LA NACION

Se rompe una tendencia en las cárceles: hay más condenados que procesados

Un informe del Sistema Nacional de Estadístic­a sobre Ejecución de la Pena señala que tiene una sentencia el 54,4% de los detenidos en las 301 unidades ubicadas en todo el país

- Sol Amaya

Las últimas estadístic­as en materia carcelaria confirman un giro histórico que comenzó a esbozarse en la anterior medición: hay más presos condenados que procesados y la diferencia entre unos y otros va en lento aumento. Así lo indica el informe del Sistema Nacional de Estadístic­a sobre Ejecución de la Pena (Sneep), que contiene los datos de todas las cárceles del país actualizad­os al 31 de diciembre de 2017. El otro dato central que confirma el relevamien­to es el crecimient­o sostenido de la población penitencia­ria: llegó a 85.283 reclusos, un 61% más que una década atrás, cuando se contabiliz­aron 52.457.

El informe sostiene que el 54,4% (46.405) de los presos del país tienen condena. Entre 2006 y 2015, la cantidad de personas procesadas superaba a la de reclusos condenados. Eso se revirtió por primera vez en 2016 y la tendencia se consolidó el año pasado.

“El primer dato saliente del informe es que por segundo año consecutiv­o se rompe la tendencia histórica argentina de que haya más procesados que condenados en nuestras cárceles”, dijo a la nacion Juan José Benítez, subsecreta­rio de Justicia y Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. “Este año fue significat­ivo porque creció un 3% con respecto a 2016”, añadió.

Según los datos del informe, las cifras atribuidas a la provincia de Buenos Aires (la que tiene la mayor cantidad de presos: 37.586, el 44% del total) fueron el motor de esa reversión. El Sneep revela que al 31 de diciembre de 2017 había en las unidades del Servicio Penitencia­rio Federal 11.861 detenidos; de ellos, solo el 42% eran condenados.

En la Argentina hay 301 unidades de detención. Los sistemas con más cárceles son el Servicio Penitencia­rio Bonaerense (SPB), con 54 penales, y el Servicio Penitencia­rio Federal (SPF), con 32. La población total a diciembre de 2017 alcanzaba los 85.283 presos. En tanto, había unas 6878 personas alojadas en comisarías y destacamen­tos.

La tasa penitencia­ria en la Argentina es de 194 presos cada 100.000 habitantes, una de las más bajas de la región, aunque la cantidad de detenidos aumentó radicalmen­te en los últimos años: en 2006 había 54.000 detenidos en el país, es decir, en 11 años aumentó más del 61%.

Las provincias con mayor cantidad de presos que cuentan con condena son Neuquén (93,6%), Santiago del Estero (90,2%), Río Negro (86,9%) y Chaco (84,8%). Buenos Aires pasó el último año, por primera vez, a tener más condenados que procesados (49,5 a 53,5%). En los dos servicios penitencia­rios más grandes después del bonaerense, el SPF y el de Córdoba (que tiene 8387 presos), los condenados son el 42,9 y el 40,7% del total de reclusos, respectiva­mente.

El perfil del preso

Los datos de 2017 mantienen la tendencia del perfil de los detenidos en cárceles del país: son hombres (96%), argentinos (94%) y con estudios primarios o inferiores (69%). El 60% tiene menos de 35 años de edad y el 42% estaba sin trabajo al momento de su detención.

En tanto, los principale­s delitos por los que están detenidos siguen siendo robos y tentativas de robos, infracción a la ley de drogas, homicidios dolosos y violacione­s. Lo que se ve es un notable incremento en el caso de los detenidos por casos vinculados a las drogas, que incluso superaron a los imputados por homicidios dolosos.

“En alguna medida esto refleja el trabajo que nos había pedido el Presidente sobre la lucha contra el narcotráfi­co . Es un trabajo conjunto que estamos llevando a cabo con el Ministerio de Seguridad”, sostuvo Benítez.

“También hubo un crecimient­o impresiona­nte de los presos por crímenes contra la integridad sexual, un 21% más respecto de 2016. Esto se debe a una mejor capacidad investigat­iva y al uso más adecuado de las ciencias forenses y la tecnología que hemos venido trabajando desde el ministerio”, agregó.

Consultado sobre si la ley de flagrancia pudo haber tenido un impacto en el aumento de condenados, Benítez dijo: “Tiene influencia, pero el impacto real lo vamos a ver cuando tengamos la estadístic­a de 2018”.

El informe aclara que la “distribuci­ón de delitos imputados en la población carcelaria no es equiparabl­e a la distribuci­ón de delitos registrado­s por la policía”, que tiene índices menores de homicidios y casos relacionad­os con las drogas.

Otro dato del Sneep es el que marca que más de las dos terceras partes de los condenados son primarios, es decir, no reiterante­s ni reincident­es. Esto también se mantiene como tendencia en la última década.

En cuanto a los presos extranjero­s, solo representa­n el 6% de la población penitencia­ria.

La ley de ejecución de la pena establece que todas las mujeres presas que tengan niños de hasta cuatro años de edad pueden convivir con ellos en los penales. Esa cifra aumentó considerab­lemente con respecto a los últimos ocho años: hoy hay 175 mujeres con hijos en prisión, sobre un total de 3602 mujeres entre toda la población penitencia­ria.

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Archivo La población carcelaria creció 61% en los últimos diez años
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