La suba extra del gas la asumirá el Estado en 30 cuotas
El gobierno revisó la decisión de traspasar al usuario el efecto de la devaluación
Cuando se acercaba a un nuevo episodio de tensión política, el Gobierno decidió ayer que los aumentos adicionales en la tarifa del gas para cubrir el efecto de la devaluación los asumirán el Estado y las empresas, en lugar de los usuarios.
El giro buscó detener la escalada opositora, que había convocado a una sesión especial en la Cámara de Diputados para derogar la suba extra, y hacer lugar a la reconsideración que le pedían al presidente Mauricio Macri sus socios radicales.
Según se negoció con las empresas, el Estado pagará la parte del retroactivo que le corresponde en un plan de 30 cuotas, que empezarían a saldarse en el último tramo de 2019.
Macri aceptó ceder ante el riesgo de que la batalla por las tarifas entorpeciera el tratamien- to del presupuesto, vital para el plan económico. El cambio se discutió con la oposición para desactivar la sesión especial.
Anoche se avanzó, además, en un nuevo marco regulatorio para que en adelante la actualización de las tarifas dolarizadas sea pactada entre el Gobierno y las empresas, en lugar de trasladarla directamente a los consumidores.
Luego del rechazo unánime de la oposición, una situación que hacía peligrar la aprobación del presupuesto 2019, y de las críticas de buena parte de sus aliados radicales, el gobierno de Mauricio Macri decidió ayer volver sobre sus pasos y que el Estado se haga cargo de los aumentos adicionales en la tarifas del gas que debían pagar los contribuyentes a partir del año que viene.
La tensa situación planteada por el peronismo, que junto al resto de los bloques opositores en el Congreso se disponía a sesionar para anular la resolución de la Secretaría de Energía que promovía los aumentos retroactivos, motivó el cambio de postura del oficialismo, que decidió que sea el Estado, y no los consumidores, el que se haga cargo de los costos de la reciente devaluación del peso.
Altas fuentes del Gobierno confirmaron a la nacion que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, fue quien les comunicó al senador peronista Miguel Ángel Pichetto y a los jefes de bloques opositores de la Cámara de Diputados la novedad sobre la modificación de los planes de la Casa Rosada. En lugar de 24 cuotas a cargo de los contribuyentes, el Gobierno propone que el Estado pague la diferencia en 30 cuotas a partir de octubre de 2019, es decir, el mes de las elecciones presidenciales.
Frigerio llegó al Senado acompañado por su segundo, Sebastián de Luca; los jefes de Cambiemos en el Senado (Federico Pinedo, de Pro, y Luis Naidenoff, en el Senado). El encuentro y la rectificación no pudieron evitar la sesión especial pedida por la oposición al Gobierno para derogar los aumentos, aunque dejaron en duda las medidas judiciales pedidas por el fiscal Guillermo Marijuan contra el secretario de Energía, Javier Iguacel, promotor de la suba.
Las críticas al secretario de Energía, aun dentro del propio oficialismo, se volvieron más y más fuertes con el correr de la tarde y los rumores de su eventual renuncia fueron desmentidos por los voceimporta ros del Gobierno. La reacción de la UCR, que propuso anteayer por la noche dividir costos entre las empresas productoras y el Gobierno fue el inicio de la salida del laberinto del oficialismo, donde por lo bajo se alzaban críticas hacia los aumentos.
Iguacel, según informaron en el Gobierno, consensuó el cambio con las empresas de energía, mientras Frigerio lograba el aval político luego de una reunión matinal con el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
A pesar de las desmentidas oficiales, era un secreto a voces que el conflicto por el aumento hacía peligrar el apoyo del PJ al presupuesto.
“El presupuesto es lo único que en este momento”, se sinceraron cerca del jefe de Gabinete. El presupuesto del año próximo, consensuado con el FMI en lo que hace a sus metas de achicamiento del gasto a cero, inflación y precio del dólar, es considerado fundamental para el Gobierno en su búsqueda de estabilidad económica de cara al último año de gestión y las elecciones de octubre de 2019.
En el Gobierno aclararon hasta el cansancio que no se trató de una “marcha atrás”, sino de un “consenso entre oficialismo y oposición” para que “no sea la gente la perjudicada”. De todos modos, unas horas atrás, en Olavarría, fue el propio presidente Mauricio Macri quien defendió los aumentos al hablar con una radio local.
“Soy el primero en entender lo que significa y lo que cuesta pasar de que te dijeran que la energía no costaba nada y asumir que ahora cuesta y que hay que pagarla. La postura [del gobierno anterior] hizo que nos quedáramos sin energía”, dijo el Presidente a Radio M, de esa localidad bonaerense, a la que el Presidente llegó con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso.
A las 13, el Presidente llegó al Salón de las Palmeras de la Casa Rosada, donde un grupo de jóvenes músicos del interior, ganadores del concurso Vamos las Bandas y dirigidos por Lito Vitale, entonó “Himno de mi corazón”, de Los Abuelos de la Nada. Con huellas de cansancio en el rostro y paso lento, Macri se permitió allí bromear con los jóvenes. A la misma hora, Frigerio y De Luca negociaban con el PJ el giro oficial.
“No cambió demasiado, porque la diferencia la va a poner el Estado desde la recaudación, va a salir de otro lado que se va a tener que ajustar”, afirmó un importante vocero, y recordó que la compensación a las empresas privadas de gas fue establecida por ley en 1992. “Los mismos peronistas que nos critican son los que votaron la ley”, agregaron las fuentes, en referencia a la expresidenta Cristina Kirchner y varios dirigentes del kirchnerismo.
la sociedad. “Me preocupa no encontrar el piso de los errores no forzados”, describió un asesor todoterreno.
El primero en advertir que la medida que se publicó en el Boletín Oficial el último viernes iba a generar múltiples conflictos fue el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. La principal preocupación era por el impacto que tendría en la discusión sobre el presupuesto, que está “al límite”. Así lo hizo saber en una reunión con el jefe de Gabinete, Marcos Peña; la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.
Monzó expuso con vehemencia los problemas que traería la situación. El ministro coordinador lo escuchó, pero defendió la medida que impulsó Iguacel. “Fue una discusión fuerte. Emilio dijo lo que tenía que decir y a Peña no le gustó”, reconocieron fuentes oficiales.
Horas más tarde, como anticipó el presidente de la Cámara baja, llegaron los primeros movimientos de la oposición en el Parlamento, que se puso de acuerdo para rechazar la medida. Ahí se encendieron las alarmas. Finalmente, anteayer, la Unión Cívica Radical (UCR) presentó un proyecto para modificar la resolución.
En ese contexto, el Gobierno entendió que avanzar con esa decisión resultaría un problema mayor.
A partir de ahí se pusieron en marcha los resortes para bajar el tono de la sesión que el peronismo preparó ayer. Frigerio les comunicó la novedad al senador peronista Miguel Pichetto y a los jefes de bloques opositores de la Cámara de Diputados. Así, desactivó la sesión especial pedida por la oposición para derogar los aumentos.
Ayer, en la Casa Rosada, Iguacel se transformó en el centro de todas las miradas. Pero, pese a la presión, en una conferencia de prensa que dio por la tarde en la Casa de Gobierno, el secretario de Energía descartó categóricamente la posibilidad de renunciar.
El malestar que despertó Iguacel llegó hasta Indonesia, adonde viajó Nicolás Dujovne, su jefe. Es que, al igual que los encargados de negociar con la oposición el presupuesto, según pudo saber la nacion, el ministro de Hacienda también tomó conocimiento de la resolución una vez publicada en el Boletín Oficial.
Ayer, tras la crisis política que causó, el responsable de Energía anunció que el Gobierno se hará cargo de los $20.000 millones que se les adeudan a las empresas, pero anticipó que les pedirá un año de gracia y se sentará a negociar con las firmas un nuevo marco regulatorio –el actual es de 1992– para exceptuar a los usuarios por los cambios en el tipo de cambio.