Educar es no discriminar y dar un trato igualitario

Nuestra Constitución Nacional estableció ya en 1853 en su artículo 14 que “todos los habitantes gozan del derecho de enseñar y de aprender”. Y desde 2006 se extendió la obligatoriedad del sistema educativo desde los 4 años de edad hasta finalizar el secundario.

Sin embargo, los argentinos debemos admitir, con vergüenza, que el derecho de aprender solo lo gozan muy pocos en nuestra república. Más del 50% de los alumnos que inician su educación obligatoria no la terminan y dentro del marco de aquellos que sí logran finalizarla, la mayoría no aprenden y la injusticia educativa es mayúscula: los sectores más desfavorecidos no reciben los recursos presupuestarios que la ley manda y “la igualdad de oportunidades y de resultados educativos” se desvanece e incumple. Lo que implica una enorme discriminación.

¿Algunos se preguntarán por qué “discriminación”? Pues muy simple, porque en la Argentina, además de una muy baja calidad educativa general, le estamos dando un trato desigual e inequitativo a los alumnos de menores recursos.

La educación básica y obligatoria de nuestras leyes es una herramienta de equidad y, remarquémoslo, no puede ser de mala calidad para los que socioeconómicamente están mal y ser de mejor calidad para los que están bien. No, justamente, debería ser al revés: los mejores recursos para quienes menos tienen. Pero esto no ocurre en nuestro país. La realidad indica que estamos muy lejos de lograr equidad educativa: nueve de cada 10 alumnos de las escuelas más desfavorecidas no pueden resolver un ejercicio simple de matemáticas y seis de 10 no comprenden lo que leen.

Frente a esta dolorosa situación no podemos mantener un silencio cómplice. Hacerlo es traicionar los principios de nuestro sistema democrático. Si un Estado no corrige las consecuencias de la exorbitante desigualdad, parecería que hay una decisión de que aprendan solo los que “pueden” y de limitarse a “maquillar” de educación a aquellos que “por su cuna no pueden lograrlo”. Y esto es lo contrario a nuestros principios democráticos.

Hace dos meses llegamos a un límite: murieron dos personas, una docente vicedirectora y un asistente en una escuela de la provincia de Buenos Aires. La causa aparente fue el mal estado de la infraestructura y la no respuesta debida a los reclamos efectuados por la escuela. Pero la causa que no se visualiza no tiene que ver con la infraestructura, sino con la falta de toma de conciencia de la importancia de cuidar este derecho humano y constitucional al que antes hicimos referencia.

Tomemos lo ocurrido como una señal clara para cambiar. Para ello necesitamos una sociedad que reclame aprendizaje para todos, cumplimiento de la ley y búsqueda de consensos, no enfrentamientos. Aprender es un derecho de absolutamente todos los alumnos de nuestro país. Exijámoslo como prioridad nacional. Así lo dice la ley.

Presidente de Educar 2050 y miembro de la Red Reduca