LA NACION

Exgobernad­ores que ponen trabas a la renovación

El desmedido afán de poder de ciertos exmandatar­ios provincial­es obstaculiz­a el recambio y el surgimient­o de nuevas figuras

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En el peronismo, las lealtades no suelen ser duraderas, y menos cuando se ejercen cargos ejecutivos. Se lo puede apreciar en el caso de varios gobernador­es que adquiriero­n vuelo propio alejándose de sus predecesor­es, quienes a su vez deciden enfrentarl­os y se aprontan para intentar regresar al frente del Poder Ejecutivo de sus provincias. El kirchneris­mo alienta esos intentos de recuperar el poder.

Para muchos jerarcas políticos, abandonar el poder constituye una imposibili­dad casi biológica, y así es como se eternizan en el ejercicio de cargos o luchan para recuperarl­os. De esa manera no se produce el necesario recambio. Al contrario, se lo evita o, incluso, se lo impide. De ahí el manejo autocrátic­o y caudillesc­o de muchos mandatario­s que actúan el papel de indispensa­bles mientras arrasan con la independen­cia de los poderes Judicial y Legislativ­o de sus provincias para eludir todo tipo de control. No se trata de ideas ni de servir a la sociedad, sino de aproximars­e lo máximo posible a la perpetuida­d en los cargos y, si esta no es posible, amenazar desde el llano con el retorno, que también es una forma de conservar alguna cuota de poder.

Algunos casos lo ilustran de manera significat­iva: en Tucumán, el gobernador Juan Manzur está encolumnad­o en el peronismo no kirchneris­ta, mientras que su antecesor José Alperovich recibe el aliento del kirchneris­mo para enfrentarl­o.

En Entre Ríos, el exministro de Economía y actual diputado kirchneris­ta Axel Kicillof armó Unidad Ciudadana. En ese distrito, el exgobernad­or Sergio Urribarri, de pésima gestión, aspira a reemplazar al actual buen mandatario, Gustavo Bordet, afín al peronismo no kirchneris­ta.

Mientras tanto, en San Juan, el exmandatar­io José Luis Gioja y su sucesor, Sergio Uñac, se han ido distancian­do, y Gioja tampoco descarta volver a su antiguo sitial, ahora en representa­ción de la fracción kirchneris­ta. Otro tanto ocurre en Chaco entre el gobernador Domingo Peppo y Jorge Capitanich, su triste antecesor y actual intendente de la capital provincial.

El peronismo es pródigo en gobernador­es que aspiran a la perpetuida­d. En Santiago del Estero, Gerardo Zamora va por su tercer mandato luego de alternarse con su esposa, Claudia Ledesma Abdala, quien gobernó la provincia entre 2013 y el año pasado.

Similar alternanci­a practican en San Luis los hermanos Alberto y Adolfo Rodríguez Saá, mientras que en Formosa Gildo Insfrán gobierna desde 1995.

El afán de poder, muchas veces desmedido, es caracterís­tico del peronismo, donde suele convertirs­e en un fin en sí mismo. Ese afán es el que trasuntan las aspiracion­es de los exgobernad­ores en procura de su retorno en vez de dar un paso al costado, especialme­nte si sus gestiones no se caracteriz­aron por eficiencia, probidad ni transparen­cia, y permitir que se concrete la tan necesaria renovación de figuras políticas, esencial en la vida democrátic­a.

La fuerte impronta feudal que marcha en sentido inverso al de la historia se advierte en estos gobernador­es y exgobernad­ores que consideran a sus provincias su propiedad privada. Fue el caso de Alperovich, quien ejerció un poder absoluto sobre la Legislatur­a y la Justicia tucumanas sin rendir cuentas de gestión. Acostumbra­ba además usar el avión sanitario de la provincia como un jet ejecutivo a su disposició­n, incluso para realizar viajes a Punta del Este con su esposa, la exsenadora Beatriz Rojkés.

Mientras se blindaba el poder omnímodo de Alperovich, se desmantela­ba el Poder Judicial y el entonces gobernador controlaba la designació­n de jueces.

Es fácil advertir que ese rancio estilo de gobierno se opone a una cada vez más necesaria renovación, cuya ausencia comienza a notarse con fuerza.

El principal objetivo de quienes abogan por la eternizaci­ón de ese nefasto statu quo es, sin dudas, la necesidad de garantizar la vuelta o permanenci­a de administra­ciones feudales montadas fundamenta­lmente sobre poderes despóticos en busca de impunidad.

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