El irónico caso colombiano
El territorio que fue liberado por el retiro de las FARC está siendo deforestado en forma brutal ante un Estado impotente
Los procesos sociales son tan caóticos –en el sentido de difíciles de predecir– que un hecho saludado mundialmente como la progresiva des militarización de la guerrilla colombiana tuvo una consecuencia negativa para los bosques del país del norte de Sudamérica (cuya cobertura boscosa es de más de la mitad de su superficie continental).
Las FARC, como parte del control territorial que ejercían, se ocupaban del mantenimiento del ecosistema boscoso. Y esto no por tener una vocación de oNG ambientalista, sino porque eran soberanos en la zona bajo su dominio e impedían otro tipo de actividades, productivas o no. Ahora, con terrenos liberados por la guerrilla y un Estado nacional incapaz de ocuparlos (o de saber simplemente a quiénes pertenecen), se registra en el país un brutal aumento de la deforestación.
A diferencia de la Argentina y Brasil, donde se deforesta a favor del monocultivo, en Colombia se tala para la ganadería y para minería. Según Global Forest Watch, específicamente en Colombia la deforestación creció 46% entre 2016 y 2017 por la liberación de zonas en poder rebelde, y constituyó el mayor aumento de su tipo para bosques tropicales. El acuerdo con la guerrilla de las FARC se firmó hacia fines de 2016. “Los que deforestan son mafias, son criminales, pero los estamos persiguiendo y ya hay gente en la cárcel por eso”, dijo el presidente Juan Manuel Santos en el documental Especies, antes de dejar el poder el mes pasado, y reconoció que el freno a la deforestación fue la principal deuda ambiental de su gestión de gobierno.
Durante un taller reciente organizado por la división Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación de los bosques de la oNU (oNU-REDD) y la organización Latinclima, un periodista, ante un PowerPoint con el mapa del país, preguntó qué sector exactamente era el que dominaba la guerrilla de las FARC. Los locales rieron primero y respondieron después: “Todo el país”. Tal era el nivel de convivencia de un Estado ilegal dentro del Estado oficial colombiano.
“Tenemos el desafío del proceso de sustitución de cultivos ilícitos y cómo aprovechar ese territorio con la salida de la guerrilla”, dice José Julián González, del local Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), que monitorea las cifras de deforestación y analiza las causas del fenómeno, a la vez que busca tomar medidas para revertirlo.
“Hasta ahora se han sumado nuevas ilegalidades, como el cultivo de la coca y la minería. Ambas actividades compiten con el Estado, que debe desplazarlas. Es tal el vacío institucional que a esos territorios se los ha llamado baldíos de la nación. Las comunidades piden vacas, es como si todos aspiraran a ser ganaderos, pero hay que hacer entender que la riqueza es mantener el bosque. Estamos en un momento de transición y reordenamiento integral del país”, señala González.