Exige una pena mayor que los 18 años que recibió el asesino de su madre y su hermana
El tribunal desestimó la figura del femicidio porque el homicida “era violento con todos”; como fue extraditado desde Brasil, adonde se fugó, no puede recibir más de 30 años de prisión
Mauricio Casas dice que la Justicia lo defraudó. Está convencido de que 18 años de cárcel para el hombre que mató a su madre y a su hermana no es castigo suficiente. “También arruinó la vida de mi sobrino de dos años, que vio todo”, se lamenta. Espera que la Casación haga lugar a su pedido de juzgar el hecho como un femicidio y que aplique una pena ejemplar. “Lo mínimo que pido es que le den 30 años”, afirmó.
El 25 de septiembre, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 9 de Lomas de Zamora condenó por unanimidad a Alberto Ángel Pérez, “el Loco Cacho”, a 18 años por el doble homicidio de Silvia y Yamila Rosso, cometido en diciembre de 2014. El fallo no dejó conforme ni al fiscal Pablo Pando, que había solicitado la pena de 30 años por “homicidio calificado por el uso de arma de fuego”, ni a la querella, representada por el abogado Juan Manuel Combi, que había pedido prisión perpetua por el agravante de “violencia de género”.
El tribunal desestimó la figura de femicidio porque consideró que Pérez era “violento con todos” y que no existía un particular ensañamiento con el género de las víctimas.
La fiscalía no pidió la pena máxima porque Brasil había concedido la extradición de Pérez con la condición de que no se lo condenara a una pena mayor a 30 años (la máxima en la legislación brasileña). Luego de los asesinatos, Pérez se escapó y vivía con identidad falsa en Curitiba.
“Es un hecho gravísimo: mató a dos mujeres frente al hijo de dos años de una de ellas. Son tres víctimas, pero el tribunal solo condenó a 18 años, seis años por cada víctima. Es un comentario burdo, pero sirve para explicar este fallo escandaloso”, le dice a la nacion el abogado Combi.
El 28 de diciembre de 2014, a las 22.30, Silvia, de 57 años, y Yamila, de 21, estaban sentadas en la puerta del PH donde vivían, en Montes de Oca al 700, Avellaneda. De pronto, Pérez, el vecino de la casa del fondo, salió con una pistola calibre 40. Silvia no tuvo tiempo ni de pararse: recibió tres disparos en el pecho y en el abdomen. Yamila, que tenía a su hijo en brazos, logró bajarlo y resguardarlo contra una pared. Después cayó con un tiro en el pecho. Cuando Pérez se fue, el nene volvió al lado de su madre y se quedó con ella hasta que un vecino lo metió en su casa.
“Las vidas de mi vieja y de mi hermana valen 12 años, nada más; ese es el tiempo que pasará hasta que el asesino esté en condiciones de salir en libertad condicional. Mi sobrino tendrá 14 años y se lo podrá cruzar en la calle”, se queja Mauricio.
Durante el juicio quedó probado que Pérez hostigaba a sus vecinas de forma constante, que les prohibía usar el pasillo en común y que en una ocasión a Yamila le tiró café caliente en la cara y a Silvia le pegó una trompada. Pero el tribunal opinó que no se había acreditado que los homicidios habían sido cometidos “mediando violencia de género”; se basó en testimonios de vecinos que afirmaron que “Pérez tenía muy mala relación con la gente del barrio, sin distinción de sexo”. Además consideró como atenuante que el acusado no tuviera antecedentes.
“Hay muchos elementos para considerar el hecho en el contexto de la violencia de género. Pérez nunca se metió con los varones de la familia y mató a dos mujeres indefensas con un arma de fuego. Nunca mostró colaboración, porque estuvo más de un año fugado, ni arrepentimiento. En el juicio casi que les echó la culpa a las víctimas de lo que les pasó”, remarcó Combi.
El antecedente de Lagostena
Este mismo tribunal condenó a Daniel Lagostena por el asesinato de su pareja, Érica Soriano. “A Lagostena –dijo Combi– el mismo tribunal lo condenó a 22 años y consideró el homicidio en el contexto de violencia de género. Suena feo decirlo así, pero en un caso donde murieron dos mujeres y había un niño presente aplicó menos pena”.
Combi elevó un recurso al Tribunal de Casación en el que sostiene la calificación de femicidio, sin perjuicio del tratado de extradición con Brasil. “Nosotros vamos por la prisión perpetua, o al menos que le den un máximo de 30 años”.
“Yo tenía una idea de la justicia –dice Mauricio– que es la que aprendí en la escuela, en la cual había tres facetas: la punitiva, la preventiva y la del resarcimiento moral a las víctimas. La pena que le dieron a Pérez no cubre ninguna de las tres. No castiga como corresponde el hecho de matar a dos mujeres delante de una criatura y no previene que este tipo no lo vuelva a hacer, porque quedó demostrado que no sabe vivir en sociedad. Después de este fallo me di cuenta de que tenía una idea muy ilusa de lo que es la justicia”.