Vergonzosas multas fantasma

Numerosísimos testimonios vienen dando cuenta de los padecimientos que se sufren a la hora de transferir un vehículo cuando se ha sido víctima de multas por infracciones inexistentes o intencionadamente falsas o provocadas en diversos municipios de todo el país.

Para concretar cualquier transferencia, el supuesto infractor tiene que abonar esas multas, aun si las ha cuestionado con un descargo, pues, de lo contrario, no podrá concretar la venta. Encerrona, trampa o vulgar estafa municipal, lo cierto es que el titular del vehículo o paga o se ve imposibilitado de vender su unidad.

No está en duda que la seguridad vial demanda más y mejores controles para disuadir a eventuales infractores. Lo que no se puede avalar es que, lejos del razonable y justo espíritu punitorio, se sancione al conductor infundadamente o, peor aún, tendiéndole trampas que habiliten el cobro de injustificadas sumas cuyo único fin es recaudar para alimentar la insaciable voracidad fiscal de municipalidades mal administradas o sobredimensionadas.

Las trampas “cazabobos” denunciadas en reiteradas ocasiones incluyen carteles sorpresivos, falta de aviso previo al cambio de velocidad máxima o indicación de cinco velocidades máximas diferentes a lo largo de una misma traza breve, velocidades ex profeso ridículamente bajas, ausencia de señalización, así como carteles que no se leen, y un largo listado de otras irregularidades.

Ejemplos de lo antedicho se dan en muchos municipios que fijan multas indebidas.

Quienes reclaman ante estas ilegítimas exacciones se ven obligados a realizar engorrosas presentaciones de descargo e impugnación, documentando incluso con fotografías la ausencia de carteles indicadores que pudieran justificar las penas impuestas por los tribunales de faltas.

Tal como lo ha descripto el presidente del Observatorio Vial Latinoamericano (Ovilam), Fabián Pons, ante la necesidad de transferir un vehículo se deben abonar las multas pendientes, sin importar que sean o no válidas, que hayan sido entregadas mediante comunicación fehaciente, en tiempo y forma como indica la ley, detrayéndose su importe del precio de venta del vehículo sin otra opción aceptable para el indefenso vendedor.

Las máximas autoridades municipales no desconocen la gran cantidad de denuncias radicadas por conductores, por lo que correspondería que dispusieran los procedimientos necesarios para restituir los montos indebidamente cobrados, haciendo cesar este vergonzoso e ilegal sistema recaudatorio. Todo esto, más allá de trabajar para subsanar la ausencia de señalización clara que contribuya a prevenir accidentes e infracciones.

Se deben también controlar la correcta colocación y el funcionamiento de cinemómetros y otros equipos o sistemas automáticos, semiautomáticos o manuales, fotográficos o no, fijos o móviles, de detección de infracciones que puedan ser, en parte, responsables de las indeseables situaciones puntualizadas.

Como ya hemos expresado en otras oportunidades, la aplicación de las normas requiere razonabilidad y absoluta transparencia, en lugar de arbitrariedades que encubren un auténtico “curro” montado por muchos municipios –y lamentablemente avalado por autoridades provinciales– que, en lugar de propiciar la seguridad vial, solo buscan financiar sus gigantescas e ineficientes estructuras administrativas.