Cayó una banda de escribanos por una estafa inmobiliaria superior a mil millones de pesos
La organización criminal se apoderaba de propiedades cuyos dueños habían fallecido sin herederos y comercializaba los valiosos terrenos en la zona sur de Santa Fe
Hacían firmar escrituras de ventas a los muertos. Esa maniobra era concretada por los integrantes de una banda formada por dos escribanos, un abogado, un médico y un gestor que se apoderaron, de forma ilegal, de 32 propiedades valuadas en más de mil millones de pesos.
Por su profesión, los acusados tenían el poder para hacer que un indigente comprara un campo de 200 hectáreas del sur de Santa Fe, en una de la zonas sojeras más importantes del país.
Luego de 18 allanamientos realizados en Venado Tuerto, Armstrong, Las Rosas, Rosario, Villa Cañás, la ciudad de Buenos Aires y La Plata, la policía de Santa Fe apresó a 14 sospechosos de integrar la organización delictiva que se apoderaba de inmuebles cuyos dueños habían muerto sin dejar herederos.
Según informaron fuentes policiales, entre los sospechosos detenidos figuran un escribano de Venado Tuerto, que habría sido identificado como Eugenio Casadei, y un conocido abogado de esa ciudad, Antonio Di Benedetto, que fue defensor de Graciela Dieser, la mujer del juez de Rufino Carlos Fraticelli, acusada del homicidio de su hija Natalia, en mayo de 2000.
También fueron detenidos un escribano de Armstrong, que habría sido identificado como Ángel Emilio Moreale, y un médico de Villa Cañás, que se encargaba de confeccionar los certificados de defunción apócrifos con las fechas falsas de los fallecimientos de los dueños de las propiedades.
Entre los sospechosos apresados figuran un gestor, que habría sido identificado como Raúl Jaime, que vive en Rosario y a quien le secuestraron $500.000 y US$2000, empleados de las escribanías y del estudio jurídico y prestanombres a quienes los jefes de la organización colocaban como falsos compradores o nuevos dueños de las propiedades de las que se apoderaban. Durante los allanamientos, los policías secuestraron tres armas de fuego.
En la audiencia de la imputación que se realizará hoy, los catorce detenidos serán notificados formalmente de los delitos por los que se los acusó: ser presuntos integrantes de una asociación ilícita y por estafas.
“Durante varios años, los sospechosos de integrar esta asociación se dedicaron a concretar una maniobra que les posibilitó apoderarse de 32 propiedades valuadas en más de mil millones de pesos”, expresó el subsecretario de Asuntos Registrales de Santa Fe, Matías Figueroa Escauriza
Entre esas 32 propiedades figuran cuatro campos, de mil hectáreas en total, situados en las adyacencias de Venado Tuerto, Maggiolo y San Eduardo, en el sur de Santa Fe. Solo esos campos fueron valuados en mil millones de pesos.
La investigación contra la organización comenzó hace casi dos años, a partir del cruce de información en el Registro de Propiedad Inmueble, de Santa Fe.
Tres denuncias
A raíz de estas denuncias se inició un expediente cuya instrucción quedó a cargo del fiscal de Delitos Complejos de Venado Tuerto, Matías Merlo, quien, a fines de diciembre pasado, ordenó una serie de allanamientos de las escribanías y estudios de abogados.
Durante esos operativos que provocaron conmoción en Venado Tuerto, Villa Cañás y Armstrong, los investigadores secuestraron documentación que fue confrontada con las actas del Registro de la Propiedad Inmueble y que fundaron las órdenes de detención contra los sospechosos.
“Se presentaron tres denuncias en las que se advirtió la existencia de poderes falsos, otorgados por el titular registral del inmueble, que, generalmente, estaba fallecido o fuera del país, así que nunca podría haber firmado esos documentos. La maniobra seguía con la confección de una escritura en transferencia de ese inmueble en favor de un tercero, que, en algunos casos, compraba de buena fe y, en otros, sabía que adquiría una propiedad floja de papeles”, explicó Figueroa Escauriza.
Una de las operaciones ilegales más importantes concretadas por los notarios y el letrado acusados se concretó con un campo de 200 hectáreas. Al revisar los registros, los investigadores advirtieron que, en 2000, el dueño de esa estancia le concedió el poder de venta a un tercero. Quien dio fe de la legalidad de ese documento y lo inscribió en el Registro de Propiedad fue un escribano que se había jubilado dos años antes y que había transferido su firma a otra notaria.
Esta escribana declaró como testigo e informó que ese notario se desempeñó desde 1950 hasta 1998 y que el registro, con sede, en San Fernando había quedado a cargo de ella.
Luego, ese mismo escribano apareció como responsable de la escritura de venta de ese valioso campo en favor del tercero que había recibido el poder inicialmente. Al investigar a este comprador, los funcionarios comprobaron que se trataba de un indigente con ingresos mínimos.