El costo de los votos santiagueños
Es necesario que el gobierno nacional no se deje extorsionar por arcaicos caudillejos alejados del cambio que nuestro país demanda
El ministro del Interior visitó, días atrás, a los gobernadores de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y de Tucumán, Juan Manzur, en busca del voto de los legisladores nacionales de esas provincias necesarios para aprobar el presupuesto 2019. Curiosamente, Rogelio Frigerio no fue a dialogar con los senadores y diputados nacionales de tales distritos, sino con los mandatarios provinciales, aun cuando el presupuesto que fija los gastos y recursos para el funcionamiento del Estado nacional es una atribución del Congreso y no de los gobernadores.
Es un secreto a voces que los legisladores nacionales del oficialismo santiagueño se subordinan a las órdenes del gobernador Zamora y que esa actitud genuflexa ha sido premiada con sucesivas reelecciones.
El mandamás provincial habría prometido al ministro Frigerio aprobar el presupuesto, pero le notificó también que iniciará acciones contra el Estado nacional por la eliminación del fondo sojero.
Santiago del Estero representa el 2,2% de la población del país y recibe más del 4% de la coparticipación secundaria. La recaudación propia cubre una ínfima parte del presupuesto provincial. A pesar de los cuantiosos recursos que recibe de la Nación y del enorme empleo público que allí anida, los índices de pobreza en el conglomerado urbano Santiago-La Banda alcanzaron el 44% con un 8,8% de indigencia, ubicando a la provincia en el peor lugar de todas.
La pobreza es notablemente mayor en el interior provincial, donde a los bajos ingresos se suman la falta de acceso al agua potable, a la salud pública y a una educación elemental de calidad. Hay un bajísimo nivel de institucionalidad; las libertades y los derechos de propiedad distan de ser garantizados, al tiempo que los poderes Legislativo y Judicial son meros apéndices del Ejecutivo provincial.
Debemos lamentar también el destino asignado a los formidables fondos recibidos, mayormente volcados a obras de baja rentabilidad social, como oficinas burocráticas, las llamadas Torres Gemelas, canchas de golf y hoteles estatales; todo esto debidamente adornado con sobreprecios en oscuras maniobras. En localidades del interior se han construido hospitales, pero sin suficientes médicos o personal de paramédicos y enfermería, al igual que diques en ríos sin agua como el de Villa La Punta. Muchas de las empresas constructoras que operan en la provincia figuran en la causa de los cuadernos, siendo esta provincia una de las elegidas por el exministro de Planificación Julio De Vido para su plan de saqueo. También es evidente en Santiago el tan sospechoso como injustificado salto en el nivel de vida de funcionarios del gobernante Frente Cívico.
A todo esto se suma la evidente complicidad con el flagelo del narcotráfico, que ha justificado que la provincia sea conocida como el “portaaviones de la droga”, merced a la falta de los debidos controles de la policía provincial y la sospechosa tolerancia de la Justicia Federal. Personal de Gendarmería secuestró recientemente 424 kilos de marihuana “bombardeados” desde una avioneta a un campo santiagueño.
No hay motivos para que Santiago del Estero, al igual que otros distritos como Formosa y Tucumán, sea una provincia condenada a la pobreza. Sus posibilidades serían enormes si el conjunto de sus habitantes se dispusiera a exigir la calidad institucional propia de un Estado provincial decidido a terminar con la complicidad entre políticos y empresarios que prosperan gracias a sus vinculaciones con el poder y que son agentes de dispendio y corrupción.
Gobiernos de marcado corte feudal como los que aquí nos ocupan explotan inescrupulosamente la pobreza de los propios coprovincianos, malversando los recursos que nunca volverán a quienes más los necesitan. La exclusión expulsa a muchos que se ven forzados a emigrar al conurbano bonaerense para sobrevivir, forzando también así el desfinanciamiento de la provincia de Buenos Aires, con casi cuatro millones de pobres en el conurbano, y con serias dificultades para afrontar estos problemas dado que su coparticipación es muy baja a pesar de ser la que más contribuye a generar los recursos fiscales federales.
Es de esperar que el gobierno nacional no se deje extorsionar por arcaicos caudillejos alejados del cambio que nuestro país demanda. Son necesarias la modernización y las reformas para que los Estados provinciales puedan contribuir a erradicar la pobreza y facilitar la inclusión. No nos cansaremos de repetir que la escasez de recursos es solo una arista de un problema cuyo verdadero origen radica en figuras largamente instaladas en el poder que logran sostenerse con prácticas clientelistas y prebendarias que priorizan su beneficio personal a costa del bien común.