Resuelven hoy si confirman la condena contra Menem por los sobresueldos
Un juez votará por absolverlo, por haber transcurrido un plazo razonable, y es una incógnita el voto de las otras dos juezas; investigan quién demoró la causa de las armas
La Cámara de Casación anunciará hoy si confirma la condena a cuatro años de prisión contra el expresidente Carlos Menem por pagar sobresueldos en sus gobiernos.
Uno de los jueces del tribunal, Eduardo Riggi, se pronunciará por absolver al expresidente por el paso del tiempo, como ya lo hizo en la acusa del contrabando de armas a Ecuador y Croacia. En tanto, es un misterio cómo votarán las otras dos juezas del tribunal, Ana María Figueroa y Ángela Ledesma.
Si se confirma la condena, Menem podría ir preso, siempre y cuando la Corte Suprema de Justicia deje firme el fallo, lo comunique al Senado y los senadores decidan quitarle los fueros que protegen a su colega. El expresidente, de 88 años, no iría a la cárcel, dado que por su edad y su estado de salud cumpliría la condena en su casa.
Riggi apelaría a las mismas razones que esgrimió en la causa sobre las armas para votar por la absolución: que se está frente a un hecho de 1992 y que se cumplió un plazo razonable sin que la Justicia le pueda dar al acusado una certeza, por lo que corresponde la absolución.
En Tribunales, se especulaba con que la jueza Ángela Ledesma podría acompañarlo, dado que en otras causas recogió el mismo principio para defender la garantía del imputado de ser juzgado en un plazo razonable. Sin embargo, a última hora estas suposiciones se diluyeron. La jueza Figueroa votaría contra Menem.
La defensa del expresidente tuvo una activa intervención sobre la vocalía de la jueza Ledesma para tratar de conseguir un voto favorable. El abogado Luis Daer presentó un escrito, en el que aseguró que Ledesma había fallado sobre la base del mismo principio en una causa reciente para decidir la absolución del gobernador de Córdoba Juan Schiaretti.
Menem se encontraba condenado en otra causa, la del contrabando de armas, pero la semana pasada la propia Casación, en un fallo que lleva la firma del juez Riggi, lo absolvió por el mismo principio del plazo razonable. Los otros dos jueces que votaron en esa oportunidad fueron Liliana Catucci, que acompaño a Riggi, y Carlos Mahiques, quien planteó sus propios argumentos.
En ese fallo de la semana pasada, los jueces denostaron a todos sus colegas que habían intervenido con anterioridad en la causa. Cuestionaron la instrucción, que demoró siete años, y criticaron con dureza a los jueces del tribunal oral, que se tomaron otros ocho años para una investigación suplementaria y tres más para llevar adelante el juicio oral y público que terminó con una absolución. Incineraron a sus colegas de la propia Casación que revisaron con anterioridad la absolución. Advirtieron que cometieron decenas de errores técnicos y que hasta inventaron un tipo penal inexistente para forzar una figura de contrabando. Los camaristas se erigieron en jueces de sus propios colegas y los aniquilaron.
Sin embargo, a pesar de tanta virulencia, no mencionaron quiénes fueron los responsables de las demoras y mucho menos quiénes enviaron los antecedentes al Consejo de la Magistratura para que los investiguen por esas acciones, que denominaron desidia y desinterés.
Para salvar esa omisión, el exconsejero Alejandro Fargosi denunció a los jueces que tramitaron la causa. Los acusó de mal desempeño y pidió una investigación para identificar a los responsables y promoverles juicio político.
El diputado Mario Negri, consejero de la Magistratura, recogió el guante y pidió realizar una auditoría profunda sobre lo acontecido con la causa del contrabando de armas en los 23 años que pasaron desde que se inició hasta ahora que terminó con una absolución, Solo la intervención de la Corte Suprema de Justicia puede rever esta decisión.
En su escrito dirigido al presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, en el que pide una auditoría, Negri dijo que es necesario investigar “a los diversos órganos jurisdiccionales que intervinieron en el proceso por los hechos de gravedad institucional que significaron las demoras y deficiencias” del proceso.
Dijo que la absolución de Menem provocó conmoción social, al igual que el tiempo que transcurrió una sentencia firme.
Negri pidió que se designen auditores para que analicen los 300 cuerpos de expediente y se identifiquen a los diferentes actores judiciales que intervinieron, los plazos que se tomaron para resolver y determinen si hay demoras que merezcan una sanción.