Inquietud oficial por contener el grito de la calle
No fue casual que horas después de anunciado el nuevo acuerdo con el FMI, la primera fila del Gobierno y referentes del oficialismo, como Elisa Carrió, se preocuparan por descomprimir la tensión social. Dirigentes de una y otra extracción política, empresarios, sindicalistas y economistas coinciden en que el principal obstáculo para el éxito del plan de estabilización basado en el auxilio del organismo financiero internacional no es otro que la calle.
El acuerdo con el FMI busca despejar los interrogantes sobre la capacidad de pago de la Argentina, para lo cual será vital que, junto con la llegada de la ayuda internacional –que esta vez no será precautoria, sino de plena disponibilidad–, se cumpla a rajatabla la meta de déficit primario cero.
Un segundo objetivo es dar una fuerte señal tendiente a mostrar que existe verdadera vocación en el gobierno de Mauricio Macri por bajar la inflación. A tal punto que una de las mayores novedades del nuevo convenio con el FMI es disminuir a cero la emisión monetaria. Algo que, según advierten economistas y dirigentes de la oposición, podría profundizar la recesión en lo inmediato.
La clave para que el acuerdo funcione pasará entonces por la fortaleza del Gobierno para resistir las presiones políticas y sociales de cara a un año electoral.
Lo dijo con claridad el economista Miguel Ángel Broda en la reciente conferencia de FIEL: “Tenemos un tercio de probabilidades de que vayamos a la estabilidad macroeconómica. Hay una chance siempre que los conflictos sociales no nos hagan volver al populismo”.
Semejante visión, compartida por quienes comprenden que debemos estar tan lejos de la euforia como del pesimismo absoluto, encuentra una explicación en nuestra propia historia económica: desde 1950, el PBI per cápita de los argentinos creció la mitad de lo que creció en el resto de América Latina. Según Broda, la Argentina es el único país de la región que, habiendo sido rico, se hizo pobre. Una posible razón es que muchos argentinos y buena parte de su dirigencia no están persuadidos de que hay pocas cosas más progresistas que la estabilidad macroeconómica.
El temor a que la calle grite no es menor. Sobre todo cuando el nivel de pobreza ha crecido y se profundizará en los próximos meses de la mano del fuerte efecto inflacionario, que siempre golpea a los sectores más humildes. La previsión de un alza del costo de vida del 7% para septiembre y la fuerte probabilidad de que las tasas de interés sigan cerca del 60% hasta fines de este año, con su impacto en la cadena de pagos y el consumo, no hacen más que alimentar aquel temor.
No fue extraño que Elisa Carrió saliera a pedirles a gritos a los senadores que aprueben la ley de donación de alimentos, que Carolina Stanley aclarara que el acuerdo con el Fondo contempla la necesidad de cuidar a los sectores más vulnerables y que Dante Sica afirmara que nunca se ha cortado el diálogo con el sindicalismo que hace dos días paró el país.