Un esquema de flexibilización
En lo peor de la crisis del euro, con un desempleo que trepaba sin parar y rompía la barrera del 25%, el gobierno conservador de Mariano Rajoy aprobó en 2012 la reforma laboral más profunda en la historia democrática de España.
Siete años después, esa ley sigue despertando constantes discusiones y vive bajo amenaza de ser derogada, a pesar de los elogios que suelen dedicarle en el exterior como modelo de flexibilidad.
La reforma que ahora destacó en público Mauricio Macri incluyó medidas para reducir las indemnizaciones, ampliar las opciones de contratación temporal y dio a las empresas poder para reducir salarios en casos extraordinarios.
La indemnización por despido injustificado para empleados contratados se redujo de 45 a 33 días por año trabajado, con un tope de 24 sueldos (antes era de 42). Se ampliaron además las causales del llamado “despido objetivo”, que permite a las empresas echar a empleados por cuestiones económicas y de producción con una indemnización de 20 días por año trabajado y un máximo de 12 sueldos. Y se facilitaron los trámites para despidos colectivos.
Para impulsar el empleo juvenil, se creó un contrato especial para trabajadores de hasta 30 años, sin indemnización y con un máximo de 12 meses.
Uno de los puntos decisivos de la reforma fue la transformación de la negociación colectiva. Se dispuso que la prórroga máxima de los convenios sea de dos años, de modo que las partes quedan obligadas a negociar uno nuevo al final de ese plazo. Se les da prioridad a los convenios de empresa.