La “mano dura”, un debate instalado en la agenda electoral
Según encuestadores y dirigentes, el “efecto Bolsonaro” se siente en el mensaje político
Por combinación de encuestas locales, sensación térmica y el efecto del triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil, que prometió mano dura frente a la inseguridad, el gobierno de Mauricio Macri y los principales referentes de la oposición instalaron el debate sobre la necesidad de agilizar la expulsión del país de los extranjeros que cometen delitos.
El debate se destapó luego de que el Gobierno identificó a dos venezolanos, un paraguayo y un ciudadano turco en los violentos incidentes del Congreso, hace dos semanas, durante el debate del proyecto de ley del presupuesto 2019.
Altas fuentes de la Casa Rosada confiaron a la nacion que Macri pidió revisar la ley migratoria y las reciprocidades con otros países porque “la gente está muy caliente con los inmigrantes que delinquen, aun los que votan a la expresidenta Cristina Kirchner”.
“En los barrios más peligrosos la gente está podrida de la inseguridad y si el delincuente es extranjero les colma la paciencia”, agregó un funcionario del jefe del Gabinete, Marcos Peña. Es un debate de primer orden en el mundo. “Pero esto alcanza a sectores altos, medios y bajos; pocos temas generan tanto consenso general”, señalaron.
El Gobierno negocia con el jefe del bloque de senadores del PJ, Miguel Pichetto, mejoras en la ley 25.871 de migraciones para acortar los plazos de expulsiones, reducir los tiempos procesales y crear un fuero migratorio. Las causas se acumulan hoy en el fuero contencioso administrativo.
Allí fue impugnado ante la Corte Suprema el decreto 70/2017, que reducía los plazos. Con la vieja ley la deportación se define en seis o siete años, mientras que con los plazos del decreto se hace en seis meses. Sobre 587.000 inmigrantes que ingresaron en estos tres años, el Gobierno expulsó a 1300 por delitos.
Sin embargo, el Gobierno aclaró que no habrá una mirada xenófoba y que no existe el llamado “efecto Bolsonaro”, por el presidente electo en Brasil, que ganó el ballottage con un discurso de mano dura contra la inseguridad.
Según dos encuestadores, que no hicieron sondeos específicos, la mayor demanda de deportaciones por delitos se da en el conurbano, donde muchos perciben al inmigrante como un peligro porque les quita fuentes de trabajo y pasa a ser mucho peor si es un delincuente.
En el peronismo, Pichetto hizo punta con el pedido de “echar a patadas” a los extranjeros que cometen delitos. Para sus asesores, se impone en la agenda el tema de la seguridad: figura como un reclamo fuerte en las encuestas, debajo de la mejora en la economía y muy por encima del combate a la corrupción. En el PJ sospechan que Macri recién ahora tomó el caso porque se dio cuenta de que le podría dar réditos electorales.
El efecto Bolsonaro, dicen allí, no se vincula a que el presidente electo brasileño haya pedido expulsar a inmigrantes (de hecho, planteó refugio para los venezolanos). Se dará porque Bolsonaro prometió combatir el narcotráfico de las favelas con una acción implacable del Ejército y expulsará a bandas de narcos hacia países limítrofes, y la Argentina es una frontera porosa.
“Agudizar los controles será ahora una prioridad”, dijo un experto en seguridad del PJ. El gobernador de Salta y precandidato presidencial, Juan Manuel Urtubey, señaló a la nacion: “Hay que discutir todo y lo que debemos garantizar con las normas migratorias es cumplir con todo el marco de derechos y obligaciones también”.
Cerca de otro precandidato presidencial del Peronismo Federal, Sergio Massa, señalaron que en tres años de gobierno hubo “180.000 venezolanos, un acuerdo para traer 50.000 refugiados y ahora cambian solo por distraer”.
Para Sergio Berni, exsecretario de Seguridad de Cristina Kirchner, “el delincuente que delinque se va del país, porque el migrante tiene derechos y obligaciones”.