Confirman el procesamiento de Alejandra Gils Carbó
FALLO. Es por irregularidades en una operación inmobiliaria
Es por las irregularidades en la compra de un edificio.
La exjefa de los fiscales Alejandra Gils Carbó quedó procesada por las irregularidades en la compra de un edificio del Ministerio Público Fiscal. Así lo ratificó un fallo de la Cámara Federal, aunque se cambió la calificación legal del delito por el que se la acusa.
La Sala I de la Cámara, con los votos de Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, consideró que no hubo perjuicio alguno para el Estado –como sostenía el juez Julían Ercolini– y cambió entonces la calificación legal del delito a “negociaciones incompatibles con la función pública”.
Se alivió así la situación de Gils Carbó, ya que el delito por el que la acusaba Ercolini tiene una pena superior a la que finalmente fijó la Cámara, que sería de 1 a 6 años.
La sospecha de la Justicia es que la licitación a través de la cual se adquirió el edificio donde funciona una de las cuatro sedes del Ministerio Público Fiscal estuvo digitada para que se beneficiaran quienes cobrarían la comisión por la operación.
Para ello, la Cámara consideró que “idearon y ejecutaron un complejo plan” para “adquirir directamente para el Ministerio Público Fiscal, bajo la simulación engañosa de una licitación pública, el edificio de la calle Perón 667”.
La licitación se llevó a cabo en los primeros meses de 2013 y por el edificio de Perón se pagaron 44 millones de pesos.
Gils Carbó está acusada de haber frustrado una licitación anterior –realizada en 2012 bajo la dirección del procurador Esteban Righi– a través de su entonces subdirector en la Procuraduría, Guillermo Bellingi, para dar lugar a que se adquiriera el edificio de la calle Perón a la empresa Arfinsa SA, del empresario Adrián González Fischer.
Esa firma le pagó comisiones que rondaron los 10,7 millones de pesos a la agente inmobiliaria Bárbara Jaureguiberry, quien a su vez contó con la colaboración de Juan Carlos Thill, hermano de Guillermo Bellingi.
Además, en el fallo se indicó: “No solo se trataba de adquirir un inmueble con bóveda, cochera y auditorio. Debía ser un edificio señorial, de época… En ese marco, a los pocos competidores que las primeras exigencias imponían, las últimas terminaban por eclipsar. Así, se eliminaban los rivales que podían disputar la licitación al inmueble de Juan Domingo Perón 667”.
Los camaristas consideraron que hay una “ausencia de perjuicio económico a la administración” porque los valores en los que se adquirió el inmueble son lógicos.
“Si bien el Tesoro público pudo no haberse lesionado, sí lo hizo la moral y ecuanimidad con la que debe actuar la administración pública. Esa es la nota característica del delito de negociaciones incompatibles con la función pública”, indicó el fallo del tribunal.
Quedaron procesados, entonces, Alejandra Gils Carbó, Guillermo Bellingi, Adrián González Fischer, Bárbara Jaureguiberry y Juan Carlos Thill. A Gils Carbó y Guillermo Bellingi los consideró autores del delito por ser exfuncionarios, y a los demás procesados los calificó de partícipes necesarios.
Alejandra Gils Carbó renunció a su cargo en octubre del año pasado, acorralada por los intentos del oficialismo de destituirla, tras un fallo de la Justicia que habilitaba al Gobierno a removerla por decreto o a través de una votación en el Congreso.