Un tablero complicado por el año electoral

Es nuestro mejor presupuesto, en el peor momento”. Así resumen cerca de la gobernadora María Eugenia Vidal el complicado escenario que enfrenta la aprobación del presupuesto 2019, y un nuevo pedido de endeudamiento, en la Legislatura bonaerense.

A diferencia de los años anteriores, el problema no se reduce a juntar manos para el pedido de endeudamiento, que requiere dos tercios de los votos (Cambiemos necesita de la oposición dos senadores y 18 diputados para alcanzarlo), sino también al proyecto de presupuesto en sí, pese a que el oficialismo tiene mayoría propia en el Senado y necesita solo tres diputados opositores en la Cámara baja.

Después de hacer correr la versión de que pediría deuda por $110.000 millones, el pedido formalizado por $68.500 millones ($77.000 millones si se cuentan todos los instrumentos) aparece menos antipático para la oposición. No así el traslado del costo de subsidios a los municipios, el tope para que aumenten las tasas locales o los límites para el uso del Fondo Educativo, que desataron el rechazo de los intendentes.

Un sector de Cambiemos reconoce que esos tres conceptos son una postura de máxima, para abrir la discusión, y que serán negociados con la oposición. otro sector entiende que la provincia no tiene margen para absorber esos subsidios, por la sencilla razón de que se desconoce si el año que viene habrá mercado para tomar deuda.

Lo que queda es la negociación política. Y ese es el problema para Vidal, porque ya corre el año electoral. En La Plata asumen que no hay margen para negociar ni siquiera alguna ausencia salvadora con Unidad Ciudadana, que tiene un bloque de 22 diputados y 11 senadores.

Una minoría reconoce que tampoco podrán hacerlo con los cuatro senadores y siete diputados del bloque que responde a los intendentes “dialoguistas” del PJ, que en los últimos meses se encolumnaron detrás de Cristina y Máximo Kirchner.

Los “vidalistas” que conducen esa negociación son más optimistas. Señalan que el presupuesto y el endeudamiento se resuelven dialogando “con Sergio y Martín”. Sergio es Massa, que tiene un bloque de doce diputados y dos senadores. Martín es Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora, que articula con Vidal el movimiento del bloque del PJ, pero puntea con Máximo Kirchner su destino electoral y sus ambiciones provinciales.

Para volver a apoyar a Vidal, Insaurralde y los intendentes deberían acordar un último “permitido” con la expresidenta. No parece sencillo, tampoco es imposible.

Plantear que eligen a “Sergio y Martín” como interlocutores es, para la tropa de Vidal, una forma de bajarle el precio al resto de los caciques y bloques peronistas de la Cámara de Diputados. Uno es el Frente Amplio Justicialista, de cuatro miembros, que desde Cambiemos (y el massismo) identifican con Massa. Una simplificación demasiado optimista, que pasa por alto la heterogeneidad del grupo.

Reconocer que los intendentes “dialoguistas” están jugados ya con Cristina encierra a Vidal en un callejón. “Estamos presos de Massa, que nos entregó una factura hace dos meses y Vidal no la quiere pagar”, resume un operador de Cambiemos. La “factura” de Massa es separar las elecciones municipales de las provinciales y nacionales.

Massa había pergeñado ese proyecto originalmente para que los intendentes del conurbano se independicen de Cristina y lo apoyen. Ese grupo ya no está interesado en rebelarse, todo lo contrario. Pero Massa necesita que sus intendentes sobrevivan a la polarización. “Él también está en un callejón y encima está despechado, porque este año rompimos la alianza y acordamos con el PJ”, reconocen en Pro.

Vidal guarda cuatro vacantes en el Bapro, tres en el Tribunal de Cuentas y hasta una en la Corte Suprema para aceitar las conversaciones. En estos primeros días de negociación, marcados por principios firmes y no rotundos, no hacen la diferencia. Si el debate se estira más allá de las Fiestas, habrá tiempo para que todos moderen sus expectativas.