A 10 años de la denuncia, allanan las propiedades de De Vido
Es en una causa por presunto enriquecimiento ilícito
El juez Luis Rodríguez dispuso ayer el allanamiento de ocho propiedades del exministro de Planificación Julio De Vido, su esposa y sus hijos, en la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. La sospecha es que ellos podrían ser testaferros o beneficiarios finales de un supuesto delito. El expediente se abrió en 2008 y en sus idas y venidas estuvo muchas veces cerca de ser cerrado. Los procedimientos de ayer incluyeron el departamento de De Vido en la Avenida del Libertador de la Capital, su casa en Zárate y 16 lotes en Córdoba, en busca de rastros de cuentas y bienes.
El juez federal Luis Rodríguez allanó ocho propiedades del exministro de Planificación Federal Julio De Vido; de su mujer, Alessandra Minnicelli, y de sus hijos, Santiago, Facundo y Valeria De Vido. Todos ellos son investigados en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Los allanamientos incluyeron el departamento de la Avenida del Libertador 2275 y la casa de De Vido de Puerto Panal, en Zárate. También, inmuebles que están a nombre de sus hijos. La sospecha es que ellos podrían ser testaferros de su padre o beneficiarios finales de un supuesto delito.Losallanamientosordenados fueron, en total, en “siete inmuebles y 16 lotes”, dijeron fuentes del caso; los lotes pertenecen al departamento Punilla, en Córdoba.
La defensa de De Vido, preso en la cárcel de Marcos Paz, criticó ayer los operativos. Sostuvo que se ordenaron con la “banal excusa” de buscar documentos que podrían haber sido pedidos y entregados voluntariamente por el exministro y su familia, sin haberlos sometido a allanamientos que funcionan, en los hechos, como “un castigo a la intimidad y la imagen pública”.
Fuentes judiciales informaron a la nacion que el objetivo era secuestrar “evidencias, objetos, bienes, dinero y documentación” vinculados con “cuentas bancarias, escrituras, actas de sociedades, declaraciones juradas, extractos bancarios, recibos y contratos de alquiler” que puedan servir para “avanzar en el descubrimiento” de bienes.
Entre los argumentos para pedir los allanamientos, la fiscal del caso, Alejandra Mángano, hizo referencia a las novedades de la causa de los cuadernos, que darían cuenta del “movimiento de grandes cantidades de dinero en efectivo en los domicilios de los imputados”.
También, a los dichos de uno de los encargados del edificio de Libertador que, según consignó la fiscal, contó que vio movimientos de cajas fuertes, bolsos y mochilas días antes del allanamiento realizado en esta misma causa en 2016. Según él, se llevaron tres cajas fuertes del departamento del exministro.
Mángano afirmó además que hay elementos para creer que en los lotes de Córdoba, que están a nombre de Santiago De Vido, vive José María Escudero, que conduce un vehículo de la empresa Arcrop. Uno de los dueños de esa firma es Carlos José Mundin (de BTU), procesado y detenido en la causa de los cuadernos.
El expediente por enriquecimiento ilícito contra De Vido tiene más de diez años. Se inició en julio de 2008 y en febrero de 2009, el entonces juez Octavio Aráoz de Lamadrid sobreseyó a los imputados. Ese mismo año, la Cámara Federal confirmó los sobreseimientos, basada en que la apelación había sido mal planteada por el fiscal Guillermo Marijuan.
La única apelación en pie era entonces la de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, pero la Casación entendió que esa fiscalía no tenía atribuciones para apelar. El caso solo pudo reabrirse porque, en agosto de 2013, la Corte declaró que la FNIA sí tenía legitimación para recurrir.
Sin embargo, el caso no se reactivó de inmediato. En 2014, la Cámara Federal volvió a confirmar los sobreseimientos. Recién en 2015 la Casación los revocó y ordenó investigar la denuncia. La heredó entonces Rodríguez, que en 2016 dispuso los primeros allanamientos, previa autorización de la Cámara de Diputados, necesaria por los fueros de De Vido. En marzo de este año, la fiscal Mángano amplió el período de investigación y sumó a la lista de acusados al grupo familiar del exministro, luego de corroborarse –explicó– que sus hijos usaban la tarjeta de crédito de su padre.
Hoy, el análisis de los patrimonios ya no es hasta 2007; se extiende hasta 2015, cuando De Vido dejó el Gobierno. Su mujer, Minnicelli, también tuvo un cargo de responsabilidad durante el kirchnerismo en la Sindicatura General de la Nación.
Quejas de la defensa
La defensa de De Vido, encabezada por Maximiliano Rusconi, sostuvo que los allanamientos son “un nuevo atropello de la Justicia Federal autoritaria e ilegítima de estos tiempos”. Dijo que Rodríguez, además de mantener preso a De Vido en “una causa en la cual no ha hecho una sola actividad de investigación relevante” (la causa por los manejos de Río Turbio), dispone ahora estos allanamientos “con el claro objetivo de amedrentar a la familia” y “forzarlo a un hipotético quiebre y supuesto arrepentimiento”.