robos. La conmoción social para este sector es un caldo de cultivo importante y no descartamos que esté detrás de estos episodios.
–¿A qué adjudica el aumento de delitos contra la administración pública?
–Se dio una transformación en la conciencia colectiva para denunciar, a partir de la decisión institucional del apoyo explicito político, que llevó a mayor grado la conciencia social. A partir de este mensaje se generó mayor confianza para denunciar. Un caso muy evidente fue el de la Uocra de Bahía Blanca. otro el del exintendente, de Lincoln, Jorge Fernández, que está detenido.
–¿Hay control sobre el avance de causas, como la del exgobernador Scioli por negociaciones incompatibles con la función pública?
–En un par de meses, esta causa se elevará a juicio oral. Pero el fiscal que llevó la causa, Álvaro Garganta, acaba de ser denunciado ante la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses, que funciona en la Legislatura. No está suspendido. La comisión bicameral del tribunal va a constituir el jurado la semana que viene. Sin embargo, el trámite no obsta a que cumpla sus funciones y lleve adelante las causas sensibles que tiene.
–¿En qué instancias están otras causas que involucran a intendentes en ejercicio?
–La causa iniciada a Mario Secco, de Ensenada, por los incidentes de la Legislatura, está por elevarse a juicio antes de fin de año. Hay otros intendentes investigados: la causa contra Gustavo Menéndez, intendente de Merlo y presidente del PJ, se está por elevar a juicio en Mar del Plata.
–¿Hay más casos, como el del juez César Melazo?
–El caso de La Plata no solo involucra a jueces. Tenemos investigado al exfiscal Tomás Morán y antes se investigó al exfiscal Fernando Cartasegna. Hay muchos más. Acabamos de remover a un fiscal en Saladillo. Y estamos en proceso de remover a otro defensor en olavarría. En algunos casos renuncian para evitar el enjuiciamiento.
–¿Hay una corrupción sistémica en el Poder Judicial?
–No creo que sea sistémica. Ha habido una prevalencia de niveles de corrupción. Los deshonestos no son los más, pero son los que han liderado. Hubo una prevalencia de liderazgo corrupto. Pero no está todo cooptado por la deshonestidad. Se naturalizó la corrupción dentro del Poder Judicial.
–¿Qué actitud encuentra, al respecto, en el gobierno provincial?
–Cuando la gobernadora propuso mi designación al Senado fue clara: si tiene que caer alguien, que caiga.
–¿Existe en la provincia un caso similar al de los cuadernos?
–Lo de los cuadernos es espantoso. Pero el caso de la banda de los comisarios de La Plata es mucho más grave, porque cortó transversalmente a toda la sociedad: hoy tenemos comprometidos a jueces, camaristas, fiscales. También hay comprometidos barras bravas, comisarios, abogados. Poder político. Y lo que viene es peor.
–¿A qué se refiere?
–A que la investigación por la causa de los comisarios puede desembocar en otras personas involucradas. Se avanzará sobre otros ámbitos del Poder Judicial, sin duda. Es más grave que los cuadernos.
–En estos días se tramita el presupuesto de la provincia: ¿qué pidió la Procuración?
–Nosotros incorporamos nuevos compromisos, como el Patronato de Liberados y la Policía Judicial, que es estratégica para investigar. Hasta ahora el presupuesto se repartía en dos tercios para la administración de justicia y un tercio para el Ministerio Público. Pedimos ampliar a un 42% de la masa total. Pero, sobre todo, necesitamos la autarquía del Ministerio Público.