Macri y la costumbre de repetirse

El Gobierno retrocedió ayer en su decisión de imponer a los consumidores de gas, a partir del próximo enero, una factura adicional, a pagar en cuotas, para compensar a las empresas distribuidoras por el costo que derivó de la devaluación de la moneda. Ahora ese gasto correrá por cuenta del Estado, que reparará a las compañías en 30 cuotas, entre octubre del año próximo y octubre de 2021. La propuesta original y su anulación son un compendio del modo en que Mauricio Macri acostumbra a equivocarse. El saldo es, otra vez, un mayor deterioro de su capital político. Y una nueva exposición de su falta de empatía con los demás integrantes de Cambiemos.

La revelación más llamativa del episodio es la falta de memoria con la que opera el gabinete. Volvió a olvidarse de comunicar a la UCR una decisión que cobija un daño electoral, sobre todo en la base social de ese partido. Según una encuesta de Raúl Aragón, entre quienes se declaran enojados con la administración, 23% pertenecen a los sectores medios; 12%, a los altos, y 5%, a los bajos. Entre quienes le creyeron y ya no le creen, 19% son de clase media; 9%, de clase alta, y 6%, de clase baja. Esta clasificación es indispensable para entender la conducta de los radicales y de Elisa Carrió. Ayer, el senador Ángel Rozas emitió este victorioso tuit: “Los radicales lo logramos: el Estado se hará cargo”. Le dio la razón a Borges: “El argentino no se identifica con el Estado. Esto puede deberse a que, en este país, los gobiernos suelen ser pésimos, o a que el Estado es una inconcebible abstracción”.

Macri armó y desarmó mesas de coordinación con sus aliados. Pero en las grandes encrucijadas evita consultarlos. La desmemoria es más sorprendente porque remite al costo de los servicios públicos, por el que, hace seis meses, tuvo otro encontronazo con la UCR. La dinámica de los últimos días recuerda la de entonces: cuando descubren esa divergencia interna, los peronistas radicalizan su oposición. Es increíble la capacidad de Macri para lograr que la historia se repita.

Hay otros desperfectos asombrosos. Javier Iguacel se inoculó un problema ajeno. El Enargas podía aplicar el resarcimiento a las distribuidoras. Pero, con picardía, consultó al secretario de Energía. Y este entró por el aro. Emitió una resolución y absorbió el costo de la decisión. La oposición se ensañó con él, a pesar de que no fue quien determinó los aumentos. Iguacel, que fantasea con ser vicegobernador de Buenos Aires, habrá advertido que la energía no es la mejor plataforma para ese lanzamiento.

En esta malhadada peripecia quedó al descubierto otro engendro oficialista. La creación de “secretarías de Gobierno” para consolar a los que perdieron el rango de ministro. Iguacel dictó su resolución sin la intervención de Nicolás Dujovne, quien, en teoría, es su superior. Tampoco hubo consultas con las oficinas jurídicas de la Presidencia, que deben después correr de un tribunal a otro para evitar un alud de medidas cautelares.

Más allá de la insistencia del Gobierno en cometer estas torpezas, aparecen otras cuestiones relevantes en plena crisis. Es obvia la imposibilidad de atraer inversiones si las empresas se ven sometidas a un eterno vaivén regulatorio. También es evidente que los consumidores deben hacerse cargo del precio de la energía. Pero ¿el comienzo de una recesión traumática, después de una devaluación del 100%, es el mejor momento para promover ese “cambio cultural”? ¿No hubiera sido más aceptable soportar los reclamos de las distribuidoras y al cabo de ese pleito mantener, como se terminó haciendo, los subsidios?

Es cierto que esta opción altera la política fiscal pactada con el FMI. Sin embargo, la discusión con el PJ ya amenazaba la sanción del presupuesto. Hay otro interrogante delicado: si se les reconocían los mayores costos de la devaluación a esas compañías, ¿no se multiplicarían los pedidos por un seguro de cambio en otros sectores de la economía? Ayer, Iguacel adelantó un cambio normativo por el cual ese costo se discutirá entre productores y distribuidores. Dijo algo más inesperado: que esa solución ya había sido alcanzada. ¿Entonces por qué decidieron afectar a los usuarios? Otro detalle de Iguacel: a diferencia de Rozas, dijo que la nueva política la dictó “el Senado”.

La tormenta tarifaria reactivó, por si hacía falta, la enemistad entre Macri y Sergio Massa. Es el adversario más intransigente de los que militan en el PJ no kirchnerista. Tiene sentido. Massa está cada vez más cerca del sector energético. A tal punto que José Luis Manzano es poco menos que su jefe de campaña. Además, el encarecimiento de los servicios públicos afecta, sobre todo, a los consumidores del conurbano bonaerense. Por eso los subsidios son inequitativos: los contribuyentes de todo el país, aun los de regiones de menor consumo de energía, recompensan a los metropolitanos. La agresividad de Massa quedó expuesta en varios detalles.

No solo por el amparo presentado por sus legisladores, con Graciela Camaño a la cabeza. En la Casa Rosada atribuyen al jefe del Frente Renovador la inusual denuncia penal de Guillermo Marijuan contra Iguacel, que incluyó el pedido de una medida cautelar. A este fiscal se lo vincula con Massa desde que se desempeñaba en una oficina de control de la Anses. Marijuan actuó como simple ciudadano. Enfurecido, Macri encargó a su servicio jurídico que querelle a Marijuan por calumnias, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Es probable que esta acción quede suspendida. Pero la relación entre Marijuan y Macri quedó rota. El vínculo era mediado por el empresario Gabriel Hochbaum, íntimo amigo de Julio De Vido y adalid contra la trata de personas, a quien en Olivos atribuyen repetir esta consigna: “En marzo dejamos a Mauricio y vamos todos con Horacio”. Es el peor servicio que Hochbaum puede prestar a su amigo Rodríguez Larreta.

El recurso de amparo de Camaño y la extraña embestida de Marijuan prometían ser mortificantes. Se formularon en medio de una gran turbulencia judicial. En la Corte Suprema estalló un conflicto entre Ricardo Lorenzetti y su sucesor Carlos Rosenkrantz. Lorenzetti se quejó, en una extensa carta, de que Rosenkrantz intentara controlar las comunicaciones del tribunal. Para muchos expertos en ese microclima, fue un planteo precautorio para evitar que Rosenkrantz capture la Secretaría de Administración, a cargo de Héctor Marchi, mano derecha de Lorenzetti. Habrá que ver si la reunión de acuerdos de hoy ayuda a calmar los ánimos. Los reproches defensivos de Lorenzetti se conocieron cuando su censora más altisonante, Elisa Carrió, recriminó a Macri ser insensible a la lucha contra la corrupción. No hay dirigente de Cambiemos que no esté alarmado por ese distanciamiento. En medio de una fuerte recesión, sería pésimo para Macri que se dude de su convicción para producir un saneamiento institucional.

Desde la Casa Rosada ofrecieron a Carrió emitir varias señales que demuestren que el Presidente quiere terminar con la impunidad. Entre ellas, la posibilidad de que los bloques del oficialismo se sumen a su pedido de juicio político a Lorenzetti. ¿Macri comparte esa propuesta? ¿O aún cultiva a Lorenzetti?

A Carrió también le prometieron una acción vigorosa en una causa que ella había iniciado: la investigación del turbio desembarco de la familia Eskenazi en YPF de la mano de los Kirchner. Es un caso clave en la disputa con el fondo Balfour, en el que ese clan delegó un pleito multimillonario contra la Argentina en Nueva York. El expediente abierto a instancias de Carrió duerme en el juzgado de Ariel Lijo. Carrió está convencida de que los Eskenazi tienen una protección especial de Lijo y de otros magistrados de Comodoro Py. Innumerables indicios le darían la razón. Por ejemplo, la forma en que el juez Claudio Bonadio ignoró un informe de la Auditoría General de la Nación sobre la forma en que los Eskenazi se beneficiaron, a través de YPF, de las escandalosas compras de gas licuado organizadas por De Vido. Bonadio investiga esas operaciones.

Además de la Corte y de Comodoro Py, hay un tercer campo para la batalla de Carrió. El Consejo de la Magistratura. En las elecciones de los representantes de los abogados acaban de vencer las listas patrocinadas por Pro, por la UCR y por quien, según Carrió, mejor encarna la desidia de Macri en la lucha contra la corrupción: el binguero y presidente de Boca Daniel Angelici, uno de los gestores judiciales del Gobierno. Angelici ya controla a un consejero: el representante del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Mahiques. La diputada cuenta con un informe según el cual Angelici pretende ampliar su influencia en el organismo que designa y remueve a los magistrados. Aspiraría a que el representante de los diputados oficialistas, Pablo Tonelli, sea reemplazado por Daniel Lipovetzky o, si esto fuera demasiado escandaloso, por Jorge Enríquez. La animadversión de Angelici hacia Tonelli estaría, quizá, justificada. El diputado promovió la investigación de Lijo, cerrada por indicación del Ejecutivo. Lijo tramita la causa penal sobre el Correo y la familia Macri. El sobrino de Angelici, Fernando Rey, trabaja con Lijo. Tonelli, además, enjuició a Eduardo Freiler, quien, cuando aún era camarista, viajó a Brasil, en un vuelo chárter, acompañando a Angelici y el plantel de Boca para un partido de la Libertadores. Adivinanza: ¿habrá pagado Freiler su butaca?