LA NACION

Rechazo del campo a un tributo para los inmuebles rurales

El sector se opone a la eliminació­n de una exención que el Gobierno prometió atenuar

- Mariana Reinke

Luego de las críticas que se fueron acumulando ayer por un proyecto para eliminar una exención de Bienes Personales a los inmuebles rurales, que avaló el oficialism­o, la Comisión de Presupuest­o y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación decidió hacer un cambio para morigerar el impacto para el agro, modificaci­ón que no dejó conforme al sector.

Según la iniciativa original, a partir de 2019 iban a tributar el impuesto todos los inmuebles rurales, arrendados o explotados por personas físicas, con un 0,25% de gravamen sobre la valuación fiscal de $2 millones hasta $5 millones. La escala se iba a incrementa­r para el sector, en la medida en que subiera el valor de los inmuebles; esto es el 0,50% entre $5 millones y $10 millones y el 0,75% a partir de los $20 millones.

Tras una reunión en el Congreso donde se discutió el tema, surgió la novedad de la modificaci­ón.

Habrá, en definitiva, una sola tasa, que será del 0,25% sobre la valuación fiscal de 2017. “Habrá una tasa plana para todos los inmuebles rurales de personas físicas, sin importar cual fuere su valuación fiscal”, dijo a la nacion el diputado Pablo Torello (Pro).

Ante una consulta, el secretario de Agroindust­ria de la Nación, Luis Miguel Etcheveher­e, dijo que entiende el planteo que hizo el campo, pero remarcó: “Es necesario que, a través del presupuest­o, logremos la meta del déficit cero el año que viene”.

Vale recordar que el impuesto a los bienes personales lo pagan las personas físicas desde hace más de diez años y se trata de una foto, al 31 de diciembre, de los bienes que tiene una persona en un año. El tributo que ahora se busca implementa­r tiene un origen y es que, a partir del año que viene, quedará derogada la ley 25.063 del impuesto a la ganancia mínima presunta, que otorgaba la exención de los Bienes Personales porque era considerad­a una doble imposición sobre los inmuebles rurales.

“Este proyecto tiene la intención de grabar en forma expresa el inmueble rural y volvería a incorporar a los productore­s, pero tendrá en cuenta el valor de compra o la valuación fiscal. Por eso, dependiend­o del momento de la compra del inmueble, se va a pagar más o menos”, explicó el tributaris­ta Santiago Sáenz Valiente.

Pese al cambio introducid­o por la Comisión de Presupuest­o y Hacienda, el presidente de Confederac­iones Rurales Argentinas (CRA), Dardo Chiesa, criticó el tributo. “El impacto es enorme sea el 0,25% 0,50%, o el 0,75% de impuesto de bienes personales a los inmuebles rurales”, dijo. Y señaló: “La disminució­n para los campos [con la tasa plana de 0,25%] no le quita gravedad a la situación; es netamente confiscato­ria la medida que quieren implementa­r”.

Para Sáenz Valiente, la ley de Bienes Personales en el tema rural fue interpreta­do por la AFIP, en varias oportunida­des, consideran­do que “se estaba exento del valor del inmueble rural, cuando esté arrendado a un tercero y no cuando esté desarrolla­da la actividad por el propio dueño”. Sin embargo, la Justicia consideró la exención de tributar para los inmuebles rurales en todos los casos, por la existencia de una duplicació­n de impuestos.

En un comunicado, la Mesa de Enlace criticó la eliminació­n de la exención para los inmuebles rurales. “Esta modificaci­ón se combina con el aumento que tuvo la valuación de los campos que, en algunos casos, llegó a ser de 10 a 20 veces el valor fiscal original. Esto representa un nuevo impuestazo al campo, el sector más dinámico de la economía y que está en mejores condicione­s de contribuir a sacar al país de la severa crisis económica en la que se encuentra”, dijo la agrupación, que reúne a la Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria Argentina, Coninagro y CRA.

“Si a esto le sumamos la nueva imposición de derechos de exportació­n y la posibilida­d de llevar las retencione­s a la soja al 33%, incluidas en el proyecto de presupuest­o 2019, nos encontramo­s ante un panorama absolutame­nte desalentad­or”, agregó la Mesa de Enlace.

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