De juez del Lava Jato a ministro
El juez que lideró el Lava Jato, designado ministro de Justicia y Seguridad Pública, explicó que desde el gobierno podrá consolidar la lucha anticorrupción; críticas de distintos sectores
RÍO DE JANEIRO (De nuestro corresponsal).– En una controvertida decisión que ahondó las divisiones en Brasil, el juez federal Sergio Moro, símbolo de la operación Lava Jato y quien condenó a Luiz Inacio Lula da Silva, aceptó ayer convertirse en ministro de Justicia y Seguridad Pública del presidente electo, Jair Bolsonaro.
RÍO DE JANEIRO.– En una controvertida decisión que generó más divisiones políticas en la ya muy polarizada sociedad brasileña, el juez federal Sergio Moro, símbolo de la operación anticorrupción Lava Jato y quien condenó en primera instancia al popular exmandatario Luiz Inacio Lula da Silva, aceptó ayer convertirse en ministro de Justicia y Seguridad Pública del presidente electo, el ultraderechista Jair Bolsonaro.
“La perspectiva de implementar una fuerte agenda anticorrupción y anticrimen organizado, con respeto a la Constitución, la ley y los derechos, me llevó a tomar esta decisión. En la práctica, significa consolidar los avances de los últimos años contra el crimen y la corrupción y alejar riesgos de retrocesos por un bien mayor”, señaló Moro, que dijo sentirse honrado por la invitación. El juez viajó desde Curitiba hasta Río de Janeiro para dialogar con Bolsonaro en su casa de Barra de Tijuca antes del anuncio.
De 46 años, de los cuales lleva 22 en la carrera judicial, Moro saltó a la fama nacional e internacional a partir de 2014, cuando comenzaron las primeras revelaciones sobre el gigantesco esquema de sobornos de empresarios a políticos que tuvo como eje la estatal Petrobras.
Magistrado a cargo de las principales causas del escándalo, Moro puso en la cárcel a grandes ejecutivos, como Marcelo Odebrecht, y poderosos políticos, como Lula. Se convirtió en una figura idolatrada por muchos brasileños, especialmente simpatizantes de centroderecha que luego apoyarían a Bolsonaro.
La designación recibió el inmediato rechazo del Partido de los Trabajadores (PT), que siempre ha sostenido que Moro actuó por motivación política contra el partido y que buscó sacar a Lula de la contienda presidencial de este año.
La condena de Moro al expresidente el año pasado –por haber obtenido de la constructora OAS un departamento tríplex en el balneario de Guarujá a cambio de contratos con Petrobras– fue ratificada a principios de este año por una corte de apelaciones. Con una sentencia en segunda instancia, el exmandatario quedó inhabilitado para competir y debió empezar a cumplir una pena de 12 años de prisión.
Durante la campaña, Moro también hizo público parte del acuerdo de delación premiada del detenido exministro Antonio Palocci, con declaraciones que manchaban aún más la imagen de Lula y, por ende, de quien asumió la candidatura del PT, Fernando Haddad.
“¡El fraude del siglo! Moro será ministro de Justicia del gobierno de Bolsonaro, que solo consiguió elegirse porque Lula fue injustamente condenado e impedido de participar en las elecciones… por Moro. Ayudó a elegirlo; lo ayudará a gobernar”, escribió en Twitter la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann.
Las críticas se replicaron en toda la izquierda, pero también en otros sectores. El expresidente del Supremo Tribunal Federal Carlos Ayres Britto apuntó que la incorporación de Moro al gabinete de Bolsonaro compromete “la buena imagen social” del propio Poder Judicial.
“El Poder Judicial se define por disfrutar de una independencia que no puede ser colocada en jaque. Los jueces deben mantener el máximo de distancia de los otros poderes”, advirtió.
Desde que se convirtió en una celebridad, Moro había resaltado que no estaba interesado en ingresar a la arena política. “Mi elección personal es permanecer siempre como juez”, dijo a fines del año pasado. Ahora, en el entorno de Bolsonaro ya se habla de un pase luego al Supremo Tribunal Federal, cuando surja una vacante a partir de 2020, o incluso de apoyarlo si decidiera lanzarse a la presidencia.
A partir del 1º de enero, el magistrado tendrá a su cargo un “superministerio” que, además de Justicia, incluirá el comando de las fuerzas de seguridad internas –designará hasta al jefe de la policía federal–, el Ministerio de Transparencia y la Contraloría General de la Unión.
“Yo no voy a interferir en absolutamente nada que ocurra dentro de Justicia en lo que se refiere al combate de la corrupción, aun si se metiese con alguien de mi familia en el futuro”, destacó Bolsonaro. “Tendrá libertad total para trabajar por Brasil”, agregó.
Las causas que actualmente están bajo la supervisión de Moro en Curitiba pasarán a su colega Gabriela Hardt –considerada también de línea dura–, y el juez ya ni siquiera participará de las audiencias relacionadas con otros casos en los que Lula está procesado.