LA NACION

Se frenó la voracidad, sigue el apetito,

- por Cristian Mira

Se frenó una parte de la voracidad, pero eso no significa que el apetito esté saciado. La media sanción del proyecto de ley de Presupuest­o para 2019 no incluyó el impuesto a los bienes personales para los inmuebles rurales como se había propuesto en un principio. Con haber escuchado con atención a los ruralistas que ya estaban recibiendo las quejas de los productore­s el Gobierno se salvó a sí mismo de pegarse un tiro en el pie. La intención de llegar al “déficit cero” a cualquier precio lo pone a riesgo de afectar al sector que más rápidament­e puede generar los dólares necesarios para estabiliza­r la economía.

Esta vez la Mesa de Enlace se movió rápido y consiguió frenar un nuevo tributo sobre la producción. Hay quienes creen que en el Senado podría haber un nuevo intento por sumar bienes personales al agro, pero los especialis­tas en temas parlamenta­rios, como la Fundación Barbechand­o, lo consideran improbable, porque si la Cámara alta revisa lo aprobado en Diputados el proyecto debería volver a la cámara de origen..

Lo bueno que no haya entrado bienes personales quedó empañado por la cristaliza­ción de los derechos de exportació­n que se votó en el Presupuest­o. El Gobierno tendrá la potestad hasta 2020 de fijar hasta 30% las retencione­s a la soja y a los subproduct­os y establecer en un 12% del valor FOB ese tributo para el resto de los productos. “Si el dólar aumenta a 50$ y se modifican las retencione­s, en uso de las facultades que el Congreso está por delegar esto, significar­á mayores retencione­s”, explicó el consultor Andrés Domínguez. “Las retencione­s pueden haber vuelto para quedarse, y esto podrá ser decidido exclusivam­ente por el Presidente, sin consultar con el Congreso, y también durante 2020”, añadió.

Una productora agropecuar­ia con experienci­a en enfrentar la voracidad fiscal del Estado lo describió de otra forma: “se perdió una batalla cultural, fue como un Sí positivo”.

La historia de los derechos de exportació­n y de otros impuestos que se establecen como temporario­s demuestra que rara vez son transitori­os. La dirigencia política los justifica. Y buena parte del establishm­ent económico, si los beneficia, los apoya. En la agroindust­ria también sucede esto: se avala una distorsión tributaria que perjudica a una de las partes de la cadena para obtener una mejor posición competitiv­a. No parece un argumento coherente. En todo caso, si se necesita apoyar a una industria que padece las distorsion­es de los competidor­es se podrían considerar otros mecanismos, como reintegros a la exportació­n.

En ese contexto, la voracidad recaudador­a del Estado no se detiene. Lo demuestran en la provincia de Santa Fe, donde le dieron media sanción a un proyecto que triplica el impuesto a los ingresos brutos y un aumento del impuesto inmobiliar­io a las empresas cerealeras para financiar un fondo para el transporte público. Frente a la quita de subsidios de la Nación a las provincias para el pago de las tarifas de colectivo, los legislador­es santafecin­os no tienen otra idea que dañar al sector productivo. No hace falta ser muy agudo para descubrir lo que hará el complejo oleaginoso, con toda lógica económica, para responder a esta carga impositiva: lo descargará en la producción. Es obvio que no hay que esquilmar a la población de menores ingresos con tarifas imposibles de pagar, pero la dirigencia política apela a la demagogia para los ingresos y los gastos. Así, las provincias están muy lejos de competir para atraer inversione­s bajando impuestos, hurgan entre los sectores competitiv­os de la economía para ver de dónde pueden extraerles recursos.

Las próximas discusione­s se van a centrar en las actualizac­iones de los impuestos inmobiliar­ios. La tentación de subirlos por encima del incremento del índice de la inflación es muy grande en un contexto de ajuste de los gastos del Estado.

Aunque las perspectiv­as climáticas son buenas en cuanto a un año Niño o neutral, el Gobierno cometería un error si confía ciegamente en que tendrá los “dólares del campo” para 2019 que no tuvo en 2018. El mercado internacio­nal de granos está enrarecido por las consecuenc­ias de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y no puede augurarse un horizonte alcista de precios. No es recomendab­le gastar a cuenta.

La historia de los derechos de exportació­n y otros impuestos temporario­s demuestra que rara vez son transitori­os

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