El problema que el dólar no dejó ver

En la turbulencia cambiaria del invierno, todavía sin cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Macri oyó una advertencia que, dadas las circunstancias, no estaba en la cúspide de sus urgencias: la devaluación venía complicando el cumplimiento del acuerdo tarifario entre las empresas y el Gobierno y era probable que las facturas de gas se volvieran en octubre impagables. Pero entonces era el largo plazo.

Hay que trasladarse a la histeria de esos días. De otro modo sería imposible entender hoy, por ejemplo, aquel anuncio fallido de entendimiento con el Fondo con que el Presidente contribuyó a la corrida. O la renuncia de Luis Caputo, cansado de discutir desde el Banco Central por una táctica cambiaria que Christine Lagarde rechazaba: intervenir para calmar un dólar que asustaba internamente a Cambiemos mucho más de lo que en ese momento trascendió. Ya antes de que hubiera llegado a 40 pesos, Caputo temía que la escalada se volviera políticamente insostenible. Tuvo que interceder el jefe de Gabinete para intentar calmar a unos cuantos: dijo que la situación no era comparable con la de 2001, entre otras razones porque no había hoy en la oposición ningún Eduardo Duhalde presto a hacerse cargo de una Argentina en problemas. “Ni aunque llegara a 80”, llegó a decir.

Pero hay cosas que pasan en esos momentos debajo del radar. Porque mientras se discutía el futuro del Gobierno, la corrida ponía al país en una situación energética inédita desde 1992, cuando se sancionó la ley del gas: era la primera vez en 26 años que se desencadenaba una devaluación abrupta en pleno invierno, con temperaturas que hacen subir el consumo, y sin emergencia económica que permita saltearse obligaciones. Aquella ley fija cada seis meses precios mayoristas y establece que, ante variaciones en el tipo de cambio, el reajuste se haga al semestre subsiguiente. Respetarla al pie de la letra, algo que no pareció estar en las intenciones de Macri, habría elevado este mes los aumentos a

190% en las facturas.

Es probable que el Gobierno no le haya prestado al asunto suficiente atención. Ya en julio las empresas venían recordando una cláusula de la ley: ante variaciones superiores al 20% del costo de compra de gas, pueden pedir renegociar el contrato. Era el caso: las condiciones aprobadas el

28 de marzo, cuando la Argentina parecía todavía encaminarse indefectiblemente a la reelección de Macri, había fijado para el lapso abril-septiembre un precio en boca de pozo de 4,68 dólares por millón de BTU a un tipo de cambio de 20,35 pesos. Ese mismo sendero indicaba que para el semestre siguiente (octubre-abril) el precio debía subir a 5,26 dólares. Pero la corrida, que llevó finalmente el tipo de cambio a 40, lo volvía insostenible.

Fueron advertencias técnicas y sectoriales. El Enargas, regulador del sistema, rechazó las primeras por escrito en julio. Les contestó a las distribuidoras que no se había configurado aún el perjuicio, que la mayoría tampoco estaba pagando todavía el contrato y que, de corresponder, el reajuste debía hacerse al terminar el invierno. Les sugería además utilizar instrumentos financieros para mitigar los impactos. Adigas, la cámara que nuclea a estas empresas, insistió en agosto ante la secretaría de Energía, que conduce Javier Iguacel, quien contestó que pensaría una solución.

Mientras todos miraban el dólar y el FMI, los empresarios del gas empezaron a discutir entre ellos: ¿quién debía asumir el costo? ¿No tenían que hacerlo las productoras?, se preguntaban en las distribuidoras, sector que tiene tarifas reguladas y, por lo tanto, solo traslada las variaciones en las facturas sin participar ni de ganancias ni de pérdidas.

Iguacel convocó en esos días a las petroleras y les pidió una rebaja de entre el 25 y el 30%. Las compañías aceptaron, pero la propuesta no terminó de conformar del todo a las distribuidoras, que pedían además un tope máximo en el tipo de cambio y una cláusula que las resguardara en casos de que medidas judiciales impidieran cobrar las facturas. Fue siempre así: una medida cautelar que frene el aumento las deja en deuda con sus proveedores.

Iguacel tomó estas consideraciones y publicó a principios de este mes lo que creyó una solución para los usuarios residenciales: se les cobraría ese saldo que quedaba por la diferencia de cambio del semestre anterior en 24 cuotas y se fijaría un tipo de cambio de 37,69 pesos como referencia para las operaciones mayoristas. El Gobierno lo creyó un avance: del 190% de alza prevista para octubre se estaba bajando a 35% y el retroactivo se financiaba en dos años. Pero no solo no alcanzó, sino que la iniciativa abroqueló a la oposición como no lo hacía desde abril, con el proyecto tarifario que precedió a la corrida; complicó la discusión general por el presupuesto, y le valió al secretario de Energía una denuncia del fiscal Marijuan.

El Gobierno anunció esta semana que el Estado se haría cargo de esa diferencia. Pero el problema de fondo no está resuelto. Distribuidoras y petroleras siguen discutiendo el precio mayorista e incluso critican a YPF, que tiene el 40% del mercado y a la que acusan de estar ofreciéndoles gas más caro que el resto. En efecto, mientras Pan American Energy, Total, CGC o incluso Enarsa venden en el mercado spot a plazos más cortos y al tipo de cambio fijado por el Gobierno (37,69 pesos), la compañía estatal lo hace en las condiciones previas a esta discusión: a 75 días, plazo al cabo del cual les cobra a la cotización del día. “Seguramente van a encontrarle la vuelta: por el momento, nos regimos con el esquema anterior”, dicen en YPF.

Es probable que el tiempo y las negociaciones acorten las diferencias. Dependerá del modo en que se traten algunos asuntos que la corrida postergó. En la discusión por los medicamentos del PAMI, por ejemplo, fue exactamente al revés: la cuerda se tensó y Macri resolvió cortarla. Y eso que Gustavo Lopetegui, quien primero se había enterado de que los laboratorios rescindían el contrato con la obra social de los jubilados, esperó unos días para comunicárselo. “Me quieren matar”, lo oyeron decir últimamente al Presidente, que se jacta de haberlos forzado a bajar ya 85% los precios. Pero la energía –madre del déficit fiscal argentino– herencia de Néstor y Cristina Kirchner, es un asunto más arduo. “Después de que frenamos el tarifazo de las 24 cuotas del gas por la devaluación, responden pidiendo mi detención. Muy obvios. Se nota demasiado”, escribió ella anteayer en su cuenta de Twitter. Ya los radicales habían cuestionado los aumentos. “Va a ser imposible de pagar para los usuarios”, dijo Alfredo Cornejo, presidente de la UCR, que coincidió en las críticas con Gerardo Morales. “Sobre el tema tarifas habíamos hablado de otra cosa, yo recién me entero de esto”, dijo el gobernador de Jujuy.

Son los costos ocultos de cualquier corrida. No solo empobrecen asalariados, sino que suelen distraer de la gestión, dispersar aliados y envalentonar adversarios. Los verdaderos daños se miden cuando pasó el temporal.