Cristina podrá ser candidata aun presa

Una de las preguntas más habituales en la política es si Cristina Kirchner será candidata presidencial el próximo año. La otra pregunta es si podrá serlo, aun queriéndolo, en caso de terminar presa en los próximos meses, sobre todo luego del fulminante dictamen del juez Claudio Bonadio, que la procesó y la mandó a la cárcel. Se pueden contestar las dos, aunque con distintos grados de certeza. Cristina podrá ser candidata presidencial aun estando presa. La respuesta es taxativa. Esa es la jurisprudencia que la Corte Suprema de Justicia estableció en el caso Menem, a quien en las elecciones pasadas habilitó como candidato a pesar de que lo había inhabilitado la Cámara Nacional Electoral.

Expresiones inmejorables del máximo tribunal de Justicia señalaron en las últimas horas que la misma doctrina se aplicará para Cristina Kirchner, aunque estuviese entre rejas preventivamente. La Corte señaló en el caso Menem que solo una condena definitiva puede dejar fuera de carrera a un candidato. Argumentó que, si no existe una condena definitiva, el preso puede ser absuelto en el futuro. Una eventual inhabilitación le negaría definitivamente el derecho de representación política a un sector de la sociedad, porque es imposible que las elecciones se repitan en las mismas condiciones que en las fechas previstas. La Corte preserva, por lo tanto, derechos del candidato y de un sector social que podrían ser vulnerados sin solución. Y no existe ninguna posibilidad objetiva de que Cristina Kirchner tenga una sentencia definitiva después de pasar por todas las instancias (la Cámara Federal, el tribunal oral, la Cámara de Casación y, eventualmente, la Corte Suprema de Justicia) antes de agosto próximo, cuando comenzará el proceso electoral para las presidenciales.

La otra pregunta tiene una respuesta menos terminante. Es probable que Cristina sea candidata si la Justicia sigue acorralándola, pero todavía no ha hecho pública su intención. Ella, una enamorada constante de sus propias ideas, cree fundamentalmente en dos cosas: que una salida de Macri del poder le eliminaría los problemas judiciales y que es ella la que está en mejores condiciones de batir en las urnas, y cuanto antes, al actual presidente. Las encuestas no dicen eso (al contrario, señalan que Macri le ganaría hoy un

ballottage), pero ya sabemos que Cristina y sus seguidores tienen más confianza en sus propios desvaríos que en la realidad. Sea como fuere, Cristina está más inclinada a su candidatura porque sabe también que el peronismo se alejará de ella en la medida en que más se conozcan las fechorías de su gobierno. La doctrina de la Corte no tiene nada que ver con el desafuero en el Senado, porque esta decisión podría revocarse en el acto si otra instancia judicial la pusiera en libertad.

En ese contexto, sectores importantes del peronismo se preguntan cuál será el precio electoral que terminarán pagando por defender la inmunidad de Cristina. Les es cada vez más costoso después de la última resolución de Bonadio, en la que escribió duros párrafos hasta contra un exjuez federal, Norberto Oyarbide, y contra los principales empresarios de la construcción y la energía. Bonadio procesó a Oyarbide y le embargó bienes por 4000 millones de pesos por ser miembro de una asociación ilícita. Oyarbide declaró al principio, y lo repitió públicamente, que le habían apretado el “cogote” para que desestimara rápidamente una causa por enriquecimiento ilícito de los Kirchner. Culpó en público al otrora poderoso operador judicial Javier Fernández, también procesado por Bonadio, y al exhombre fuerte de la ex-SIDE, Jaime Stiuso. Luego, delante del juez, dijo otra cosa: que hizo lo que debía hacer y que actuó de acuerdo con el derecho. El propio Oyarbide desmoronó su inicial argumento judicial y público. Esa declaración es la que llevó al fiscal Carlos Rívolo a pedir que se desestime de la investigación por presunta coacción. El propio Oyarbide desbarató la idea de la coacción ante la Justicia.

Hay algo más grave aún: Bonadio comprobó que hubo contactos de Oyarbide con Roberto Baratta (el valijero de los Kirchner) en un restaurante de Puerto Madero y que el secretario de Baratta, Néstor Lazarte, visitó en su casa al entonces juez para llevarle dinero. Es raro que un juez federal procese a un exjuez federal, del que fue colega durante muchos años y hasta hace poco. Bonadio fue lapidario con Oyarbide: su declaración inicial “fue un mero intento de mejorar su situación procesal, ya que no se condice con las constancias incorporadas”, escribió.

Los empresarios se llevaron también un párrafo demoledor. Escribió Bonadio: distribuyeron “coimas a funcionarios corruptos a cambio de que, por avaricia y codicia, ese selecto grupo de empresarios también se llenara los bolsillos mediante participaciones en licitaciones o concesiones, sosteniendo a posteriori un discurso acomodaticio y cobarde, pretendiendo haber cedido a presiones oficiales en bien de cuidar sus empresas y los puestos de trabajo de sus empleados”. Es cierto que ese pretexto, el de que estaban cuidando la continuidad de sus empresas, fue el más asiduo frente al juez de parte de los hombres de negocios. Vale la pena comparar esa actitud con la de importantes medios periodísticos, que enfrentaron la asfixia financiera o el riesgo cierto del desguace. O con las de periodistas condenados a los insultos y los escraches públicos hasta el límite de someterlos a vivir un virtual exilio interno durante casi siete años. A veces, la resistencia no tiene opción. Algunos empresarios eligieron, en cambio, un camino hacia la segura condena penal y social.

¿Afectará a los jueces federales el cambio en la conducción de la Corte Suprema? Es probable que Horacio Rosatti, uno de los jueces del máximo tribunal y con más poder ahora, no sea un hombre rencoroso. Bonadio procesó a Rosatti cuando este era ministro de Justicia de Néstor Kirchner, en 2005, por el estado en el que se hallaban las cárceles. Los jueces necesitan el apoyo logístico del presidente de la Corte. Necesitan la posibilidad de contratar a más personal y la dotación de más equipos tecnológicos cuando tienen causas muy complejas. No precisan mucho más. Bonadio había enhebrado una buena relación con el expresidente de la Corte Ricardo Lorenzetti, pero nada indica que no puede hacer lo mismo con el presidente designado, Carlos Rosenkrantz. Como dicen en el Palacio de Justicia, “ningún juez dará la vida por Lorenzetti”.

¿Se necesitaba un cambio en la Corte? Sí, desde luego. Lorenzetti había sido seriamente desgastado por las insistentes denuncias de Elisa Carrió contra él. La Corte estaba en discusión, además, desde que otro miembro del tribunal, Elena Highton de Nolasco, desobedeció a la Constitución y a sus propios colegas cuando decidió permanecer en el cargo después de los 75 años. Fue el voto de Highton de Nolasco, precisamente, el que tumbó a Lorenzetti de su poltrona de presidente y lo aupó a Rosenkrantz. Highton se había comprometido a votar la reelección de Lorenzetti hasta que lo madrugó en un día inesperado con su voto por Rosenkrantz. Antes, un asesor clave de Macri, Fabián Rodríguez Simón, había convencido a Rosenkrantz de que aceptara la presidencia. Rosenkrantz hizo su trabajo: sorprendió a Lorenzetti con un golpe prematuro y se propuso él mismo como nuevo presidente. Ya tenía los votos de Highton y de Rosatti (y el suyo propio). La mayoría de tres en cuerpo de cinco. Nada nuevo. Los golpes de palacio forman parte de la política desde que esta existe.

Sectores del PJ se preguntan cuál será el precio electoral que terminarán pagando por defender la inmunidad de Cristina. Les es cada vez más costoso