Mano a mano

EL SECRETARIO DE VIVIENDA, IVÁN KERR, RESPONDE A TODO.

Cerró una semana en llamas para el sector. La ley de alquileres y las medidas anunciadas hace dos semanas por el Gobierno alteraron las agendas de empresarios, inmobiliarios y del propio Iván Kerr, el secretario de Vivienda de la Nación. El funcionario arrancó el lunes por la tarde con una mesa de diálogo con desarrolladores y brokers, charlas informales durante el resto de los días y reunión con las asociaciones que representan a los inquilinos. “Fue un expreso pedido del presidente Mauricio Macri que escuche a todas las partes y busque consenso”, arranca Kerr la charla con la nación.

P ¿El Gobierno busca regular el negocio de los alquileres?

R No. Queremos intervenir lo menos posible. De hecho, en los alquileres comerciales ni nos metemos. Sólo lo hacemos en los residenciales y hasta un tope definido dirigido a los sectores de menos recursos. El Gobierno busca una ley justa para inquilinos, propietarios e inmobiliarios.

P ¿Qué balance realiza de la reunión que tuvo con brokers y desarrolladores?

R Repasamos punto por punto las objeciones que tenían y les pregunte si tenía que haber una ley de alquileres y la mayoría coincidió en que sí. Estuvieron de acuerdo en ampliar las garantías y que no sean impuestas por el locatario al locador. Nunca estuvo en el espíritu de la ley que el propietario tenga la obligación de alquilar una propiedad con sólo un recibo de sueldo como garantía. Siempre tiene que ser con satisfacción del locador o, al menos se tienen que presentar dos propuestas de garantías. Todos coincidimos en que ampliar el espectro de garantías es positivo.

P ¿Están revisando la posibilidad de que la actualización de los alquileres sea por UVA?

R Para empezar, hay que aclarar que la ley regulará algo que en los hechos sucede, la actualización de los contratos como la habilitan todos los países del mundo. Hoy en la práctica, y en un contexto de inflación, los contratos se están ajustando cada seis meses y lo que hará la norma es generar un marco de protección legal tanto para inquilinos como para los propietarios. Respecto al índice a tomar en cuenta, por supuesto sería más fácil actualizarlo por UVA, un índice que queremos fomentar para descalzar el dólar versus pesos en un país que todavía tiene sus inestabilidades económicas. De hecho, todo lo que hemos lanzado de incentivo a la oferta va en esa línea como que se construya con financiamiento intermedio en UVA.

P Una crítica es que las medidas no son aplicables a un mercado sin compradores...

R Tenemos que pensar en políticas para adelante y no solo en la coyuntura del momento.

No queremos que pase lo que sucedió cuando el boom del crédito generó demanda y no había la suficiente oferta. Por eso empezamos a generar las condiciones para que se desarrolle la oferta para el momento en el que vuelva la financiación. Está probado que la demanda del segmento medio es ilimitada cuando se generan las condiciones y una cuota razonable. Por eso armamos el régimen de promoción para la construcción de viviendas que incorporamos en el proyecto de ley de presupuesto que le da una exención impositiva del 10 por ciento a los desarrolladores que se suma a la de Ingresos Brutos en las provincias. Este es el impuesto más regresivo dentro de la cadena de costos de los constructores.

P ¿Hubo quejas también respecto del tope para las unidades de hasta US$100.000?

R Se decidió eximir de impuestos al segmento en el que no se está construyendo. Los desarrolladores están haciendo unidades más caras y generan sus ganancias. Donde no lo están haciendo es en el segmento más bajo porque, con la misma carga impositiva, los márgenes se achican. Mi opinión personal es que, en lugar de reclamar por qué no hicimos más, celebremos que por primera vez tenemos una exención.

P En Uruguay la exención impositiva a proyectos considerando la inversión funcionó...

El sistema cumplió con la construcción de R viviendas en la ciudad vieja de Montevideo. Es decir, la ventaja impositiva estaba limitada a sectores geográficos. El problema que demostró Uruguay es que los precios de las unidades construidas sin impuestos no bajaron y ese fue el gran fracaso de la ley.

P ¿Las exenciones bajarán los precios?

R No pero si se incentivará la construcción. El objetivo es ampliar la oferta y que no solo el Estado sea el que construye para el segmento medio como sucedió en los últimos 30 años. Está probado que es insuficiente y no impacta en el déficit habitacional. Claro que también es un factor determinante la normalización de la economía para que todo negocio pueda suceder. Por eso trabajamos en generar tierra del Estado que se licitará, un boleto de compra venta escriturable, damos exenciones fiscales, buscamos que los fondos de inversión puedan invertir en vivienda y no tributen ganancias, fomentamos el crédito intermedio, habilitamos los seguros de caución que son obligatorios y exigidos por los bancos cuando les prestan a los desarrolladores, licitamos líneas de la Anses para que las entidades bancarias puedan tener mayor liquidez y puedan prestar a menor tasa. La política tiene que incentivar la oferta y subsidiar la demanda. Siempre que llovió paro, La inversión inmobiliaria es a largo plazo y el ladrillo siempre se aprecia. La clave es trabajar desde el día uno en generar todas esas condiciones para cuando volvamos a normalizar la situación. Son políticas públicas hacia adelante. •

“En lugar de reclamar por qué no hicimos más, celebremos que por primera vez hay exenciones impositivas para el sector”