Fue culpado por la corrupción, pero no por las muertes
Julio De Vido perdió su estado de inocencia. Es culpable. No se lo condenó como responsable por las 51 muertes de la tragedia de Once, pero sí se consideró necesaria su participación para que los empresarios realizaran una gigantesca defraudación contra el Estado al no controlar el destino de los fondos que recibía la firma TBA, que manejaba el ferrocarril Sarmiento. Los jueces no encontraron probado, con la certeza que exige una condena, que había una conexión entre el descontrol que existía sobre el destino del dinero que recibían los empresarios y el choque del tren contra la estación de Once que dejó 51 muertos y más de 700 heridos. Lo absolvieron así por el beneficio de la duda por el delito de estrago culposo (es decir sin intención) y lo condenaron como partícipe de una defraudación contra la administración pública.
La diferencia técnica jurídica, una sutileza, es lo que separa a De Vido de una condena de 10 años de cárcel de otra de 5 años y 8 meses de prisión, que es la que recibió y que representa casi la máxima sanción por el delito de fraude contra la administración pública. Se la impusieron los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y María Gabriela López Iñíguez. Los tres magistrados votaron de manera unánime, en un único voto, para imponer la condena de este modo.
La lógica es la siguiente: hay dos hechos separados, por un lado, el estrago culposo seguido de muerte, es decir un tren que sin control se estrelló contra el andén y provocó una tragedia sin intención, y por el otro, el desvío de fondos que hicieron los empresarios del dinero que recibieron del Estado para tener los trenes en perfectas condiciones.
En el primer juicio por la tragedia de Once se probó que el dinero fue a parar a comprar muebles de lujo, patrocinios de coches de carrera o pasajes a destinos exóticos, entre otros desvíos, cuando no terminaron en manos de los propios empresarios. El fallo no se refiere al destino de los subsidios, que se investiga en otra causa y que, a juzaccidente gar por el caso de los cuadernos, retornaban a los funcionarios, sino al dinero que recibió la empresa del Estado para hacer inversiones que no hizo.
Los jueces analizaron si hubo responsabilidad de De Vido en cada uno de estos dos hechos. Y concluyeron que De Vido omitió controlar el destino del dinero que recibían los empresarios. Sin embargo, descartaron que el exministro hubiera realizado alguna acción para provocar las muertes y también desecharon que su omisión ante el desastroso estado de los trenes hubiera causado la tragedia. Le aplicaron el beneficio de la duda. No tuvieron certezas de ello.
Por el contrario, para las querellas, los familiares de las víctimas y el fiscal Juan García Ellorio, De Vido estaba al tanto de todo y no hizo nada para evitar las muertes, omisión que lo hace responsable. Los familiares de las víctimas se fueron conformes, pero de todos modos apelarán la condena para que se extienda a los dos delitos.
En una organización como el Estado donde hay tanta distancia entre la cabeza de la organización y el hecho, y en medio decenas de funcionarios y empresarios, los jueces entendieron que la responsabilidad por la falta de control en las formaciones le correspondía a ellos, a los que ya fueron condenados en el primer juicio por Once: los secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y los empresarios que manejaban la empresa ferroviaria. Todos están presos. El tribunal tuvo ante sí otras tragedias dolosas: la de Cromañón, donde el exjefe de Gobierno Aníbal Ibarra ni siquiera llegó a juicio oral por las 194 muertes del boliche incendiado en 2004; la del de LAPA, donde murieron 65 personas en 1999 por un avión que se estrelló al despegar en Aeroparque y el dueño de la empresa fue sobreseído, o las muertes del 19 y 20 de diciembre de 2001 en Plaza de Mayo, por las que el expresidente Fernando de la Rúa fue sobreseído.
En un panorama de noticias judiciales diarias y estruendosas, donde un procesamiento se iguala en jerarquía informativa a una simple denuncia o a un inicial llamado a indagatoria, aquí estamos ante un estadio superior del proceso penal: se llegó a una condena tras un juicio oral.
El estado de inocencia de De Vido desapareció. En los tribunales, se lo vio por circuito cerrado de TV escuchando su sentencia sentado en una salita de la prisión de Marcos Paz. No quiso dar la cara y exponerse al insulto de los familiares que lo esperaban en Comodoro PY 2002. Es culpable de haber defraudado al Estado.
Lleva menos de un año preso procesado por la causa de defraudación al no haber completado las obras en el Yacimiento de Carbón de Río Turbio, en la Patagonia, y tiene prisión preventiva como organizador de la asociación ilícita que comanda Cristina Kirchner para recaudar dinero de los empresarios que querían seguir haciendo obras públicas.
Cuando cumpla dos tercios de la condena de 5 años y 8 meses que le fue impuesta podrá salir en libertad condicional, pero para ese momento se descuenta que ya tendrán sentencia otros juicios en su contra. Hay tres casos ya elevados a juicio oral, está procesado en otros media docena de expedientes y bajo investigación en otras ocho causas más. El año próximo, el 26 de diciembre, cumplirá 70 y estará en condiciones de pedir la prisión domiciliaria. Es un beneficio cuyo otorgamiento no es obligatorio para los jueces. De Vido pasó a integrar el exclusivo club de los exfuncionarios kirchneristas condenados por corrupción: Amado Boudou a 5 años y 10 meses de prisión; Ricardo Jaime a 8 años de prisión, Juan Pablo Schiavi a 5 años de prisión y Felisa Micheli a tres años de prisión en suspenso. Solo esta última tiene una condena firme, los demás están esperando que la Corte resuelva.
Por primera vez, De Vido perdió su estado de inocencia
Lleva menos de un año preso por el desvío de fondos en Río Turbio