Con una grieta basta y sobra
No había pasado nunca: ningún ejecutivo del Grupo de los Seis, que reúne a los sectores más relevantes de la economía, y casi ninguno de la Unión Industrial Argentina estuvo la semana pasada en Mar del Plata en el Coloquio de IDEA. Puede haber una doble interpretación al respecto. La más obvia son los cuadernos de Centeno, causa que compromete a gran parte del universo de contratistas del Estado y que convenció últimamente a varios de bajar el perfil. La otra razón no excluye a la anterior: aun frente a una gestión económica calificada por muchos de ellos como decepcionante, los empresarios creen al mismo tiempo que el rumbo económico de Macri es el correcto y, más importante todavía, que las alternativas serían peores. “Nadie quiere criticar al Gobierno: si le echamos leña al fuego vamos a abrirle la puerta a una opción irracional”, explicaron a la nacion en el Grupo de los Seis.
Es el gran triunfo de Macri. Que puede percibirse también en la lógica con que razona el resto de la sociedad. Hasta ahora, los sondeos anticipan que ni las investigaciones por corrupción ni las corridas cambiarias han conseguido cambiar un escenario que ya parece consolidado: solo Cristina Kirchner se equipara al Presidente en intención de voto para la elección del año próximo. Ese universo estático coincidirá seguramente con una segunda restricción, igualmente relevante para quienes hacen política: la existencia casi nula de fondos para financiarla. Será entonces, como pasó en Brasil después del Lava Jato, una campaña relativamente austera. ¿Qué empresario querría exponerse con una valija o una transferencia? “A nosotros ni siquiera nos van a tocar el timbre”, sonrió anteayer ante la consulta un contratista de la construcción, el sector de mayor protagonismo en las crónicas de Centeno. No es casual que en los últimos días haya resurgido en el Congreso la pretensión de discutir opciones de financiamiento cajoneadas desde hacía casi cuatro meses. Ni que la urgencia asalte ahora más a opositores como Miguel Pichetto que a miembros del Gobierno. Siempre fue así: sin un sector privado generosamente dispuesto, tendrán más posibilidades electorales quienes cuenten con algún Estado –nacional, provincial o municipal– detrás del que disfrazar su proselitismo. Travesuras de los oficialismos. El último proyecto de la Casa Rosada para modificar el régimen de financiación, que preveía la habilitación de aportes de empresas, la eliminación de donaciones en efectivo y la ampliación del período de campaña, entró en la Cámara de Diputados en julio y no logró en ese momento adhesiones. Pero dos hechos relevantes –el escándalo de los aportantes truchos y la publicación de los cuadernos– le devolvieron ahora el interés. En el macrismo dudan de que se llegue con los tiempos. “La actividad parlamentaria de este año va a morir con el presupuesto”, dicen.
Votos y aportes serán entonces dos bienes escasos en cuyo derredor se desarrollará la campaña 2019. Que tres años después de haber llegado a la Casa Rosada siga siendo redituable confrontar con el pasado representa para los macristas una ventaja que están dispuestos a capitalizar. “Nos están volviendo a subestimar y eso nos favorece”, afirman en el Gobierno, donde hay incluso quienes celebran algo que exaspera a Macri: los últimos acercamientos entre el kirchnerismo, los Moyano y los obispos. “Si el refugio de todos es la Iglesia, más que una misa y tirar un par de hostias no van a poder hacer”, evaluó un funcionario del área social, sector desde donde se le teme a la protesta agresiva.
La cristalización de este escenario, una dialéctica de fuerzas que en Cambiemos definen como “pasado versus futuro”, volvía probablemente innecesarias y negativas rupturas adicionales. Entre ellas, una que se había vuelto a instalar en el seno del oficialismo desde el rechazo a la despenalización del aborto: la discusión por la reforma de la ley de educación sexual. El debate no había explotado lo suficiente, pero ya generaba malos humores dentro del interbloque que conforman la Coalición Cívica, la UCR y el Pro y anticipaba, en caso de prosperar, renovadas manifestaciones callejeras. Semanas después de la votación que terminó rechazando el proyecto del aborto en el Senado, y todavía sin haber saldado las diferencias, los legisladores de Cambiemos habían acordado no volver a meterse en confrontaciones similares durante este año. “Los verdes incumplieron: dijeron que era una reunión informativa y emitieron dictamen a las apuradas”, se quejan quienes se oponían a la reforma, al recordar la reunión del 5 de septiembre en que el radical puntano José Luis Riccardo, titular de la Comisión de Educación y uno de los autores de la iniciativa, argumentó públicamente que “la gran mayoría” estaba dispuesta a despachar el proyecto. Ese día se reabrieron las heridas.
Hubo en adelante discusiones, reproches y, hace dos semanas, una reunión de todos con el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro. El debate, ya transversal a todas las cosmovisiones durante el aborto, volvió a reconfigurarse con la educación sexual: había antiabortistas dispuestos ahora a votar a favor y viceversa. El punto más controvertido era el artículo 5 de la ley sancionada en 2006, que faculta a adecuar los contenidos al ideario institucional de cada colegio y que el proyecto nuevo pretende eliminar. Alguien llevó el martes pasado el tema a la reunión de gabinete. “No es una iniciativa del Gobierno”, dispuso Macri, y al rechazo se sumó Marcos Peña, que instruyó a Finocchiaro a que hiciera la declaración que finalmente publicó anteayer: el ministro dijo que no era necesario modificar la ley sino continuar con su “implementación efectiva en todo el territorio nacional” y que eso ya se había acordado con todas las provincias el 22 de mayo pasado en la reunión del Consejo Federal. “Los contenidos deben ser brindados en todas las escuelas respetando los principios e ideario de cada una de ellas”, escribió en Facebook.
¿Asunto terminado? En realidad la sentencia de Macri no terminó de conformar a todos. Pero sería necesaria una dosis importante de indisciplina partidaria para conseguir los 129 votos que requiere el proyecto. Ya hay, por lo pronto, quienes prometen volver a presentarlo en marzo. Y los que estaban en contra tampoco tienen demasiado para celebrar: advierten que la decisión fue tomada por cuestiones políticas, no por fundamentos jurídicos o antropológicos, y que es probable que las tensiones regresen e incluso se ahonden en 2019. Dependerá del contexto y de la estrategia electoral para un año en que el adversario deberá en todo caso estar afuera, no adentro.
Cuando se está en campaña, con una grieta basta y sobra.