La nueva Corte desorienta a Macri

Cuando promovió el reemplazo de Ricardo Lorenzetti por Carlos Rosenkrantz, la Casa Rosada no advirtió que estaba haciendo algo más que modificar la presidencia de la Corte Suprema. Estaba inaugurando otra dinámica en el funcionamiento de ese tribunal. El fallo que anteayer reconoció a La Pampa el derecho a no seguir aportando el 1,9% de la recaudación a solventar gastos de la AFIP fue la luz de bengala que anunció el nuevo ciclo.

Por si hiciera falta otra, ese día Mauricio Macri debió compartir la mesa con solo dos de los cinco jueces invitados a almorzar. Descifrar aquel pronunciamiento y esta reunión es indispensable para entender las reglas que dominarán la relación del Poder Ejecutivo con la cabeza del Poder Judicial.

Lorenzetti había construido, como titular de la Corte, un extraordinario poder personal, una de cuyas manifestaciones era el control de una mayoría estable, integrada por él, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda. Esa configuración era un arma de doble filo para cualquier litigante que quisiera negociar con el tribunal. Entre otros, para Macri. El eje de toda discusión pasaba, para bien o para mal, por Lorenzetti.

La salida de este magistrado y la llegada de Rosenkrantz provocó una ilusión óptica, sobre todo en el oficialismo. La presunción de que se había constituido una nueva mayoría compuesta por el nuevo jefe y los dos ministros que ayudaron a encumbrarlo: Highton y Horacio Rosatti. La sentencia a favor de La Pampa y el formato del almuerzo desnudaron el error. Rosenkrantz, Highton y Rosatti no funcionan como bloque. ¿Nació, entonces, una mayoría peronista, en la que militan Lorenzetti, Maqueda y Rosatti? Un nuevo desacierto. El cambio es otro. La Corte amenaza con ser un organismo en el que cada miembro administra su propia decisión. Había que leer bien lo que se dijo cuando Lorenzetti fue defenestrado. “Nace un tribunal menos personalista”. No era un mensaje para el que se iba, sino para el que llegaba. Rosenkrantz es el titular del tribunal, pero no el líder de una fracción. Lo más probable es que, en adelante, los acuerdos y desacuerdos no se expliquen por las afinidades políticas de los ministros, sino por la materia en discusión. Quien quiera obtener un resultado deberá persuadir a cada magistrado. Un juez, un voto. Con dos años de demora, nació la Corte que corresponde al ciclo Macri.

Para entender la nueva lógica hay que poner el foco sobre Rosatti. Este magistrado demostró en agosto de 2016, al poco tiempo de ser designado por Macri, que sería el único dueño de su voto. Frente al aumento de tarifas, fijó su propio criterio, lejano al del Gobierno. Esta independencia tenía, sin embargo, un límite político. Se lo fijaba Lorenzetti. Al gravitar sobre Highton y Maqueda, el presidente decidía el rumbo de todo el tribunal. Al apoyar a Rosenkrantz para desplazar a Lorenzetti, Rosatti emancipó a la Corte de su jefe y, así, emancipó su propio voto. Antiguo intendente de Santa Fe, constituyente del 94 bajo los auspicios de Carlos Reutemann, exprocurador del Tesoro y ministro de Justicia, Rosatti es, antes que nada, un político. Acaba de ganar un poder considerable. Se entiende su jugada.

Un análisis pormenorizado revelaría otras novedades. Una afinidad de Rosatti con Maqueda, alimentada porque ambos provienen del interior, son peronistas y se especializaron en derecho constitucional. Y la posibilidad de que los dos contengan a un Lorenzetti todavía herido.

El primero en tener evidencias del cambio de comportamiento de la Corte fue Rosenkrantz, su nuevo presidente. Cuando quiso sustituir a Héctor Marchi, alter ego de Lorenzetti en la administración del tribunal, encontró dificultades. Rosatti le hizo notar que tal vez no era el momento, sobre todo si las objeciones a su desempeño no estaban bien documentadas. Marchi proviene, como Lorenzetti y Rosatti, del peronismo de Santa Fe. Maneja una caja de $15.000 millones, que se justifica en venerables cautelas anticíclicas. En realidad, es un ahorro incomprensible si se tienen en cuenta las ruinas del sistema judicial. Pero ese es otro tema. El detalle relevante es que la estabilidad de Marchi tiene un precio, que Elisa Carrió fijó en sus denuncias contra Lorenzetti. Marchi, por ahora, sigue allí. Un guiño adverso hacia Carrió. O hacia quienes, desde la Casa Rosada, intentaron aplacarla prometiéndole la cabeza del administrador.

En su relación con la Justicia, Macri pone en juego la misma fobia que caracterizó la administración de la economía: el poder debe estar fragmentado. José Torello, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, Pablo Clusellas, Daniel Angelici, el abogado presidencial Alejandro Pérez Chada, Gustavo Arribas y, a su modo, Carrió, se atribuyen ser la voz del Presidente. Además están los responsables institucionales de ese vínculo: el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías. Esta multiplicidad tranquiliza a Macri. Y garantiza el caos.

El malhadado almuerzo de anteayer con Rosenkrantz y Highton es un ejemplo. La Casa Rosada había invitado a los cinco miembros de la Corte. Maqueda esgrimió, como decano, objeciones de estilo: “Ni con Menem hubo reuniones de este tipo”. Una rareza justificaba las inasistencias. Se había anunciado que Torello y Rodríguez Simón, que no tienen atribuciones oficiales ante la Justicia, estarían sentados a la mesa. El error después se corrigió. Pero ya había servido como excusa a los que no querían concurrir. Rosenkrantz y Highton al asistir igual, como presidente y vice, hicieron más ostensible la distancia de los otros. El fallo sobre La Pampa, casi inocuo en términos fiscales, exhibió la misma división.

Estos movimientos, inesperados para el oficialismo, motivaron ayer una reunión en el despacho de Marcos Peña. Concurrieron Garavano, Rodríguez Simón, Saravia, y una figura clave en este campo: Fernando Sánchez, principal alfil institucional de Carrió. Llegaron a dos conclusiones. En adelante habrá que establecer un diálogo con cada ministro de la Corte. Y, por eso mismo, convendría dirimir los conflictos en los tribunales inferiores y llegar hasta la cúpula menos veces y más tarde.

En este panorama general se inscribe una urgencia. El caso Blanco. Es la controversia entre el jubilado Lucio Blanco y la Anses, por el índice que debe aplicarse a la actualización de los haberes. Lo más probable es que la Corte falle a favor del demandante. Y que ofrezca una salida tácita al Gobierno para evitar una avalancha de reclamos: que a través de una ley se establezca un criterio menos costoso para la previsión social.

Para Macri es importante que la decisión del tribunal no enturbie el frente fiscal. Sobre todo, que no se produzca en el acuerdo del martes próximo, en medio de la discusión del presupuesto. La imaginación de Emilio Basavilbaso, el director de la Anses, trabaja a destajo para intervenir en el expediente con alguna iniciativa que atrase la definición.

La preocupación por el presupuesto es razonable. El bloque de senadores peronistas que lidera Miguel Pichetto cruje por la disputa electoral. Los formoseños, alineados con Cristina Kirchner, votarán en contra. Igual que los tucumanos José Alperovich y Beatriz Mirkin, que se embanderan con la expresidenta enfrentándose, en nombre de su proverbial progresismo, con Juan Manzur. Más la incógnita santiagueña: Gerardo Zamora está contrariado por la negativa de Cambiemos, estimulada por Carrió, a aprobar el pliego de Santiago Argibay como juez federal.

La bancada de Pichetto procesa su crisis en cámara lenta. Necesita estar unida hasta que se elijan, en unos diez días, los representantes del Consejo de la Magistratura. Hoy cuenta con dos consejeros. Si se fractura, perdería uno, en beneficio de Cambiemos.

Los alineamientos frente al presupuesto hacen juego con la estrategia electoral. Solo los gobernadores atados a un candidato a presidente convocarán sus elecciones junto con la nacional. Son Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Gildo Insfrán (Formosa), que adhieren a la señora de Kirchner. Y Juan Manuel Urtubey (Salta), que anoche se postuló a sí mismo en la casa de su provincia. Urtubey presentó como jefe de campaña al exgobernador de Jujuy Eduardo Fellner. Un soplo de aire fresco.

Los gobernadores que anticipan sus elecciones demuestran que, ante la falta de un aspirante presidencial competitivo, prefieren la continuidad de Macri antes que la resurrección de su antigua jefa. Con los sindicalistas ocurre algo parecido. La falta de un proyecto de alcance nacional los vuelve dialoguistas. Ayer Héctor Daer anticipó que, si se paga en dos cuotas un bono de 5000 pesos, la CGT desistirá de un paro nacional. Hasta se resignaría a que no haya una compensación para los jubilados, ya que el haber mínimo se actualizó ayer. El Gobierno festejó, pero solo por un rato. Contra lo que había prometido en conversaciones informales Daniel Funes de Rioja, de la UIA, los empresarios objetaron el acuerdo. Un inconveniente inesperado para Dante Sica. El fracaso proviene del sector con el que mejor se lleva.

Los gremialistas volvieron a ponerse al borde de la ruptura. Solo les falta corroborar algunas versiones agresivas. En los últimos días se rumorea la salida de Jorge Triaca, quien ha operado como el garante de la paz con el sector desde el comienzo del Gobierno. Macri ya disolvió el Ministerio de Trabajo. Con una recesión que hace caer la actividad industrial en un 12%, sería audaz seguir experimentando en esa área. Dificultades de lectura. Como con la Corte.