El Gobierno admite que no hay margen para avanzar con una reforma previsional
Si bien se comprometió con el FMI, no tiene la fuerza en el Congreso; la comisión que debería trabajar en una nueva ley aún no se conformó
La reforma previsional que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le exigió al Gobierno aún está lejos de su presentación. La Casa Rosada ni siquiera puso en funcionamiento el Consejo de Sustentabilidad Previsional que debería trabajar sobre un nuevo régimen previsional.
Pese al pedido del organismo multilateral de crédito, en el Gobierno reconocen que no hay margen para avanzar con un cambio profundo en lo que queda del mandato del Presidente. La reforma previsional, entonces, quedará para un eventual segundo gobierno de Mauricio Macri.
Jamás se avanzó a pesar de que el entonces Ministerio de Trabajo, a cargo de Jorge Triaca, había convocado a fines de mayo al Consejo de Sustentabilidad Previsional y que la Secretaría de Seguridad Social, según la resolución 255 que se publicó en el Boletín Oficial, iba a presentar un mes después la agenda de actividades y la nómina de los 25 integrantes.
El objetivo, que nunca se desplegó, era que el consejo, en seis meses, genere por consenso un proyecto de ley que contenga un nuevo régimen previsional, universal, integral, solidario, público, sustentable y de reparto.
El argumento central para la falta de resultados fue que el cambio de gabinete generó modificaciones en las responsabilidades. Triaca, degradado a secretario de Trabajo, tuvo que ceder su injerencia en la política previsional a manos de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.
Cerca de Macri descartan de plano la posibilidad de avanzar con una norma de estas características. El solo recuerdo de los hechos de violencia que ocurrieron en diciembre último, cuando se trató la reforma previsional que implicó el cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria, hace retroceder a los más osados.
“Este año y el que viene no hay posibilidad”, reconoció ayer un integrante del gabinete nacional.
Los encargados de negociar con la oposición en el Parlamento ya avisaron a la Casa Rosada que no hay ninguna posibilidad para dar esta batalla. De hecho, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, sufrieron las consecuencias del durísimo debate por el presupuesto en la Cámara baja.
Lo mismo piensa el líder del Bloque Justicialista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, quien ayer descartó una reforma jubilatoria. “El año que viene la reforma previsional no sale ni de casualidad”, adelantó el senador nacional por Río Negro.
Lo llamativo es que el Gobierno se comprometió a evaluar el año próximo “juntamente con el personal del FMI y los actores domésticos” una reforma del sistema de jubilaciones y pensiones a la que considera “muy necesaria”.
Desde el Gobierno, igualmente, descartaron cambios en el sistema de seguridad social que provoquen polémica, al menos por ahora. Cerca del titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Emilio Basavilbaso, aseguraron que no hay planes para elevar la edad para jubilarse ni avanzarán contra los jubilados que ingresaron en la moratoria durante el gobierno de Cristina Kirchner.
El Gobierno sí tiene previsto hacer una evaluación del sistema previsional por dos variables: rezonificación (evaluación por el lugar donde vive el beneficiario) y el socioeconómico (se cruzan los gastos de tarjeta crédito y nivel de ingreso familiar). Ambas están incluidas en el proyecto de presupuesto que tiene que tratar la Cámara de Senadores y que cuenta con media sanción de Diputados.
En la carta de intención que el Gobierno suscribió con el FMI y se aprobó la última semana quedó estipulado que trabajarán para introducir mejoras en el sistema de pensiones que lo hagan “financieramente sostenible y más justo”. Además, el acuerdo establece la posibilidad de vender las acciones que están en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses para pagar la reparación histórica.
Aunque la letra del acuerdo con el Fondo establece la necesidad de generar cambios, lo cierto es que el Gobierno no tiene apuro. Incluso, cuando se sancionó la ley de blanqueo y se estableció que un Consejo de Sustentabilidad Previsional debería trabajar en una nueva normativa jubilatoria, se dio un tiempo de tres años para trabajar sin presión.
Cerca del Presidente ya tomaron conciencia de que las reformas estructurales, entre ellas la laboral y la previsional, no serán posibles de aquí al 10 de diciembre de 2019.