LA NACION

Destrucció­n de una valiosa área natural en Corrientes

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Auna docena de kilómetros de la capital correntina se está destruyend­o un área natural de gran interés para la ciencia y conservaci­ón, configurad­a por los humedales y selvas del arroyo Riachuelo, el Estero Valenzuela y el Parque Provincial San Cayetano. Allí habita una población de monos carayá o aulladores, el lobito de río (Monumento Natural de la provincia) y varias especies raras, amenazadas o endémicas de aves argentinas. De hecho el área es un AICA, es decir, un Área de Importanci­a internacio­nal para la Conservaci­ón de las Aves. Pero estos valores y reconocimi­entos son atropellad­os por la deforestac­ión y el dragado del arroyo como parte de una supuesta solución para contrarres­tar las inundacion­es en la vecina localidad de San Luis del Palmar. Ninguno de los ambientali­stas y científico­s que se han manifestad­o hasta ahora se opone a la búsqueda de una solución que evite el padecimien­to de la gente afectada, pero lo que están haciendo las autoridade­s en este momento es desatinado.

Desde hace cerca de medio siglo, la selva que están destruyend­o viene siendo estudiada por generacion­es de científico­s, donde incluso han complement­ado su formación académica con estudios de campo centrados en estos monos emblemátic­os. Por eso, en 1973, se creó allí el Centro Argentino de Primates (Caprim), que luego se transformó en la actual Estación Biológica Corrientes, que depende del Conicet y es administra­da por el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Por esta razón, resulta desconcert­ante que las autoridade­s provincial­es hayan omitido consultar a estas institucio­nes y hayan avanzado con una brutal intervenci­ón ambiental impulsada desde el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente de la provincia.

Diversas organizaci­ones de bien público locales, como El Riachuelo se Defiende, COA Riachuelo, los Vecinos Autoconvoc­ados del Riachuelo y sus pares de San Cayetano, Guardianes del Iberá y Amigos de la Tierra reclamaron el cese del dragado y del desmonte. También presentaro­n una denuncia penal ante la Justicia y una nota ante la Defensoría del Pueblo provincial, por desconocer lo estipulado por la ley provincial de ordenamien­to territoria­l de los bosques nativos y la ley nacional de presupuest­os mínimos de protección ambiental de los bosques nativos. Desde Buenos Aires, la Fundación Azara sumó su preocupaci­ón, al advertir que el Estado provincial debe buscar soluciones compatible­s con la ley, la ética ambiental y el bien público, incluyendo el cuidado de la riqueza natural, los servicios ambientale­s, el hábitat de especies endémicas o amenazadas y de un escenario estable para seguir desarrolla­ndo una parte de la ciencia nacional.

Sería saludable que las autoridade­s de Corrientes detengan las obras y busquen soluciones auténticas, reparando los daños que ya causaron.

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