Ataque a las instituciones
Nuevamente grupos organizados, amparados por algunos partidos opositores, han recurrido a la violencia para intentar frenar el debate de una ley
Los desmanes ocurridos anteayer en las afueras del Congreso mientras se debatía en Diputados el presupuesto de gastos de 2019 para la administración pública nacional confirman que persisten en nuestro país grupos de concepciones retrógradas que rechazan someterse a las reglas de la democracia, amparados por facciones políticas desestabilizadoras a las que poco les importa la voluntad de la ciudadanía a la que dicen representar.
Fue una escena casi calcada de los gravísimos disturbios producidos en diciembre pasado cuando se debatía en el Congreso la reforma previsional. Grupos de izquierda y del kirchnerismo más cerril volvieron a sembrar el camino hacia la anormalidad con explícitas convocatorias al caos. Hubo diputados que tuitearon en ese sentido; otros que ridiculizaron a sus pares; otros que directamente los matonearon. Y hasta apareció la siempre provocadora Hebe de Bonafini portando públicamente una máscara de gas. Imposible ser más claros. Se alentó
el desorden para luego interrumpir la sesión usando como excusa la defensa del pueblo “movilizado y reprimido”.
Como acertadamente ha dicho el exfiscal Pablo Lanusse al apoyar la acción de las fuerzas de seguridad: “Ni caza selectiva ni represión como sinónimo de dictadura. Ejercicio constitucional del poder de policía frente a delincuentes y forajidos. No pueden alterar el funcionamiento de las instituciones de la República”.
Fue lamentable la imagen de diputados parándose delante de un carro hidrante, protagonizando un inadmisible entorpecimiento del accionar policial. El lugar de los legisladores está dentro del Congreso y no como agitadores o barrabravas.
Solo la desesperación de obtener por la fuerza lo que no pueden lograr por los votos explica –nunca justifica– semejante despliegue de inconsciencia en quienes debieran dar siempre el ejemplo.
Se trata, nada más ni nada menos, que de un atentado contra las instituciones de la República, pues
se buscó impedir el normal desenvolvimiento del Congreso.
Una treintena de personas resultaron detenidas por esos hechos violentos, entre ellas, cuatro ciudadanos de otros países que habían llegado recientemente a la Argentina. ¿Cómo se explica que quienes supuestamente vienen buscando en nuestro país el refugio y las posibilidades que no hallan en el suyo se sumen a movimientos hostiles al gobierno nacional? O fueron reclutados de manera ocasional o se los trajo especialmente. La Justicia debe dar una respuesta rápida y contundente.
Se aplica claramente en este caso lo que establece el artículo 22 de nuestra Ley Fundamental: “El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de este comete el delito de sedición”, con el agravante de haber sido fomentado por quienes, en primer lugar, debieran velar por la democracia.