El caso de Aníbal Fernández
Pese a que debería ser investigado en varias causas, el exjefe de Gabinete aún permanece como uno de los intocables del anterior régimen
Cuando el Tribunal Oral Nº 1 de La Plata condenó días atrás a Martín y Cristian Lanatta y a Víctor Schillaci a siete años y seis meses de prisión por hallarlos culpables de robo, privación de la libertad y fugarse de la cárcel de General Alvear en 2015, fue más allá y también ordenó que se investigara al exjefe de Gabinete Aníbal Fernández, al exgobernador bonaerense Daniel Scioli y a otros exfuncionarios para que se establezca qué responsabilidad les cupo en los preparativos de aquella sonada evasión.
En su sentencia, el juez Juan José Ruiz sostuvo que “la fuga jamás se hubiese producido sin la colaboración de las más altas jerarquías del Servicio Penitenciario Bonaerense y del poder político”. Si bien la huida de los hermanos Lanatta y de Schillaci se produjo tras la asunción del gobierno de María Eugenia Vidal, se propicia la investigación de funcionarios kirchneristas que habrían podido facilitar la triple fuga.
Corresponde ponderar la firme y valiente actitud del magistrado, quien no se circunscribió al hecho en sí de la fuga, sino que analizó sus peculiares características hasta concluir que la evasión fue decidida y concretada con la insoslayable intervención del más alto nivel político del ámbito bonaerense y del nacional.
La actitud del juez constituye otra señal de que toca a su fin la larga e inexplicable impunidad que durante tantos años caracterizó la anterior gestión. Es de esperar que otro tanto suceda con Aníbal Fernández, quien hasta ahora pareciera estar blindado frente a la acción de la Justicia.
Durante el juicio oral, los hermanos Lanatta acusaron a Fernández de haber sido el autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez, puesto que el exjefe de Gabinete procuraba quedarse con el negocio del tráfico de efedrina. En su defensa, los hermanos Lanatta afirmaron que escaparon de la prisión para salvar sus vidas.
En el momento de escuchar la sentencia, los tres delincuentes se encontraban cumpliendo una condena de prisión perpetua por los homicidios de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, cuyos cadáveres aparecieron en General Rodríguez en agosto de 2008. Los tres estaban vinculados con el tráfico de efedrina.
Además, Forza fue, con 200.000 pesos, uno de los aportantes de mayor peso para la campaña presidencial de Cristina Kirchner en 2007, un año antes de haber sido asesinado junto a Bina y Ferrón.
Como afirmamos en esta columna hace cinco años, la aparición de los tres cadáveres sacó a la luz una oscura historia que combinaba efedrina, negociados, aportes a la campaña electoral y también vínculos con la mafia de los medicamentos. Pero por encima de todo ponía en incuestionable evidencia la ineludible complicidad del gobierno kirchnerista en ese cóctel delictivo en el que pronto surgió el empresario farmacéutico Esteban Ibar Pérez Corradi como uno de los autores intelectuales del triple crimen. Pérez Corradi se profugó al Paraguay, donde permaneció oculto gracias a la complicidad del kirchnerismo.
A tal extremo llegó la complicidad que, en medio de las investigaciones del triple crimen, el entonces intendente de General Rodríguez Marcelo Coronel ordenó que una topadora operara pocas horas después en el lugar del hallazgo de los cuerpos, pudiendo perderse así valiosas pruebas.
En su momento, y desde la prisión, Lanatta afirmó que Fernández fue el autor intelectual de los tres homicidios porque Forza se había convertido “en un estorbo para el negocio” de la efedrina. Similar testimonio brindó el expolicía José Luis Salerno, exsocio de Ferrón. Fernández ha negado su vinculación con el caso.
En su declaración, Lanatta agregó que conocía al exfuncionario y que trabajaba para su mano derecha, José Luis Meiszner, quien –al igual que Fernández– presidió el club Quilmes, y que por entonces recolectaban 10.000 dólares por trámites para “acceder a portaciones VIP de armas”, dinero que, según explicó, “era para la corona”. Alejandro Burzaco, ex-CEO de Torneos involucrado en el escándalo “Fifagate”, explicó que Meiszner, cuando fue secretario general de la Conmebol, habría cobrado un plus de 500.000 dólares.
Por el caso de la efedrina se encuentra procesado el entonces titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) Ramón Granero, históricamente enfrentado a Aníbal Fernández. Granero deberá afrontar un juicio oral junto con otros dos exfuncionarios de ese organismo, de acuerdo con lo resuelto hace pocos días por la Cámara de Casación. La Sedronar autorizó que las importaciones de efedrina aumentaran en un 1363% en solo cuatro años. Más del 85% de esa sustancia se empleó en la producción ilegal de drogas sintéticas.
Es sabido que durante los 12 años del kirchnerismo en el gobierno nacional el narcotráfico creció a pasos agigantados en nuestro país. No solo no se hablaba de ese fenómeno, sino que tampoco se lo combatía. Por entonces, Aníbal Fernández abogaba públicamente por la despenalización de la tenencia de estupefacientes para el consumo personal. Por eso es preciso identificar a los exfuncionarios culpables de aquella nefasta asociación con el crimen organizado. El hecho de que Lanatta sea un consumado criminal no debe impedir que sus dichos, de inusual gravedad, sean debidamente investigados.