Rechazo del campo a un tributo para los inmuebles rurales
El sector se opone a la eliminación de una exención que el Gobierno prometió atenuar
Luego de las críticas que se fueron acumulando ayer por un proyecto para eliminar una exención de Bienes Personales a los inmuebles rurales, que avaló el oficialismo, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación decidió hacer un cambio para morigerar el impacto para el agro, modificación que no dejó conforme al sector.
Según la iniciativa original, a partir de 2019 iban a tributar el impuesto todos los inmuebles rurales, arrendados o explotados por personas físicas, con un 0,25% de gravamen sobre la valuación fiscal de $2 millones hasta $5 millones. La escala se iba a incrementar para el sector, en la medida en que subiera el valor de los inmuebles; esto es el 0,50% entre $5 millones y $10 millones y el 0,75% a partir de los $20 millones.
Tras una reunión en el Congreso donde se discutió el tema, surgió la novedad de la modificación.
Habrá, en definitiva, una sola tasa, que será del 0,25% sobre la valuación fiscal de 2017. “Habrá una tasa plana para todos los inmuebles rurales de personas físicas, sin importar cual fuere su valuación fiscal”, dijo a la nacion el diputado Pablo Torello (Pro).
Ante una consulta, el secretario de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, dijo que entiende el planteo que hizo el campo, pero remarcó: “Es necesario que, a través del presupuesto, logremos la meta del déficit cero el año que viene”.
Vale recordar que el impuesto a los bienes personales lo pagan las personas físicas desde hace más de diez años y se trata de una foto, al 31 de diciembre, de los bienes que tiene una persona en un año. El tributo que ahora se busca implementar tiene un origen y es que, a partir del año que viene, quedará derogada la ley 25.063 del impuesto a la ganancia mínima presunta, que otorgaba la exención de los Bienes Personales porque era considerada una doble imposición sobre los inmuebles rurales.
“Este proyecto tiene la intención de grabar en forma expresa el inmueble rural y volvería a incorporar a los productores, pero tendrá en cuenta el valor de compra o la valuación fiscal. Por eso, dependiendo del momento de la compra del inmueble, se va a pagar más o menos”, explicó el tributarista Santiago Sáenz Valiente.
Pese al cambio introducido por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Dardo Chiesa, criticó el tributo. “El impacto es enorme sea el 0,25% 0,50%, o el 0,75% de impuesto de bienes personales a los inmuebles rurales”, dijo. Y señaló: “La disminución para los campos [con la tasa plana de 0,25%] no le quita gravedad a la situación; es netamente confiscatoria la medida que quieren implementar”.
Para Sáenz Valiente, la ley de Bienes Personales en el tema rural fue interpretado por la AFIP, en varias oportunidades, considerando que “se estaba exento del valor del inmueble rural, cuando esté arrendado a un tercero y no cuando esté desarrollada la actividad por el propio dueño”. Sin embargo, la Justicia consideró la exención de tributar para los inmuebles rurales en todos los casos, por la existencia de una duplicación de impuestos.
En un comunicado, la Mesa de Enlace criticó la eliminación de la exención para los inmuebles rurales. “Esta modificación se combina con el aumento que tuvo la valuación de los campos que, en algunos casos, llegó a ser de 10 a 20 veces el valor fiscal original. Esto representa un nuevo impuestazo al campo, el sector más dinámico de la economía y que está en mejores condiciones de contribuir a sacar al país de la severa crisis económica en la que se encuentra”, dijo la agrupación, que reúne a la Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria Argentina, Coninagro y CRA.
“Si a esto le sumamos la nueva imposición de derechos de exportación y la posibilidad de llevar las retenciones a la soja al 33%, incluidas en el proyecto de presupuesto 2019, nos encontramos ante un panorama absolutamente desalentador”, agregó la Mesa de Enlace.