Javier y Víctor Puleo Artigas
VenezoLanos, 31 y 23 años
son hermanos y para el gobierno residen en forma irregular en la argentina desde julio pasado. sin embargo, no tienen antecedentes penales ni pedidos de captura internacional.
El Gobierno –en una conferencia que dieron Rogelio Frigerio y Patricia Bullrich– oficializó la voluntad de expulsar “lo más rápido posible” a los extranjeros que habían sido detenidos durante los disturbios frente al Congreso el miércoles, mientras se debatía el proyecto de ley de presupuesto 2019. Ayer fueron liberados (como los otros 22 detenidos), pero hoy les revocarán la residencia.
Se trata de cuatro personas que habían sido detenidas en las calles Carlos Calvo y Lima, y que, según fuentes policiales, habrían participado de los disturbios. Dos de los hombres son venezolanos, uno es turco y el otro es paraguayo.
Funcionarios del Gobierno anunciaron que la Justicia va a iniciar un juicio abreviado y que probablemente se expulsaría a los detenidos por “atentado al régimen democrático”. El fiscal a cargo de la causa es Federico Tropea, de la Fiscalía N° 15.
Para proceder con la expulsión, personal de la Dirección Nacional de Migraciones intervino en el proceso. Migraciones inició de oficio el trámite administrativo de cancelación de las residencias de los cuatro extranjeros, sujeto a la imputación judicial.
Los hombres detenidos son Felipe Javier Puleo Artigas (31) y Víctor Eduardo Puleo Artigas (23), de Venezuela; Anil Baran (27), de Turquía, y Luis Fretes (36), de Paraguay. Según fuentes de la cartera de Seguridad, tres de ellos –los dos venezolanos y el turco– residen de manera ilegal en el país. Según un informe de Interpol, no tienen antecedentes penales ni pedidos de captura internacional. En el Ministerio de Seguridad de la Ciudad esgrimen que la situación migratoria ilegal es un motivo para continuar con el proceso de extrañamiento.
El artículo 61 de la ley de migraciones, sin embargo, establece que “al constatar la irregularidad de la permanencia de un extranjero en el país, y atendiendo a las circunstancias de profesión del extranjero, su parentesco con nacionales argentinos, el plazo de permanencia acreditado y demás condiciones personales y sociales, la Dirección Nacional de Migraciones deberá conminarlo a regularizar su situación en el plazo perentorio que fije para tal efecto, bajo apercibimiento de decretar su expulsión”.
Según informaron fuentes oficiales, los dos venezolanos, que son hermanos, ingresaron al país en julio de este año y tenían sus residencias precarias vencidas, el hombre turco ingresó en marzo de este año y el hombre paraguayo obtuvo la residencia en 2015.
Sin embargo, Anil Baran y Luis Fretes residen en el país desde hace aproximadamente dos años, e incluso Fretes tiene hijos argentinos. Anil Baran vive en Córdoba y en sus posteos de Facebook se lo puede ver como partícipe de marchas, como la de repudio a la llegada de Obama en 2016 y en una visita a la casa de Ernesto “Che” Guevara en Alta Gracia. Esto refuta una de las hipótesis que barajaban en el Gobierno respecto de que los detenidos podrían haber ingresado al país recientemente para ocasionar disturbios en repudio de la cumbre del G-20.
A partir de este conflicto resurge el debate sobre la situación de los extranjeros que cometen delitos en el país. El jefe del bloque de senadores peronistas, Miguel Ángel Pichetto, abonó una postura dura al decir que los incidentes de anteayer constituyen un “hecho preinsurreccional”, y concluyó: “Espero que los dos venezolanos, el paraguayo y el turco estén listos para salir del país”.
El tema ya había sido debatido con las modificaciones que hizo el Presidente en enero de 2017, a través de un DNU, que introdujo cambios en la ley de migraciones para agilizar los procesos de expulsión de personas extranjeras en el país a través de condiciones más estrictas para el ingreso y la permanencia de extranjeros. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal lo declaró inconstitucional y hay una definición de la Corte Suprema pendiente. El abogado Diego Morales, director del área Litigio y Defensa Legal del CELS, dialogó con la nacion y sostuvo que, si se tienen en consideración los aspectos legales, es “imposible que suceda la deportación tal como la están planteando los funcionarios”.
Según fuentes de la cartera de Seguridad de la ciudad, es materia de investigación saber “a qué organizaciones pertenecían” quienes serán expulsados del país por haber provocado disturbios ayer en la manifestación. En relación con el caso de los dos venezolanos, el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, dijo a la nacion: “Es raro que personas que vienen escapando de una situación en su país que es un flagelo, buscando proyectarse en su futuro, al poco tiempo de llegar al país se involucren en hechos violentos en una marcha”.