El émulo cordobés que comparte las penurias judiciales
Mauricio Saillén rompió con Moyano, pero igual que él tiene varias denuncias en su contra
CÓRDOBA.– Aunque algunos lo mencionan como “el Moyano cordobés”, el titular del Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido Córdoba (Surrbac), Mauricio Saillén, ya no tiene vínculos estrechos con el gremialista. La relación se cortó en
2013, cuando la entidad renunció a la Federación de Camioneros. La pelea no fue ajena a la tensión que entonces había entre Moyano y Cristina Kirchner. Saillén –como el camionero– tiene varias denuncias penales en su contra y una fiscal provincial pidió a la Justicia Federal que lo investigue por lavado de dinero.
“Es un ‘enano’ que le creció a Moyano”, define a la nacion un conocedor del mundo gremial cordobés. Hasta
2011, Saillén era la mano derecha de Moyano en Córdoba; con el apoyo del gremialista llegó a comandar la CGT Nacional y Popular Rodríguez Peña, que creó de manera paralela a la CGT Regional Córdoba. Dos años después, el entonces ministro de Trabajo Carlos Tomada le dio la personería jurídica al Surrbac, históricamente parte de Camioneros.
Por ese motivo, en 2016 el juez Ariel Lijo lo acusó de armar la obra social Osurrbac sin convenio colectivo propio, situación que alcanza a exfuncionarios kirchneristas de la Superintendencia de Servicios de Salud que le autorizaron el traspaso de los afiliados de Camioneros. Hoy sigue funcionando por decisión de la jueza de la Seguridad Social Ana María Rojas de Anezin.
En los últimos años, los vecinos de Córdoba pasan días sin recolección de basura. Las protestas, las asambleas y los paros del Surrbac son moneda corriente. Hace unos días la empresa Cotreco, una de las encargadas del servicio, anunció que se retira y culpó a la municipalidad por el problema, en cambio dejó a salvo al gremio. “El Surrbac no es culpable”, dijo Horacio Busso, titular de la firma.
Saillén y su gente tienen fuerte presencia callejera. El año pasado, por ejemplo, el Surrbac participó activamente en el paro de transporte de nueve días de la Unión de Transporte Automotor (UTA) y Saillén pidió la renuncia del intendente Ramón Mestre. Este año dieron apoyo logístico a los estudiantes que tomaron durante un mes un edificio de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). También participan en elecciones de centros vecinales; manejan –entre otros– el de Villa El Libertador, el barrio más grande de Córdoba con unos 150.000 habitantes.
En 2013, el gremio se encargó de la movilización para acompañar el lanzamiento de la candidatura a diputada de Carolina Scotto, quien llegó al Congreso de la mano del kirchnerismo y renunció al poco tiempo sin dar explicaciones. “La apuesta final es lograr ‘hacer’ un intendente”, comentan en el ambiente gremial y Saillén no lo admite, pero tampoco lo niega.
Entre las denuncias en su contra hay una de 2015 por “delitos contra el orden económico y financiero” y “delitos contra la libertad individual” por violar la normativa de la AFIP en cuanto a la compraventa de dólares. La presentaron afiliados al Surrbac, quienes aseguran que –en épocas de cepo– los obligaban a adquirir divisas amenazándolos de quedarse sin trabajo.
Este año la fiscal Patricia Ramírez –quien pidió a la Justicia Federal que investigue a Saillén por supuesto lavado de dinero– lo imputó junto a su secretario gremial, Pascual Catrambone, y al tesorero de la mutual, Juan Krainbuhl, por “usura habitual en concurso real con defraudación por administración fraudulenta”. El motivo es que “lucran con los intereses” que les cobran por los préstamos a los afiliados.
Catrambone también está imputado por “negociaciones incompatibles con la administración pública” como director obrero de Crese (Córdoba Recicla Sociedad del Estado); es que contrataba a empresas de la familia Saillén, Krates y Higyse.