La ruta del dinero K: comienza el juicio oral del caso que llevó a prisión a Lázaro Báez
El empresario será juzgado junto a sus hijos, el arrepentido Fariña y el financista Elaskar; está acusado de haber lavado US$65 millones provenientes de la corrupción
En un proceso que se inicia el martes y que amenaza prolongarse durante todo el año próximo, comenzará el juicio oral y público contra el detenido Lázaro Báez, sus hijos, el arrepentido Leonardo Fariña y otros empresarios acusados de lavar 65 millones de dólares de la corrupción kirchnerista y el fraude fiscal mediante complejas operaciones financieras. Se trata del expediente que se conoció como la ruta del dinero K.
Cristina Kirchner está imputada en esta causa, pero no estará entre los juzgados porque el juez Sebastián Casanello la indagó a instancias de la Cámara Federal y aún resta resolver si la procesará o no. El juez viene diciendo que no hay evidencias contra la expresidenta, pero la interrogó como sospechosa a instancias del tribunal superior. Es de suponer que Casanello se mantendrá en su idea y no la procesará.
En esta causa, el juez Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan, que llevaron adelante la investigación, entregaron al Estado nacional 144 máquinas viales y dos aviones, e identificaron bienes por 2735 millones de pesos, que se encuentran congelados para su decomiso definitivo en caso de una condena firme.
El juicio oral estará a cargo de los jueces Néstor Costabel y las juezas María Gabriela López Iñiguez y Adriana Pagliotti, y los testigos admitidos por el tribunal son más de 140. Los imputados son 25 y se estima que las declaraciones indagatorias se extenderán hasta fin de año, con lo que los testigos recién empezarán a declarar en febrero, después de las vacaciones de verano. El juicio se realizará una vez por semana, los miércoles, por las agendas de los jueces, que al mismo tiempo realizan otros cuatro juicios orales en otros tribunales que integran. El fiscal del juicio es Abel Córdoba y en la instrucción intervino Guillermo Marijuan.
Los acusados se exponen a una pena de hasta 10 años de prisión y una multa que puede multiplicar hasta 10 veces el monto de lo blanqueado.
Los acusados son Lázaro Báez; sus hijos Martín, Leandro, Luciana y Melina; César Gustavo Fernández; Eduardo Guillermo Castro; Jorge Norberto Cerrota; Fabián Virgilio Rossi, expareja de Ileana Calabró; el financista Federico Elaskar; Alejandro Ons Costa; el valijero Leonardo Fariña; Jorge Oscar Chueco y Daniel Rodolfo Pérez Gadín, contadores de Báez; Julio Enrique Mendoza, Claudio Fernando Bustos, ejecutivos de Báez; Eduardo César Larrea; Santiago Walter Carradori; Walter Adriano Zanzot; Christian Martín Delli Quadri; Sebastián Ariel Pérez Gadín, y Juan Ignacio Pisano Costa.
Están acusados de haber aportado al funcionamiento de una estructura que canalizó 65 millones de dólares, fondos ilícitos de Báez, para sacarlos del país y reingresarlos blanqueados mediante la adquisición de bienes y servicios. “Se ha corroborado que desde fines del año 2010 se pergeñó una ingeniería financiera para el millonario blanqueo de dinero, con Lázaro Antonio Báez a la cabeza, y que muchas de las personas que lo auxiliaban en esa tarea realizaban a su vez desmesuradas inversiones en bienes y servicios suntuosos con el dinero habido a partir de su participación en la estructura societaria y bancaria para canalizar el dinero espurio proporcionado por Lázaro Báez”, escribió Marijuan, quien dijo que ese dinero provenía de la ganancias de Báez producto de sus negocios con Cristina y Néstor Kirchner. Lo definió como “un amplio escenario de corrupción institucional” donde la Justicia dio por probada “la existencia de una asociación ilícita integrada por los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, el exministro de Planificación Federal Julio Miguel De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José Francisco López, el exdirector Nacional de Vialidad Nelson Periotti, el exsecretario de Coordinación de Obra Pública Carlos Santiago Kirchner y Lázaro Antonio Báez”. Esto se juzgará en la causa denominada de Vialidad Nacional, a partir del 26 de febrero próximo.
En 2019 Báez enfrentará dos juicios en simultáneo. Uno por integrar la asociación ilícita y otro por lavar 65 millones de dólares, fondos que obtuvo merced a pertenecer a esa organización criminal. Ambas causas explican cómo Báez se convirtió de cajero de banco en un multimillonario, que recibió el 86% de la obra pública de Santa Cruz al verse beneficiado con el direccionamiento de las licitaciones durante el kirchnerismo. A su vez, en dos causas paralelas, los Sauces y Hotesur, se investiga cómo parte de esos fondos retornaron al patrimonio de Néstor, Cristina y sus hijos.
También Báez está acusado de blanquear fondos de la evasión fiscal, mediante facturas truchas.
A la espera, en la cárcel
El empresario está preso desde el 6 de abril de 2016, cuando salió en su jet privado de Comodoro Rivadavia sin declarar el plan de vuelo, por lo que para el juez Casanello pretendía fugarse. Desde entonces espera el juicio sin quebrarse a pesar de que negoció en varias ocasiones la posibilidad de declarar como arrepentido.
La causa explotó cuando en el programa Periodismo para todos puso al aire las confesiones de Fariña y del financista Federico Elaskar. Ambos confesaron la maniobra en TV, pero después se desdijeron en la Justicia. Hasta que finalmente Fariña cambió de nuevo y confesó cómo funcionaba el mecanismo de blanqueo.
Casanello avanzó en el caso y terminó de corroborar sus sospechas cuando por televisión se exhibieron videos de miembros de la banda contando millones de dólares en efectivo, mientras tomaban whisky y fumaban habanos en la financiera SGI o La Rosadita, como se conocía a estas oficinas situadas en Puerto Madero.
La maniobra consistía en que el dinero era llevado en bolsos a SGI, que montó una operación para sacar el dinero del país con la ayuda de un entramado de sociedades en Uruguay, Belice, Panamá, España, Estados Unidos, Suiza y Liechtenstein, donde se canalizaron los fondos.
Las firmas involucradas eran unas 12, que se dedicaban a sacar la plata. Para reintroducirla al país y blanquearla la maniobra habría sido la siguiente: con el dinero en el exterior se compraron títulos de la deuda pública argentina, depositados en el Safra Sarasin. Se vendieron esos fondos en el Mercado de Valores de Rosario y los empresarios recibieron 9 cheques endosados por Jorge Chueco y depositados en las cuentas de Austral Construcciones, en la sucursal Plaza de Mayo del Banco Nación, frente a la Casa Rosada. Así, ese dinero expatriado clandestinamente se integró con el de la empresa de Báez, disimulando su origen ilícito.