Lanús: la policía local, de ejemplar a sospechada
Investigados por corrupción, los jefes de la fuerza fueron relevados
La Policía Local de Lanús fue presentada, en agosto pasado, como un modelo a seguir para las fuerzas distritales del conurbano. Fue incluso destacada por el Ministerio de Seguridad bonaerense como “la más efectiva de la provincia”. Todo cambió poco después. La Auditoría General de Asuntos Internos abrió 20 sumarios por denuncias de corrupción y fue relevada la plana mayor de la Policía Local. El comisario mayor Marcelo González es investigado y fue relevado en agosto, al igual que su segundo.
A principio de agosto pasado, el Ministerio de Seguridad de Buenos Aires publicó estadísticas oficiales sobre el desempeño de las fuerzas de los distritos del conurbano. Allí se destacó a la policía local de Lanús como la “más efectiva de la provincia” en cuanto al número de detenciones: 898 solo durante el mes de julio. Esa eficacia es mejor al comparar resultados con los partidos de Lomas de Zamora o La Matanza, que duplican y hasta triplican el número de efectivos locales. Pero el “orgullo” del distrito duró poco. Durante la semana siguiente a ese informe, el comisario mayor Marcelo González, jefe de la policía local de Lanús, fue desafectado de su cargo, luego de que la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense le abriera más de 20 sumarios por denuncias de sus subalternos.
Entre las irregularidades más recurrentes, además de denuncias de comerciantes, se destaca el pedido de dinero a los efectivos para las reparaciones de patrulleros y para la compra de combustible. También fueron separados de sus cargos, el segundo de González, el subinspector Ezequiel Alan Urrutipi, y el oficial Patricio Matías Salvatierra.
De acuerdo con la resolución del 7 de agosto, con número 4523-2018, el auditor general de Asuntos Internos, Guillermo Berra, dispuso desafectar del servicio a González, Urrutipi y Salvatierra, luego de que una investigación administrativa, abierta hace más de un año, arrojara evidencia suficiente de las faltas disciplinarias.
En el caso de González, se lo acusa de imponer a sus subalternos la obligación de pagar los gastos de reparación de los patrulleros y motos, como también solventar los gastos propios del desgaste por uso, la reasignación arbitraria de funciones y turnos de servicio para quienes se negaran a abonar dichos gastos, además se sumaron quejas por trato discriminatorio, fundado en el relevo injustificado de casi la totalidad de los efectivos mujeres, a partir de diciembre de 2017, entre otros hechos.
“Son alrededor de 15 miembros que denunciaron un modus operandi de recaudación dentro de la fuerza. Ellos tenían que poner plata de su bolsillo, especialmente los choferes y acompañantes, para comprar repuestos, cambiar los filtros de aceite o las pastillas de freno y hasta para cargar nafta”, detallaron desde la auditoría.
Los testimonios también coincidieron en que había sanciones para los efectivos que se negaban a solventar los gastos de mantenimiento de las unidades, como suspensiones, cambios de turno y hasta amenazas de perder el empleo.
“¿Quién puede demostrar que esa plata fue invertida en los móviles?”, se preguntan los investigadores. Registros comprometedores
Desde Asuntos Internos destacaron que la investigación a González y sus hombres de confianza comenzó hace un año y medio y que no se limitó solo a las denuncias.
“Tenemos los libros de guardia y de servicio, donde quedaron registros que luego cruzamos con los testimonios. Hasta tenemos facturas de los arreglos de los autos que no llegan a cubrir todo el dinero recaudado. Cuando pasa el tiempo y el titular no hace nada, quiere decir que se trata de una situación acordada”, confió la fuente.
Desde el entorno de González, atribuyeron las denuncias al descontento que provoca que hubiese “dejado afuera del Cuerpo a más de setenta efectivos por diversos motivos”.
El secretario de Seguridad y jefe de Gabinete de Lanús, Diego Kravetz, había destacado el informe oficial que establecía a la policía local de su distrito como la más eficiente. En aquella oportunidad y tras el reconocimiento de las autoridades provinciales, había celebrado el “compromiso” de los efectivos hacia los vecinos, “que se nota en el accionar y en la vocación que tienen para todos los días velar por la seguridad”.
Luego de conocerse la investigación que forzó el desplazamiento del jefe policial, se comunicó la nacion con Kravetz, quien prefirió destacar que “según el Ministerio de Seguridad tenemos la mejor policía de la provincia”, aunque aclaró que desea que la investigación de Asuntos Internos “vaya hasta el fondo”.
Fuentes del municipio de Lanús confirmaron a que todavía la nacion no tienen previsto reemplazar al comisario González porque “fue un excelente jefe y pretendemos que lo siga siendo” después de que se aclare el tema. “Para nosotros –agregó la fuente– es medular que las denuncias contra González no sean penales, sino solo administrativas. También nos llama la atención que una serie de testimonios contra él sean de oficiales con carpetas psiquiátricas, es decir, que dejaron de trabajar en la fuerza”.
Denuncias firmes
En la oficina del auditor Berra reconocieron estar al tanto de la versión que señala a las denuncias contra González como parte de un “vuelto” de los que “no quieren trabajar”, pero creen que eso no alcanza para desacreditarlas y la investigación seguirá su curso. “Que alguien tenga carpeta médica no lo inhabilita para denunciar”, explicaron.
La otra gran discrepancia tiene que ver con la valoración que se hace en diferentes despachos oficiales de los hechos denunciados.
Mientras algunos funcionarios del municipio consideran que, por ejemplo, pedirle dinero a un policía para reparar el patrullero que chocó durante un procedimiento es una manera de “aleccionarlo” sobre el cuidado de los bienes de la comunidad, desde la auditoría la visión es totalmente opuesta.
“No importa si la orden de poner plata es por el bien de la patria, lo que importa es que está prohibido por la normativa. Si un oficial hace mal uso de un bien se le tiene que iniciar un sumario, no pedirle plata. Además, ¿quién puede demostrar que esa plata efectivamente fue invertida en los móviles?”, aseguraron fuentes que siguen de cerca la investigación sobre la policía local de Lanús.