Prisión preventiva para el exjuez Melazo y un barra platense

la plata. El exmagistrado está acusado de encabezar una organización criminal

Para la Justicia, el exjuez de Garantías de La Plata, César Melazo y el exjefe de la barra brava de Estudiantes, Rubén Orlando Herrera, alias “Tucu”, eran socios para el delito. Así lo determinó la magistrada Florencia Gutiérrez, que ordenó que Melazo y Herrera sigan detenidos al considerar que integraban una asociación ilícita con un exfiscal, policías bonaerenses, barrabravas y delincuentes que se dedicaban a asaltar viviendas cuyos dueños poseían dinero sin declarar.

Cuando la fiscal Betina Lacki indagó, hace más de un mes a Melazo, lo acusó de ser el presunto jefe de dicha asociación ilícita. Hasta la detención de Melazo, los investigadores judiciales abonaban la hipótesis de que el líder de la banda era el comisario inspector Gustavo Burztyn. Sin embargo, con la captura del exmagistrado, el grupo comenzó a conocerse como “la banda del juez”.

La presunción de los investigadores judiciales de que Melazo sería el jefe de la banda se fundó en una serie de escuchas telefónicas y testimonios en los que se menciona al “Flaco” o “César” como el sospechoso que autorizaba cuáles eran las casas que se asaltarían. Además, un testigo declaró que el nombre del exmagistrado fue invocado por un comisario, detenido en esta causa, en el momento planear robos.

Entre los elementos que fundaron la acusación de la asociación ilícita o banda, la representante del Ministerio Público tuvo en cuenta las reuniones en el quincho de la casa del comisario Burztyn, en las que participaron Melazo, Herrera, el mencionado jefe policial, el imputado Javier Ronco y varios uniformados. En una de esas cenas, convocada para festejar el Día del Amigo, se habría planificado el asalto contra la casa de un exintegrante del cuerpo técnico de Estudiantes. En ese robo, la banda se habría llevado varios millones de dólares, que supuestamente era dinero originado en la política y que el propietario de la vivienda no podía justificar. El robo se habría concretado a pesar de que hubo una posterior orden para que no se tocara la casa de ese director técnico.

Cuatro meses después de ese asalto, en noviembre de 2010, una parte de la banda acusó a Juan Roberto Farías, de haber robado la casa del director técnico, por iniciativa propia y sin autorización del grupo.

Farías fue asesinado el 1° de diciembre de ese año cuando algunos de los integrantes de la banda fueron a su casa para reclamar la devolución del dinero robado sin autorización.

Por el homicidio de Farías, fue detenido Adrián Manes, alias “Quichua”. Según consta en el expediente, el grupo delictivo había intentado fraguar la rueda de reconocimiento, pero la maniobra se frustró porque un grupo de veedores de la Procuración había concurrido a la fiscalía para investigar varias denuncias por irregularidades. Entonces, una vecina de Farías identificó a Manes en la rueda de reconocimiento y, actualmente sigue detenido como el único imputado del caso.

Tan grande era el poder de la banda que, hicieron borrar las grabaciones de las cámaras de seguridad del banco situado frente a la casa de Farías, en las que se veían los dos automóviles que usaron los autores del homicidio. La investigación de este asesinato estuvo frenada durante casi siete años hasta que la fiscal Lacki convocó a los detectives de la División Delitos Violentos de la Policía Federal, que juntaron las pruebas que permitieron detener al grupo formado por policías, delincuentes y un productor de seguros, primero y al exjuez, al exjefe barrabrava y a un exfiscal, hace poco más de un mes.

Sospechosos

El escándalo también involucró al juez del Tribunal de Casación penal bonaerense, Martín Ordoqui, quien fue acusado de supuesto tráfico de influencias. A partir de una serie de escuchas telefónicas, los investigadores abonaron las sospechas que Ordoqui, habría cobrado $500.000 para beneficiar al mencionado Ronco, acusado de un doble homicidio, con la prisión domiciliaria.

A raíz de esta denuncia, Ordoqui, que fue defensor de Aníbal Fernández cuando este era intendente de Quilmes, fue obligado a tomarse una licencia. También se enfrenta con un proceso de juicio político en el que, pasado mañana, se sortearán los integrantes del jurado de enjuiciamiento. Dos colegas de Ordoqui aparecen en la mira de los investigadores, aunque todavía no fueron imputados, por falta de pruebas.

Ayer, la jueza dispuso también la prisión preventiva de Enrique Petrullo, por tráfico de influencias y dictó el sobreseimiento y de Jorge Gómez de Saravia.