Otro revés para el clan Fujimori: Keiko, detenida por el caso Odebrecht
La hija del expresidente fue puesta en prisión preventiva por presuntos aportes ilegales de la empresa a su partido
LIMA.– La líder opositora peruana Keiko Fujimori, que acorraló al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski hasta forzar su renuncia, en marzo pasado, por conflicto de intereses y “vacancia moral”, quedó detenida sorpresivamente ayer, acusada de recibir dinero ilegal para su campaña de la constructora brasileña Odebrecht.
La hija mayor del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) quedó bajo arresto preventivo por un período de diez días, en una decisión judicial que la tomó desprevenida tras haber acudido a la fiscalía a declarar por la causa.
La detención ocurrió a pedido de la fiscalía al final de la audiencia de Keiko, de 43 años, ante el juez Richard Concepción Carhuancho. Fue otra noticia catastrófica para la poderosa familia Fujimori, una semana después de que la Corte Suprema anulara el indulto del que gozaba su padre desde diciembre y ordenó la vuelta a prisión. El patriarca del clan se encuentra desde entonces internado en una clínica de Lima, donde fue ingresado tras sufrir una descompensación después de ser notificado de la medida, según sus médicos y abogados.
Keiko fue arrestada por agentes de la División de Alta Complejidad en un local de la fiscalía de lavado de activos a pocas cuadras del palacio presidencial en el centro de Lima, el mismo lugar que le fue dos veces esquivo tras perder las elecciones presidenciales de 2011 y 2016, siempre en segunda vuelta.
Giuliana Loza, la abogada que acompañó a Keiko a la audiencia judicial, calificó la detención de “atropello y abuso”.
“No existe elemento de convicción y prueba alguna en su contra, y no entendemos cómo un requerimiento abusivo, arbitrario, pueda haber generado que se recorte la libertad a Keiko Fujimori”, dijo Loza a la radio local RPP.
El fiscal de lavado de activos, José Domingo Pérez, atribuyó a Keiko liderar una “organización criminal” en el interior de su partido, que domina el Congreso, por recibir de Odebrecht 1,2 millones de dólares en la campaña de 2011, que finalmente perdió frente al exmilitar Ollanta Humala. Keiko llevaba meses bajo investigación, pero el pedido de detención se basa en nueva información recibida por la fiscalía de su par brasileña.
El Poder Judicial informó a través de Twitter que la orden de detención fue dictada “por fundados elementos de convicción que relaciona a los antes citados con el delito de lavado de activos, peligro de fuga y obstaculización de la investigación por los presuntos aportes de la empresa Odebrecht”.
La orden de prisión preventiva contra la líder de Fuerza Popular, el partido de derecha populista que domina el Congreso, incluyó a otras 19 personas, entre ellas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, dos dirigentes de la agrupación.
El cerco sobre Keiko comenzó a cerrarse con las confesiones el año pasado de un exjefe de Odebrecht en Lima, Jorge Barata, que además implicó a Yoshiyama y Bedoya como mediadores entre la billetera de la constructora y las arcas del partido. Las confesiones de Barata incluyeron también supuestos aportes a las campañas de otros candidatos en 2011: Ollanta Humala (2011-2016), Alejandro Toledo (2001-2006) y Kuczynski, que accedió al poder en las elecciones cuatro años después.
Todos ellos negaron haber recibido dinero de Odebrecht, empresa acusada de entregar dádivas a políticos y funcionarios en diferentes países latinoamericanos. Pero gracias a esas declaraciones y otras evidencias, el juez Concepción envió en su momento a la cárcel por 18 meses a Humala, y ordenó la captura internacional de Toledo, hasta ahora prófugo de la Justicia peruana en el exterior.
El exjefe de Odebrecht dijo que además del millón de dólares entregado a Yoshiyama y Bedoya, hizo otro aporte de 200.000 dólares para Keiko a través de la organización de cúpula de los empresarios peruanos, la Confiep, que se apresuró a desligarse de una trama que puede traer nuevos nombres.
La cúpula empresarial, que habría coordinado el aporte de varias empresas para impedir sin éxito que ganara Humala en 2011 –de quien se estimaba cercano al modelo nacionalista de izquierda que enarbolaba el chavismo–, se defendió señalando que “siendo un gremio empresarial, no apoya campañas ni partidos políticos”.
El marido de Keiko, el estadounidense Mark Vito, que está incluido en las investigaciones, dijo ayer que la medida “es un abuso”. “Es un exceso más de parte del fiscal, es una prueba de su desesperación. Mi esposa ha sufrido 18 años de una persecución política, siempre ha colaborado con la Justicia, pero hoy día detenerla de esta manera completamente innecesaria prueba que esta injusticia ha llegado a su punto máximo”, afirmó.